«Cuando la Puerta del Sol se abre al racismo antivenezolano»
En Madrid, el cantante Carlos Baute amplificó el insulto racial contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Detrás del grito hay una arquitectura política de odio, financiada desde redes internacionales de la extrema derecha que llevan décadas apostando por el fracaso del país.
Es el 19 de abril de 2026 —fecha en que Venezuela conmemora la proclama que dio el primer paso hacia la independencia de la corona española— y desde la Puerta del Sol de Madrid apenas horas antes se escuchó el cántico «¡Fuera la mona!». El insulto iba dirigido contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. El cantante contratado para el show fue Carlos Baute, quien no solo no lo detuvo; lo alentó desde el escenario.
El lugar importa tanto como las palabras. Que la ofensa racial contra una jefa de Estado venezolana se pronunciara en el centro geográfico e histórico de España —la antigua metrópoli imperial— no es un detalle menor. La imagen condensa siglos de relación colonial, y la extrema derecha venezolana en el exterior la reproduce, con pasmosa fidelidad, como si el tiempo no hubiera pasado.
La Embajada de Venezuela ante el Reino de España respondió con dignidad. La embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado formuló el daño en un comunicado oficial: «Llamar mona a una mujer constituye un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos y con los estándares mínimos de convivencia democrática». La nota también pidió disculpas al pueblo de España, «que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio». Quienes organizaron el acto en Madrid deberían saber esto.
La mujer detrás del insulto
Jorge Rodríguez, guerrillero marxista y cofundador de la Liga Socialista venezolana, murió bajo tortura policial en 1976. Su hija Delcy Rodríguez llegó a la presidencia de Venezuela medio siglo después. Entre esas dos fechas cabe toda la historia que con insultos quieren ocultar.
Nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, Rodríguez es abogada especializada en Derecho Laboral, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Cursó Derecho Social en la Universidad de París-X, Nanterre, y obtuvo una maestría en Políticas Sociales en la Universidad Birkbeck de Londres. Vivió nueve años en Europa. El insulto que le lanzaron desde Madrid dibujaba a una persona primitiva o ignorante; la trayectoria biográfica dibuja a otra completamente distinta; una mujer estudiosa, inteligente y capaz.
#COMUNICADO | A la opinión pública española y a la comunidad venezolana en el Reino de España
— teleSUR TV (@teleSURtv) April 19, 2026
La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España se dirige a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad histórica y ética, a propósito de las… pic.twitter.com/MRBpT2ae1X
El Tribunal Supremo de Justicia la designó presidenta encargada el 5 de enero de 2026, dos días después del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos. Su llegada a ese cargo fue constitucional; siendo la Vicepresidenta Ejecutiva, llegó con una sedimentación de años de batallas jurídicas y diplomáticas probadas en representación del pueblo venezolano. Para la revolución bolivariana, como lo estableció el comandante Hugo Chávez y lo reafirmó Maduro, las mujeres son el alma y el cuerpo del proceso.
El insulto como política
«La mona» no es un insulto espontáneo. Responde al mismo mecanismo que en su momento convirtió a Nicolás Maduro en «Mabruto» o «maburro» por haber sido conductor de autobús. La lógica es idéntica y la élite que la produce también. Para ese imaginario social, el trabajador del volante es un ser incapaz de dirigir un país; la misma élite que gobernó Venezuela durante más de quinientos años y cuya única hazaña histórica fue servir de intermediaria entre los recursos nacionales y los dueños extranjeros.
Lo que une a Maduro-autobusero con Delcy-mona es la construcción de una categoría de exclusión que en Venezuela se conoce como «gente de bien». Esa etiqueta, que parece inocua, opera como un sistema de castas y separa a quienes se sienten con derecho natural a gobernar de quienes, según ese código, jamás deberían hacerlo. Es una construcción clasista, racista, misógina y antidemocrática que la derecha venezolana ha mantenido viva desde el siglo XIX, y que la Puerta del Sol devolvió al mundo en forma de cántico.
Cuando Carlos Baute presta su voz al cántico desde un escenario, el insulto racial deja de ser un exabrupto de la multitud manipulada y se convierte en producto. El artista opera como lavandería simbólica y el odio político llega empaquetado en emoción popular, en nostalgia, en ira y en identidad cultural.
La investigación académica sobre extremismos contemporáneos ha documentado ese mecanismo. La Teoría de la Inteligencia Afectiva, desarrollada por George E. Marcus y W. Russell Neuman, demuestra que el miedo y la ira son los combustibles más eficientes de la movilización política extrema. Los actores que los explotan —traduciendo la inseguridad en orgullo grupal y la ansiedad en hostilidad hacia el otro— operan sobre patrones cognitivos que los algoritmos de las plataformas digitales están diseñados para amplificar. El resultado es un bucle autorreferencial donde la cámara de eco confirma el prejuicio, el prejuicio alimenta la ira, y la ira reclama un nuevo espectáculo de odio.
María Corina, el laboratorio y la gira de las sanciones
Ese bucle tiene dirección política. Mientras el escenario ardía con el cántico racista, María Corina Machado pronunciaba su propio discurso en Madrid: «Hemos llegado hasta aquí y nos falta rematar». La frase funcionó en ese contexto como acelerador emocional. Isabel Díaz Ayuso acababa de imponerle la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, ante una audiencia que ya había sido calentada.
La trayectoria de Machado y su posicionamiento como figura de la oposición radical venezolana fue construido metódicamente desde la red transnacional de Atlas Network, financiada en buena medida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La Fundación Internacional para la Libertad, con José María Aznar y Mario Vargas Llosa como padrinos, la consagró en 2020. Un mes después de esa ceremonia se ejecutaba la Operación Gedeón, el fallido intento de invasión armada contra Venezuela.
Lo que el 18 de abril se presentó como un acto de venezolanos en Madrid fue el capítulo europeo de una campaña coordinada. El objetivo declarado de Machado en su gira europea es activar nuevas sanciones internacionales contra Venezuela —aunque el Premio Nobel de la Paz que recibió, cuestionado por amplios sectores académicos y diplomáticos, responde más a una estrategia de creación de conflictos que a un reconocimiento de construcción de paz—. Machado no detenta poder político real dentro de Venezuela; su influencia opera desde afuera, en los pasillos del Elíseo, el Senado italiano y los escenarios madrileños donde le imponen medallas. Es ahí donde la presión de las sanciones se gestiona, lejos del pueblo que supuestamente representa.
El médico y político británico David Owen, en su obra En el poder y en la enfermedad, describe el síndrome de Hubris como la patología que afecta a quienes han ejercido el poder y son incapaces de aceptar su pérdida. Sus síntomas más reconocibles son el exceso de autoconfianza, la convicción de infalibilidad, el desprecio y el distanciamiento progresivo de la realidad. El síndrome no requiere que el sujeto esté en el poder; basta con que haya estado cerca de él y no pueda elaborar el duelo de haberlo perdido. En el escenario de la Puerta del Sol, con una medalla recién impuesta y un cantante amplificando el insulto racial, el cuadro clínico tenía vigencia plena.
El 93% que no mencionan
Las sanciones ilegales tienen una segunda vuelta aún más perversa. Las medidas coercitivas buscaron generar escasez, empujar a la migración y, así convertirla en argumento acusatorio contra el gobierno que supuestamente la causó. Washington diseñó la estrategia; la oposición extremista la pretende repetir sin pausa, aunque sus propias bases dentro de Venezuela se hayan reducido hasta volverse estadísticamente marginales.
Los venezolanos lo saben. Según el estudio de la encuestadora Hinterlaces de marzo de 2026, el 93% de los venezolanos está a favor de que se levanten las sanciones económicas. El resultado representa un consenso nacional que trasciende las diferencias ideológicas. Solo el 4% se opone. La unanimidad casi absoluta es el dato que nadie que gritaba en la Puerta del Sol desea mencionar.
Ese consenso no es pasivo. Este mismo 19 de abril inició la Gran Peregrinación Nacional, una movilización contra las sanciones que partió simultáneamente desde los estados fronterizos Zulia, Amazonas y Táchira para confluir en Caracas el primero de mayo. La convocatoria de la presidenta encargada Delcy Rodríguez exige el cese de las medidas coercitivas unilaterales por su impacto directo en el acceso a medicamentos y servicios públicos. Mientras en Madrid se gritaba contra Venezuela, Venezuela se ponía en marcha.
Esa brecha entre lo que exige la oposición exterior y lo que reclama el pueblo venezolano explica algo que Donald Trump también tiene sobre la mesa. Machado —como Leopoldo López— perdió cualquier capacidad real de movilización e influencia dentro del país. Su poder reside ahora en los pasillos del Elíseo, el Senado italiano y los actos madrileños donde les imponen medallas.
El crecimiento que el odio no borra
Mientras el acto de Madrid se transmitía en redes sociales, la presidenta Rodríguez informaba sobre un hecho que debería contextualizar cualquier análisis serio sobre Venezuela. El país registra 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico, desde el segundo trimestre de 2021 hasta el primero de 2026. El vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, confirmó que la expansión abarca todos los sectores: petrolero, minero, manufacturero y las fuerzas productivas del sector público y privado.
Los números del sector minero son especialmente elocuentes. Las exportaciones de Ferrominera Orinoco alcanzaron su nivel más alto en veinte años, superando registros de 2006, y la producción anual de oro de 2025 fue la más importante desde 2008. Todo esto ocurrió en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, bajo las restricciones del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde 2015, y después de la agresión militar del 3 de enero.
Ese crecimiento no es un milagro ni una estadística fabricada; es el resultado de una batalla librada en múltiples frentes al mismo tiempo. Sus efectos llegan con lentitud a los estratos más vulnerables de la población, y esa lentitud genera molestia legítima que merece debate abierto sobre salarios, producción y eficiencia del Estado. Lo que no merece ningún espacio es que esa molestia sea capturada por quienes proponen como solución más sanciones —más asfixia— para la misma población que dicen defender.
Venezuela es una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad indígena, africana y europea. Esa condición no sólo define su identidad; constituye uno de los pilares éticos de su convivencia como pueblo. Cuando se le grita «mona» a la hija de un guerrillero torturado que estudió en París y Londres y hoy dirige un Estado en medio de un bloqueo ilegal, el insulto no dice nada sobre ella. Traza un retrato fiel de quién lo grita y del proyecto político que ese grito representa.
Es el síntoma del extremismo que lleva años sustituyendo la propuesta por el insulto. Un sector que perdió el país y perdió su base, pero conserva el acceso a micrófonos, fondos europeos y escenarios donde puede, impunemente, darle voz al odio. Mientras tanto, Venezuela camina.
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