Convocadas concentraciones en apoyo a la periodista de Huelva condenada a cárcel por informar de un sumario

El 15 de septiembre, viernes, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, han sido convocadas concentraciones en ciudades de toda España en apoyo a una periodista del diario Huelva Información que fue condenada en junio por la Audiencia Provincial onubense a dos años de cárcel, por informar sobre un sumario referido al asesinato de una profesora.

Estas concentraciones han sido convocadas por la Asociación de la Prensa de Huelva, bajo el lema #SinPerodismoNoHayDemocracia. En Madrid tendrá lugar frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (calle General Castaños, 1) y en el resto de capitales frente a las respectivas audiencias provinciales, a las 11:00 horas. Piden que se acuda a ellas con esparadrapo o similar tapando la boca, para visibilizar el intento de censura previa que esta sentencia supone contra los y las periodistas.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y los demás sindicatos que la integran apoyan esta convocatoria. Tras conocerse la sentencia, la FeSP expresó su solidaridad con esa periodista y afirmó que el TSJ andaluz debe revocar la sentencia condenatoria.

Las convocantes han indicado en un comunicado que esta sentencia es «una amenaza real contra la libertad de prensa en este país y abre un peligroso precedente, al atribuirse los jueces la potestad de decidir aquello que es noticiable y que, en esencia, supone imponer la autocensura para evitar el escarnio judicial”.

Esta ha sido la primera condena impuesta por un tribunal por la vía penal a una periodista, por informar sobre un sumario referido a un caso que tuvo mucha trascendencia pública. Los magistrados consideran que la información difundida carecía de interés informativo y que su autora vulneró la intimidad de la víctima. Además de los dos años de prisión, la han inhabilitado para ejercer el periodismo, una pena imposible de cumplir porque en España la profesión periodística no está regulada en una ley y, por ello, no existe un carné oficial que sea exigido para trabajar.

Los magistrados condenaron a la periodista por un delito de revelación de secretos a dos años de prisión, multa de 3.200 euros, una indemnización de 30.000 euros a los padres de la víctima e inhabiitación para ejercer el periodismo Ese delito, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, lo puede cometer el funcionario encargado custodiar un sumario pero no el periodista que accede a él por sus fuentes de manera legítima y lo publica porque es una información relevante. En esos casos, el TC ha dicho en numerosas sentencias que prima el derecho a la libertad de información del periodista.

La sentencia sorprendió y causó preocupación en medios periodísticos, porque los magistrados no sólo analizan en ella los hechos y exponen los razonamientos jurídicos para dictar la condena, sino que se ponen en el papel de la periodista y dicen que algunas de las informaciones que publicó sobre ese caso, que tuvo mucha trascendencia en los medios, no eran de interés para la opinión pública.