El macromatadero de Zafra verterá sus aguas residuales al embalse de Villalba

En junio de 2019, la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo se personó en las instalaciones de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad donde pudo comprobar que el proyecto de Complejo Ibérico de Extremadura carecía del rigor técnico mínimamente exigible para este macroproyecto. A la vista de lo cual presentó un escrito de alegaciones solicitando que se especificara la procedencia del agua potable que iba a necesitar el complejo, así como si las infraestructuras existentes podían asegurar el tratamiento del agua residual generada.

Teniendo en consideración que el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana establece que el abastecimiento para Almendralejo se realizará desde el embalse de Villalba, y que este embalse tiene una capacidad muy limitada y está muy expuesto a las condiciones climáticas, y la previsión era que los vertidos llegaran a este embalse con lo que esto tiene de irrazonable, se propuso construir unas balsas donde pudieran almacenarse estos residuos una vez depurados en el matadero a fin de poderlos utilizar posteriormente como agua de riego.

Posteriormente, en diciembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad (DGS) formula informe de impacto ambiental del proyecto de matadero sin tomar en consideración las alegaciones presentadas por la Plataforma, por lo que la Administración incumplió el deber general -y concreto en materia medioambiental- de promover la participación real y efectiva del público (arts. 9.2 y 105 de la Constitución Española).
La Plataforma ha podido constatar que el procedimiento está repleto de irregularidades. Por ejemplo, en el informe de impacto ambiental la DGS mantiene que “no es previsible que el proyecto «Matadero y sala de despiece de porcino», vaya a producir impactos adversos significativos”; sin embargo, esto es rigurosamente falso, pues la confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) había remitido dos informes en los que afirmaba “se considera que el vertido indirecto previsto podría tener especial incidencia para el medio receptor”. Así y todo, la Dirección General de Sostenibilidad formula informe de impacto ambiental positivo, ignorando lo que decían los informes de la CHG.

Sorprendentemente no se tuvieron en cuenta las alegaciones de la CHG que afirmaban: “Sería conveniente que el matadero realizara su vertido de aguas residuales depuradas de forma independiente y directamente a dominio público hidráulico por los siguientes motivos: “… existe el riesgo de que el vertido del matadero provoque que la EDARU no pueda dar un tratamiento adecuado a las aguas residuales urbanas…”, en este caso “… la CHG podría exigir al titular del matadero que solicitara autorización de vertido directo a dominio público hidráulico y dejara de verter a la red de saneamiento de Zafra”, y concluye, “… Mientras eso se materializara, el responsable del vertido y, en su caso, el denunciado en un hipotético expediente sancionador sería el Ayuntamiento de Zafra.”. Si nos detenemos un momento en estas alegaciones, veremos lo siguiente: CHG valora los posibles daños al medioambiente y la salud; por otro lado, ofrece una posible solución al problema; y, por último, señala quiénes serían los responsables de pagar el daño, los ciudadanos de Zafra. Y los técnicos y la empresa, que hacen caso omiso a los problemas ambientales y a las posibles soluciones, quedan exentos de toda sanción.

Así, los procedimientos de evaluación ambiental, diseñados para valorar las posibles consecuencias de los proyectos, se han convertido en meros trámites administrativos carentes de cualquier rigor científico o técnico y sometidos al antojo y los intereses políticos del momento. Convirtiendo, de facto, las decisiones caprichosas de los gobernantes en la norma suprema del estado, prescindiendo totalmente del derecho.