CCOO denuncia las sanciones de Estados Unidos contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI)

Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.

«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal»… Palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Comunicado

Esta medida constituye un ataque directo e intolerable contra la independencia judicial internacional, el Estado de derecho y el principio de justicia universal.

Las sanciones impuestas por la administración estadounidense —que incluyen el bloqueo de activos y la exclusión del sistema financiero— no son un acto aislado. Forman parte de una campaña sistemática de presión y hostigamiento contra la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal creado por la comunidad internacional para juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma, pretende así imponer su voluntad por encima del derecho internacional y proteger a aliados de cualquier escrutinio judicial.

Desde CCOO rechazamos con contundencia esta injerencia. La justicia no puede estar subordinada a los intereses geopolíticos de ninguna potencia. Amenazar y sancionar a jueces y fiscales por cumplir con su mandato es una forma de intimidación que debilita el orden jurídico internacional y envía un mensaje peligroso: que la impunidad es posible cuando se cuenta con el respaldo de los poderosos.

Defendemos el principio de justicia universal y el papel irrenunciable de instituciones como la CPI. Estas instancias son fundamentales para garantizar que nadie, independientemente de su cargo o nacionalidad, quede por encima de la ley cuando se cometen atrocidades.

En un momento en el que los derechos humanos y laborales se ven amenazados en múltiples frentes, el debilitamiento de los mecanismos internacionales de justicia es especialmente grave.

Recordamos el valor de las decisiones de los tribunales internacionales en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) ha fallado a favor del derecho de huelga como elemento inherente a la libertad sindical, protegido por el Convenio 87 de la Ouganización Internacinal del Trabajo (OIT). Esta resolución, celebrada por el movimiento sindical internacional demuestra la importancia de contar con instancias judiciales independientes que refrenden y protejan los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras frente a intentos de recortarlos.

La justicia universal no es un privilegio ni una amenaza, es una conquista democrática y una garantía de dignidad para los pueblos.

CCOO exigimos a la comunidad internacional, a la Unión Europea y al gobierno de España que se opongan con claridad a estas sanciones, que reafirmen su apoyo a la CPI,a su presidenta y que defiendan la independencia de los órganos judiciales internacionales.

La impunidad no puede ser la norma.