La Plataforma Ecologista Madrileña acude al Defensor del Pueblo ante el «cerrojazo informativo» impuesto por la Consejería de Medio Ambiente sobre datos de incendios forestales

La Plataforma Ecologista Madrileña ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid por una «opacidad injustificada» que se prolonga desde hace más de un año. El colectivo alerta de que la administración regional está sometiendo a sus miembros a un «laberinto burocrático» que solo puede explicarse por la intención de no facilitar datos desagregados de los dos últimos años, sobre la motivación de las personas incendiarias y los municipios donde se originan los fuegos. Se trata de una información que hasta 2024 se entregaba con total normalidad.

La controversia se remonta a junio de 2025, cuando la Plataforma Ecologista Madrileña solicitó por primera vez a la Dirección General de Emergencias, a través de la jefatura del Cuerpo de Bomberos, los datos estadísticos completos de la anualidad 2024. Aunque la administración entregó los números globales de siniestros y superficies quemadas, eludió responder a dos preguntas clave: las motivaciones de los incendios intencionados y el número de incendios por municipio de origen según su causa. En aquella ocasión, la Dirección General se limitó a remitir a los solicitantes al Cuerpo de Agentes Forestales, un organismo que, paradójicamente, depende de su misma estructura jerárquica y no tiene la competencia sobre las estadísticas de incendios forestales que corresponde al Cuerpo de Bomberos.

Ante la falta de una respuesta sustancial, en marzo de 2026 la Plataforma repitió la petición, esta vez referida al año 2025. La contestación, recibida el pasado mes de marzo, fue idéntica: nueva derivación a los Agentes Forestales sin aportar los datos solicitados. En esta ocasión, el colectivo se dirigió a la Jefatura de dicho Cuerpo, en junio de 2026, pero la respuesta recibida resultó aún más desconcertante. La Jefatura del Servicio de Actuaciones Normativas de la Dirección General de Emergencias aseguró que el órgano competente no era la Comunidad de Madrid, sino el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF).

Sin embargo, al acudir al buscador oficial del Ministerio, la organización comprobó que los datos disponibles están actualizados únicamente hasta el año 2023. Es decir, la Comunidad de Madrid, como órgano generador de la información de 2024 y 2025, derivaba a los solicitantes a una base de datos estatal donde esa información ni siquiera existe todavía. La Plataforma denuncia que la administración regional está incumpliendo la Ley de Acceso a la información en materia ambiental y la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El colofón a esta situación llegó durante la reunión plenaria del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado 10 de julio. La vocal ecologista expuso públicamente el caso ante el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el secretario general técnico, quienes se comprometieron a interesarse personalmente por el asunto. Sin embargo, transcurrido más de un mes, no han recibido ninguna información ni explicación. La entidad subraya que la información reclamada, relativa a las motivaciones de los incendios y su distribución municipal, es esencial para diseñar estrategias de prevención efectivas y para determinar si existe un patrón en los fuegos intencionados que sirva para facilitar actuar sobre las causas, antes de que se iniciación los incendios. El colectivo ecologista, defiende, desde hace años, que la piedra angular en la lucha contra los incendios es actuar sobre las causas que los provocan para reducir al máximo posible el inicio del fuego.

La Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura,  exige a la Consejería que cumpla con la legalidad y facilite de manera inmediata los datos correspondientes a 2024 y 2025, tal y como se hacía antes de 2024, y advierte de que derivar a la ciudadanía a portales sin información actualizada constituye una vulneración del derecho de acceso a la información ambiental reconocido en la Ley 27/2006. Con la queja ante el Defensor del Pueblo, el colectivo espera poner fin a lo que considera una estrategia de «desgaste y ocultación» que impide a la sociedad civil conocer el verdadero origen de los incendios que amenazan los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, a las personas y bienes.

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