La empresa madrileña, GMV, amonestada por su actividad en la ocupación israelí 

La empresa GMV, una empresa especializada en geolocalización, fue subcontratada por el consorcio de la empresa española CAF y la israelí Shapir, para la gestión y localización de los 160 trenes en las 76 estaciones de las líneas Roja y Verde que han sido planificadas por las autoridades de ocupación israelíes, entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas.

Normalizar la ocupación y facilitar la colonización, con el apoyo a infraestructuras que primero se implantan con expropiaciones y expulsiones de palestinos y, después ayudan a la colonización y traslado de población de la potencia ocupante a territorio ocupado, está prohibida por la IV Convención de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016).

Las recomendaciones que el Punto Nacional de Contacto, organismo dependiente del ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirige la ministra Reyes Maroto, ha hecho públicas[1] unas recomendaciones dada la mala praxis, pidiendo una mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de GMV; que revise su política de divulgación de información, y que sea exacta (frente a divulgar que su actividad sólo se hace en territorio israelí y no en Territorio Ocupado)[2]; finalmente, que encargue a un tercero independiente la elaboración de un informe que examine el impacto social que dicho proyecto pueda tener en los territorios ocupados.

CAF y Shapir fueron denunciadas por su implicación en la colonización israelí por parte del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a los Puntos Nacionales de Contacto dependientes de las diferentes administraciones española e israelí dado que ambos países son socios de la OCDE y están teóricamente obligadas a velar por el comportamiento de sus multinacionales. Las autoridades israelíes rechazaron la toma en consideración diciendo que la implantación de las colonias forma parte de la ‘legalidad’ israelí. EL PNC de España sí que estableció que CAF estaba incumpliendo las Líneas Directrices de las Multinacionales de la OCDE[3] y el gobierno rechazó que CAF recibiera cualquier tipo de ayuda o subvención para ese proyecto. Pero, no está utilizando ninguna medida restrictiva en la ley de contratos públicos, etc., con las empresas españolas que vulneran el derecho internacional y se lucran con la ocupación.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Díaz Ayuso, ha declarado que su viaje a Israel es para “intensificar relaciones con Israel”, obviando la colonización israelí y la complicidad de las empresas madrileñas en esos crímenes de lesa humanidad. Las empresas madrileñas conocidas que se lucran por su participación en la colonización israelís son, CAF Signalling, Edreams, GMV, INECO, OSSA y TYPSA.

La falta de sanciones y la complicidad con las empresas que participan en la ocupación, colonización y apartheid israelí revela que el discurso gubernamental o de determinados partidos de querer la paz y dos Estados es vacua. Frente a la supremacista Sudáfrica hubo sanciones y diversas administraciones, incluyendo las locales, hicieron gestos para apoyar una paz justa y una vida digna en esos momentos del régimen de apartheid.