Unidos Podemos registra una iniciativa en el Congreso para que el Tribunal de Cuentas audite cómo el Gobierno y las Autonomías gestionan el dinero destinado a dependencia

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos ha registrado una iniciativa para que el Congreso de los Diputados se dirija al Tribunal de Cuentas para que, a través de la Comisión Mixta para las relaciones con este órgano fiscalizador “recabe la realización de una auditoría de seguimiento específica sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y que ésta actuación sea incluida en el programa de 2017”.

La iniciativa lleva las firmas del portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, así como la de lo/as diputado/as pertenecientes a la citada comisión mixta Eva García Sempere y Segundo González García.

El texto en el que se exige la elaboración de esta auditoría sobre el gasto público que realmente se realiza desde las distintas administraciones para atender a las personas amparadas por la denominada Ley de Dependencia especifica que la misma “deberá, en particular, analizar las medidas de gestión y control adoptadas por las administraciones públicas para la aplicación de dicha ley en la concesión de ayudas a las personas dependientes”.

Unidos Podemos lleva a cabo esta iniciativa tras conocer que una mayoría del Tribunal de Cuentas decidió no fiscalizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia, al menos en 2017 y 2018. Después de que este órgano haya publicado su programa de fiscalización para analizar a qué dedican su dinero diferentes administraciones o cómo lo hacen en partidas concretas, se ha podido comprobar que se ha dejado fuera de ello el dinero que destinan tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas a la Dependencia.

García Sempere, como diputada portavoz de Izquierda Unida en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, valora que “resulta escandaloso que ni la ciudadanía en general ni las formaciones políticas podamos tener información de primera mano de la manera en que se gastan importantes cantidades de dinero público destinado a un sector tan vulnerable como el de las personas dependientes porque así lo han decidido los/as consejeros/as del Tribunal de Cuentas propuestos por el PP”.

Para esta parlamentaria, “las reiteradas chapuzas y flagrantes incumplimientos en la ejecución de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno central y un número significativo de comunidades recibe así el amparo indirecto del Tribunal de Cuentas, al impedir conocer con exactitud cómo se gestiona y controla el dinero destinado a los/as dependientes”.

Eva García Sempere explica que “con la iniciativa puesta en marcha, que esperamos se apruebe con el respaldo del resto de grupos de la oposición por la importancia del tema, queremos que no haya ninguna zona de sombra desde ningún organismo para poder cumplir así con la labor de control de la gestión de las cuentas públicas que tenemos encomendada por la ciudadanía”.

Esta iniciativa se lleva a cabo después de que el pasado miércoles Unidos Podemos exigiera también por vía parlamentaria que el Tribunal de Cuentas fiscalice el 0,7% de la casilla del IRPF destinada a la Iglesia Católica. Este grupo parlamentario procedió así después de que el Pleno de este órgano fiscalizador celebrado en diciembre rechazara ejercer este control del dinero cuyo destino final decide la jerarquía de esta confesión religiosa. Esto pudo ser así gracias a la mayoría con que cuentan los consejeros nombrados a propuesta del PP, especialmente interesados en que el Tribunal de Cuentas no ejerza ningún control sobre estos fondos públicos, que alcanzan una media anual cercana a los 250 millones de euros.