El apagón disparó el gasto en gas un 39% y costó hasta 1.500 millones a los consumidores

A más gas consumido, más emisiones, más dependencia del fracking de Estados Unidos y hasta 1.500 millones de euros en sobrecostes tras el apagón del 28 de abril. El ‘Anuario crítico del gas fósil en el Estado español’, que publica la red Gas No Es Solución, retrata un sistema energético que en lugar de reducir su dependencia fósil la ha profundizado, cambiando a Rusia por EE UU sin cuestionar el modelo.

Uno de los principales hallazgos es el aumento de emisiones del sistema eléctrico tras el llamado «mercado reforzado» u Operación Reforzada, activada después del apagón del 28 de abril de 2025. Esta medida incrementó el uso de ciclos combinados, provocando un aumento del 39% en la generación de electricidad con gas frente al año anterior y unos sobrecostes para los consumidores estimados entre 422 y 1.500 millones de euros. Por ello, la red considera que el gas se debe eliminar gradualmente del sistema eléctrico cuanto antes.

Al mismo tiempo, crece la dependencia del gas importado de Estados Unidos, que se convierte en el segundo mayor proveedor del Estado español, detrás de Argelia. El informe advierte que este giro no responde a una estrategia de transición, sino a una sustitución de dependencias que refuerza un modelo fósil impulsado por intereses geopolíticos y corporativos. El 100% del gas importado desde EE UU en 2025 procedió de terminales en el Golfo de México vinculadas a gas de fracking, una técnica que causa graves impactos ambientales y sociales sobre comunidades locales y que está prohibida en el territorio español. Empresas como Naturgy, Endesa, Repsol o bancos como Santander, BBVA y La Caixa son señaladas en el informe como cómplices de este modelo.

El informe también alerta de los riesgos en la transposición del Reglamento Europeo del Metano (EUMR). Las fugas asociadas a proveedores como EE UU y Argelia aumentaron entre 2024 y 2025, reforzando la urgencia de aplicar plenamente la regulación y garantizar trazabilidad en las importaciones a través de un registro público. Dicho registro debe documentar el origen de cada cargamento, la intensidad de metano de cada proveedor, la certificación utilizada y las auditorías independientes realizadas.

Como caso emblemático de mala planificación, el informe señala la regasificadora de El Musel (en Xixón), presentada como infraestructura estratégica para la seguridad europea, pero que ha operado mayoritariamente inyectando gas en la red estatal y no como ‘hub’ logístico internacional. Más del 80% del gas descargado ha terminado en el mercado interno. Además, 35 de los 36 metaneros recibidos procedían de Estados Unidos. La planta, cuyo coste podría alcanzar los 670 millones de euros para los consumidores, ejemplifica el sobredimensionamiento del sistema gasista: en el primer semestre de 2025, cinco de las siete regasificadoras operaron con niveles de utilización inferiores al 35%.

El análisis también examina el papel de nuevas infraestructuras y falsas soluciones promovidas como salida al gas fósil, incluyendo en algunos casos el biogás y el biometano. El informe advierte que, sin criterios estrictos, estas alternativas pueden convertirse en mecanismos de lavado verde que prolonguen la vida útil de la red gasista en lugar de contribuir a una desgasificación real. Una de las vías para que esto no ocurra sería que el Sello de Excelencia de Biometano planteado por el Gobierno en el RDL 7/2026 cuente con valor regulatorio, que sea requisito obligatorio para acceder a financiación pública, que excluya macrogranjas, cultivos energéticos e intermedios como fuentes orgánicas, restrinja el uso del biometano a sectores difíciles de electrificar, asegure auditorías independientes ajenas al sector gasista y diferencie el biometano importado del producido a nivel estatal.

Ante este escenario, las organizaciones pertenecientes a la red Gas No Es Solución reclaman prohibir las importaciones de gas de fracking, frenar nuevas inversiones en infraestructuras gasistas, blindar la regulación del metano y acelerar una hoja de ruta para eliminar progresivamente el gas fósil en 2035.