Una nueva privatización de la Comunidad de Madrid priva a la región de la red de albergues juveniles públicos

La red de albergues juveniles de la Comunidad de Madrid será privatizada a partir del 1 de enero de 2027. La infraestructura viene formando parte de un patrimonio público adquirido y rehabilitado a lo largo de los últimos 50 años, en ella se ha invertido una ingente cantidad de recursos personales y económicos, siendo la inversión más reciente la que tuvo lugar en 2020, con un gasto valorado en un millón de euros solo para el albergue de El Escorial, siendo esta una de las instalaciones que junto a los albergues Los Batanes (Rascafría), Las Dehesas y Villa Castora (Cercedilla) van a ser privatizadas.

Los albergues juveniles no solo han sido un mero hospedaje de fin de semana, sino que han supuesto un pilar fundamental para desarrollar actividades educativas en el medio natural mediante la realización de campamentos, actividades formativas para  mediadores y mediadoras juveniles, punto de encuentro de asociaciones juveniles o lugares de referencia para numerosas entidades públicas que contaban con las instalaciones para muchos de sus programas.

Uno de los efectos de la privatización de los albergues, de la que es responsable la Dirección General de Juventud, se extiende precisamente a un programa de referencia durante los últimos 38 años, se trata del Programa de Educación Ambiental en Albergues y Refugios de la Comunidad de Madrid, gestionado por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que acaba de revocar la contratación de las actividades que se venían llevando a cabo amparándose en la falta de información sobre las tarifas de los albergues, que hasta ahora se regían por precios públicos y que quedan indeterminadas al pasar la concesión a empresas que serán las que percibirán directamente la recaudación obtenida.

El programa consistente en estancias de 3 y 4 días en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, venía facilitando la participación de alumnado de todos los estratos sociales y con atención a la diversidad, que de otro modo no podría acceder a experiencias de este tipo, por lo que a su valor educativo hay que añadir su utilidad como valiosa herramienta para la integración y la cohesión social en nuestra región.

Más de 3000 alumnos y alumnas, hasta un total de 100.000 a lo largo de su historia, desde primeros cursos de educación primaria hasta FP, se han beneficiado de una iniciativa gracias a la cual también se han formado más de 250 profesores y profesoras al año. Pero, además, son incontables los grupos infantiles y juveniles que han disfrutado de las actividades de fin de semana y vacacionales llevadas a cabo en la red de albergues que venía siendo utilizada por la propia Dirección General de Juventud y otros organismos públicos, quedando el servicio en el aire tras la decisión tomada.

Ecologistas en Acción denuncia la cesión del patrimonio público, acumulado durante años con el esfuerzo de la ciudadanía, y exige a la Comunidad de Madrid que revierta la decisión, que afecta además a más de 200 trabajadoras y trabajadores, manteniendo este valioso recurso y los programas que gracias a él se vienen realizando.