El SIP denuncia que la Junta de Extremadura ha “privatizado” la elaboración de su I Plan de Igualdad

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) critica que la Administración autonómica haya destinado 164.900 euros a una empresa privada para elaborar un documento que, a su juicio, podría haber sido desarrollado con medios y personal propios de la Junta.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha denunciado la decisión de la Junta de Extremadura de recurrir a una empresa privada para la elaboración de su I Plan de Igualdad de la Administración autonómica, presentado el pasado 1 de julio con 89 medidas y una vigencia de cuatro años. El sindicato considera que esta contratación evidencia una política de privatización de servicios y recursos públicos por parte del Ejecutivo de María Guardiola.

El plan, que afecta a unas 63.000 personas empleadas públicas, fue aprobado en la Mesa General de Negociación con el respaldo de CCOO, UGT y CSIF. Entre sus objetivos figuran avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar la conciliación y corresponsabilidad, impulsar la promoción profesional femenina, prevenir el acoso sexual y por razón de sexo y reforzar la protección de las empleadas víctimas de violencia de género.

Sin embargo, desde el SIP ponen el foco en la empresa Concilia2, cuyo logotipo aparece en el propio documento del Plan. Según denuncia la organización sindical, la compañía habría recibido 164.900 euros por la elaboración del proyecto. El sindicato cuestiona que la Administración autonómica no dispusiera de personal técnico con capacidad suficiente para asumir directamente estos trabajos.

El SIP considera especialmente significativo que esa cantidad, tomando como referencia las tablas retributivas de la Junta, equivaldría aproximadamente a cuatro años y medio de salario de un titulado superior del grupo A. Para la organización sindical, la cuestión no es únicamente económica, sino que refleja una determinada concepción sobre la gestión de los recursos públicos.

“¿De verdad que la Administración Regional no tiene ningún técnico de esa categoría que podría redactar y organizar el plan?”, plantea el sindicato, que reclama explicaciones sobre los motivos que han llevado al Ejecutivo autonómico a externalizar estos trabajos.

La organización también señala que Concilia2 recibió otro contrato de la Junta ese mismo año, por importe de 53.900 euros, relacionado con el fomento de las vocaciones tecnológicas entre niñas. A partir de esta circunstancia, el SIP cuestiona además la contratación acumulada de la compañía por distintas administraciones públicas y reclama mayor transparencia sobre el destino de los fondos.

El sindicato recuerda que el I Plan de Igualdad llega después de una larga espera, ya que la propia Junta reconoce que la Ley de Igualdad extremeña de 2011 establecía la necesidad de contar con una herramienta de estas características. La Administración autonómica sostiene que el nuevo plan supone un avance histórico y que incorpora medidas concretas para combatir las desigualdades existentes.

Para el SIP, sin embargo, la igualdad no debería convertirse en un nuevo ámbito de externalización de servicios públicos. El sindicato reclama que la Junta explique el coste y las condiciones de la contratación y cuestiona que se recurra a empresas privadas para desarrollar funciones que, a su juicio, podrían realizarse directamente con medios propios de la Administración.

El sindicato concluye su denuncia advirtiendo de que la gestión pública de las políticas de igualdad debe ir acompañada de transparencia, control y aprovechamiento de los recursos humanos propios, y sitúa la contratación del Plan dentro de lo que considera una estrategia más amplia de privatización impulsada por el actual Gobierno extremeño