Exigen medidas para proteger las personas refugiadas: «Líderes mundiales, ¡su tiempo se acaba!»

Un total de diecisiete organizaciones se han congregado hoy frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para exigir al Estado español que, como parte de la comunidad internacional, asuma y solicite en sus negociaciones con otros países el establecimiento de medidas urgentes e inmediatas para proteger y garantizar los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes en la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

Las máximas autoridades de la comunidad internacional se darán cita los próximos días 19 y 20 de septiembre en Nueva York con motivo de las reuniones de Alto Nivel (Asamblea General de las Naciones Unidas y Cumbre Obama) para, por un lado, abordar los desplazamientos a gran escala de las personas refugiadas y migrantes y, por otro, asumir nuevos compromisos en materia de refugio.

Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, CEAR, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Entreculturas, FELGTB, Fundación Abogacía Española, Fundación Cepaim, InspirAction, Jesuitas Social, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Red Acoge, San Carlos Borromeo, Save the Children y Servicio Jesuita a Migrantes han denunciado hoy la pasividad de los líderes mundiales, algunos de los cuales han sido representados con caretas y traje, reunidos en torno a una mesa, y ante la presencia de un reloj y una pancarta con el lema ‘Líderes mundiales, su tiempo se acaba’. En este sentido, las organizaciones se han dirigido por carta al Gobierno español y al rey, que será quien finalmente represente a España ante Naciones Unidas. En ella, las organizaciones firmantes les piden que España se comprometa pública y proactivamente con la futura adopción de un acuerdo que garantice la responsabilidad compartida entre los Estados sobre las personas refugiadas y migrantes y les presentan una serie de medidas que es urgente poner en marcha.

Las organizaciones consideran que posponer a 2018 la aprobación de un pacto global sobre personas refugiadas -como finalmente acordaron los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 3 de agosto- es un enorme error que pone en juego la vida de miles de personas en todo el mundo y evidencia la incapacidad de la comunidad internacional y su falta de implicación política a la hora de resolver y prevenir situaciones de emergencia humanitaria y de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La responsabilidad del Gobierno español

Según ACNUR, más de 65 millones de personas en todo el mundo se encuentran desplazadas de sus lugares de origen debido a conflictos, persecución y violaciones de derechos humanos en sus países de origen. La ausencia de rutas legales y seguras está provocando un trágico incremento de muertes y desapariciones: según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año, más 4.320 personas perdieron la vida o desaparecieron durante el trayecto. De esa cifra, 3.207 murieron ahogadas en el Mediterráneo. Una tragedia que se podría haber evitado si la comunidad internacional y sus Estados hubieran adoptado las medidas necesarias.

En este sentido, el Gobierno español continúa incumpliendo sus acuerdos internacionales. Hasta la fecha, sólo han sido trasladadas a España 480 personas, cifra que todavía queda muy lejos de las 17.337 personas refugiadas que se comprometió a reubicar, desde Grecia e Italia, y a reasentar, desde países que no son miembros de la UE, hasta el año 2017.

Las organizaciones también denuncian los muros -visibles e invisibles (impedimentos legales, vallas, externalización de fronteras, violaciones de derechos humanos y discursos xenófobos)- con los que cada vez más a menudo se encuentran las personas refugiadas y migrantes en los países de acogida y que les impiden acceder a protección y a unas condiciones dignas de vida. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres solas y/o con personas a su cargo, las niñas y niños -especialmente los no acompañados-, las personas perseguidas por su orientación sexual y/o identidad de género, las víctimas de tortura o trauma y las personas enfermas o con algún tipo de diversidad funcional están quedando en una situación de total desprotección y abandono.

En la carta que las organizaciones han dirigido a las autoridades españolas, se les pide que, en sus negociaciones con otros Estados estos días en Nueva York, se comprometan públicamente a presentar como prioritarias las siguientes medidas:

1. Políticas y mecanismos que garanticen la plena protección de las personas refugiadas, internamente desplazadas y migrantes frente a todo tipo de abuso, violencia y explotación. La protección debe cubrir necesidades básicas como educación, sanidad y vivienda, sin discriminación alguna y sin temor a ser objeto de detención, reclusión o expulsión. Además, se deben adoptar medidas específicas para proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
2. Adopción de forma inmediata de todas las medidas necesarias para garantizar vías legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. Salvar vidas debe ser una prioridad frente a las políticas de control migratorio. Además, es necesario garantizar y agilizar programas generosos de reasentamiento, admisión humanitaria y reagrupación familiar flexible, entre otros.
3. Reparto equitativo de la responsabilidad de los Estados para apoyar y acoger a las personas refugiadas. Al menos el 10% de la población refugiada mundial debe ser reasentada en países seguros (actualmente el 86% de las personas refugiadas se encuentran acogidas en países en vías de desarrollo, como Líbano, Turquía, Pakistán, Jordania o Kenia).
4. Los Estados deben abstenerse de firmar, o revocar en el caso de que ya estén firmados, acuerdos con terceros países no seguros. Los acuerdos deben contener cláusulas que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Además, por otro lado, debe garantizarse el apoyo al desarrollo en los países de origen y la asistencia humanitaria desde un enfoque de coherencia de política para el desarrollo que impregne toda la acción exterior. En este sentido, es urgente que España destine un mínimo de 150 millones para ayuda humanitaria en el próximo presupuesto. Deben fomentarse los procesos de paz que acaben con los conflictos y aseguren una estabilidad duradera.
5. Financiación plena y apoyo económico suficiente para garantizar la protección e integración de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en los países de acogida. Es fundamental desarrollar políticas de integración dotadas de la financiación suficiente que incluyan planes de sensibilización para luchar contra el creciente ascenso del racismo y la xenofobia contra estas personas.