Organizaciones ecologistas y sindicales presentan propuestas concretas para la transición ecológica frente al modelo del Gobierno
- Siete formaciones políticas, ecologistas y sindicales han elaborado un informe con medidas específicas y estimaciones del número de empleos que se podrían generar llevando a cabo la transición ecosocial que se necesita.
- El estudio ‘Empleo y transición ecosocial’ señala que mientras que en automoción y turismo los empleos disminuirán, en energía, residuos y gestión forestal podrían aumentar.
Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y los sindicatos ELA, ESK, IAC, LAB y MATS han presentado un informe conjunto en el que analizan la situación del empleo dentro del marco de la crisis ecosocial actual. En el informe plantean propuestas concretas para una transición ecológica distinta a la elaborada por el Gobierno central, que el pasado mayo aprobó la primera Ley de Cambio Climático del Estado español.
El informe ‘Empleo y transición ecosocial‘ señala que no hay que oponer la cuestión del mantenimiento del empleo al reto ecológico, aunque en varios sectores será imprescindible sustituir empleos por otros socialmente necesarios y ambientalmente sostenibles.
Por ello, la transición se articula alrededor del reparto del empleo, la reconversión y la construcción de otros satisfactores de las necesidades que no pasen por el empleo. Una reducción de la jornada laboral serviría para varios de estos fines. Asimismo, el estudio explica la necesidad de llevar a cabo soluciones ecosocialistas y democráticas frente a alternativas excluyentes que discriminan a la población con menos recursos.
En el informe las organizaciones proponen cambios concretos en los sectores de la energía, turismo, residuos, automoción y gestión forestal. Mientras que en automoción y turismo los empleos disminuirán, en energía, residuos y gestión forestal podrían aumentar.
En el sector energético las organizaciones políticas, sindicales y ecologistas señalan, como propuesta de trabajo para la valoración de los efectos sobre el empleo, cerrar las nucleares y térmicas, no aumentar la potencia eléctrica instalada, sino ir sustituyéndola por renovables como la solar térmica o la biomasa, así como reducir de manera drástica el consumo en todos los sectores, en especial en los más dependientes de combustibles fósiles. En términos de empleos, esto significaría la creación de entre 500.000 y 750.000 empleos directos, incluyendo los 100.000 generados en el desmantelamiento de las nucleares.
Un segundo eje central en el informe es el de automoción, especialmente relevante tras la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias en la venta de vehículos para el sector y el intento de cierre de fábricas como la de Nissan en Barcelona en 2020. El sector del automóvil debe disminuir de forma importante; sin embargo, se podría reconvertir parcialmente hacia la construcción de medios de transporte colectivos. Además, sería importante reducir el horario laboral con objeto de distribuir el trabajo de forma más equitativa.
Otro eje del informe se centra en la gestión de los bosques, ya que la masa forestal es una de las maneras más eficaces de retener carbono en la tierra y su mantenimiento podría generar casi 70.000 ofertas de trabajo. Eso sí, no en forma de plantaciones, sino de bosques diversos.
En cuanto a la gestión de residuos urbanos, donde el volumen de empleo generado se situaría en 42.000 puestos, la idea central es la circularidad, con especial énfasis en el compostaje de materia orgánica.
Finalmente, según el informe, el turismo debe decrecer y reconvertirse hacia un turismo de cercanía, estancias largas y en establecimientos no lujosos que son los menos impactantes.
Todas las medidas presentadas requieren inversiones que se deben extraer de los enormes porcentajes de los presupuestos públicos que ahora se dedican a infraestructuras turísticas, transporte o finanzas privadas. Asimismo, el informe termina aludiendo a que dicha inversión tendrá que acompañarse de una reforma fiscal que grave a los sectores sociales privilegiados, tanto por justicia económica como ambiental, y de un plan de nacionalización de sectores estratégicos.
Las organizaciones apuntan que estos cambios deben ir acompañados de procesos de democratización de los entornos laborales que otorguen mayor capacidad de decisión a los propios trabajadores y trabajadoras. “Esto no quiere decir que toda la actividad deba pasar a manos del Estado: algunos sectores deben ser propiedad común porque solo el conjunto de la sociedad está legitimado para decidir sobre ámbitos estratégicos como el abastecimiento de energía o la garantía de vivienda, pero otros pueden ser articulados en forma de cooperativa y de otros mecanismos de organización colectiva a pequeña escala”, concluye el informe.
Relacionado
