Compromís presenta 63 enmiendas contra la “supuesta” simplificación del Consell del PP que esconde en realidad recortes en derechos y controles

El grupo parlamentario Compromís ha registrado hoy 63 enmiendas al Proyecto de ley de simplificación administrativa impulsado por el Consell. Unas enmiendas con las que se pone de relieve que la supuesta simplificación no puede servir de excusa para recortar derechos sociales y debilitar los controles democráticos, abriendo la puerta a mayor opacidad y especulación.

Desde Compromís se denuncia que el Consell del PP, con el apoyo de Vox, vende como lucha contra la hiperregulación es, en realidad, un desmantelamiento de garantías esenciales.

Las enmiendas de Compromís se encaminan a situar los derechos sociales como obligación institucional. Por ejemplo, vinculan presupuestariamente las prestaciones de Asistencia Personal para que sean derechos exigibles, no favores condicionados a la voluntad política de cada año. Y conectan la política social con la fiscal ya que una valoración injusta o un sistema de deducciones desfasado empobrece directamente a familias con personas con discapacidad.

Las enmiendas ajustan también el sistema fiscal (el IRPF autonómico) con nuevas deducciones y revalorización de cuantías para familias con hijos con discapacitado/diversidad funcional, incluyendo una deducción recurrente por discapacidad severa y definiendo “permanencia” para evitar interpretaciones restrictivas.

En cuanto a las enmiendas relacionadas con el control y transparencia de la administración las enmiendas refuerzan a la Abogacía General y al Consell Jurídic Consultiu como filtros obligatorios para leyes, reglamentos, convenios, contratación, sanciones y subvenciones. También blindan la participación ciudadana en la elaboración de normas, impidiendo que la consulta previa y la audiencia se conviertan en papel mojado. Y rechazan el uso desregulado de la IA en la intervención y el control interno, para evitar “algoritmos de caja negra” en decisiones sobre dinero público.

La lucha contra la corrupción es otro de los objetivos de las enmiendas de Compromís, reintroduciendo los contenidos esenciales de las bases de subvenciones: criterios, cuantías, métodos de control, compromisos como el de no deslocalización empresarial. Limitando que bases y convocatoria se puedan aprobar a la vez solo a casos justificados, evitando la opacidad y prácticas discrecionales. Y reforzando la obligación de supervisión técnica de obras antes de pagar subvenciones y clarificando el régimen de reintegros para evitar que errores formales dejen impunes cobros indebidos.

Estas enmiendas también reconstruyen la regulación de los proyectos de interés autonómico y de inversión estratégica para que sean realmente excepcionales, sostenibles e integrados en la Estrategia Territorial y la infraestructura verde. Y cierran la puerta a macrooperaciones especulativas: limitan los usos principales (terciario, industrial, logístico), excluyen el residencial especulativo y reclaman participación pública en plusvalías.

Según explica la portavoz adjunta Aitana Mas, “el hilo de las enmiendas busca reforzar instituciones propias (Abogacía, Consell Jurídic Consultiu, Inspección, Consell de Formació, Consell Valencià del Turisme, Autoridad de Transporte) como escudos de la ciudadanía, no como ornamentos. E implantar un modelo propio de bienestar y territorio. Queremos que la dependencia, la fiscalidad social, los proyectos económicos y el turismo se regulen desde una mirada valenciana, arraigada, con criterios propios y no solo con el discurso abstracto de la unidad de mercado”.

 “El Consell del PP vende esta modificación legislativa como una lucha contra la hiperregulación, pero cuando miras el detalle, lo que debilitan son informes jurídicos, audiencias públicas, códigos éticos, garantías en dependencia, controles de subvenciones y límites a la especulación urbanística. Dicen que quieren menos papeleo; el problema es que lo que recortan no son papeles, son derechos”, ha concluido la parlamentaria.