Garzón, tras el fallo de Abertis, denuncia que no es de recibo “que se liciten concesiones en las que el riesgo sólo sea para las arcas públicas y no para el contratista”

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, denuncia la práctica habitual de los sucesivos gobiernos -tanto los anteriores del PSOE como el actual del PP- a la hora de firmar contratos con empresas privadas que les garanticen indemnizaciones particulares a cargo de los presupuestos públicos. Garzón toma como ejemplo el caso de la reciente sentencia favorable a la concesionaria de autopistas Abertis y advierte de que “el hecho de que la crisis económica hiciera disminuir el uso de las autopistas de peaje no justifica que se liciten concesiones, ni de autopistas ni de cualquier otro servicio público, de forma que no haya riesgo para el contratista y éste sólo sea para las arcas públicas”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Estado a pagar 1.494 millones a Abertis para ‘compensarla’ por la caída del tráfico en la autopista de peaje AP-7 como consecuencia de la crisis. La justicia da así la razón a la empresa en el contencioso que mantiene desde 2015 con el Ministerio de Fomento.

Garzón lamenta que “quienes desde el PSOE o el PP firman contratos públicos no se preocupen de defender los derechos y el dinero de todos tanto como de garantizar suculentos beneficios a las empresas contratadas. Por ejemplo, en esta sentencia sobre Abertis se establece que en el convenio firmado en 2006 por el Gobierno socialista con Acesa -filial de Abertis- a través de la entonces ministra de Fomento Magdalena, es el Estado el que asume de facto los riesgos de mercado derivados de la concesión”.

“Si subía el tráfico -resume el máximo responsable de IU-, Abertis ganaba más; si caía, Abertis tenía ‘derecho incondicional de cobro’ por no cumplirse las expectativas previstas en el contrato de concesión. Así da gusto”.

A su juicio, “el fallo conocido ahora hace referencia al tramo entre Tarragona y La Jonquera pero, evidentemente, abre la puerta a más reclamaciones que es imprescindible que el Gobierno explique”.

De ahí que Félix Alonso -diputado catalán de Izquierda Unida encuadrado en la confluencia de En Comú Podem y portavoz de Fomento en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos- haya registrado ya una petición de comparecencia del titular de esta cartera, Iñigo de la Serna, para que dé todas las explicaciones pertinentes sobre los antecedentes y las consecuencias futuras de actuaciones como ésta.    

En el acuerdo firmado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ratificado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros, la compañía concesionaria se comprometía también a realizar ampliaciones y mejoras en la AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes a cambio de que el Estado asumiera el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.

Alberto Garzón insiste en que “una vez más se ve cómo si sale bien el negocio, beneficio para los accionistas y si sale mal, pagamos todos. A quienes siempre les toca la peor parte de esta factura es a las clases populares y trabajadoras, las más dañadas por las políticas de recortes iniciadas por el PSOE y acentuadas por el PP”.

Los 1.494 millones de euros tendrán que ser abonados por el Estado al finalizar la concesión en 2021. “Aunque Fomento tiene derecho a recurrir, esto tampoco nos deja muy tranquilos. No en vano, el pasado no juega a favor de la gente puesto que lo ocurrido con este asunto se une al proceso de rescate de las radiales todavía pendiente de definición concreta y sobre el que el ministro De la Serna debe dar también explicaciones”, indica Garzón.