El Gobierno de Asturias toma una decisión que pone en cuestión el cumplimiento de la sentencia sobre La Pereda

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló decisiones clave sobre el proyecto de La Pereda en una sentencia reciente, el Gobierno del Principado ha decidido que las obras de HUNOSA sigan adelante. Para ello, se apoya en elementos ya anulados por el tribunal (como la Declaración de Impacto Ambiental), lo que resulta incompatible con el cumplimiento de la sentencia dictada el 29 de enero de 2026.

Ante esta situación, el Conceyu Contra la Incineración ha acudido de nuevo al propio tribunal para exigir que se cumpla lo dictado por la justicia. En concreto, solicita la ejecución provisional de la sentencia y la nulidad de la resolución del Principado del 27 de marzo de 2026, que permite a HUNOSA continuar con un proyecto cuya legitimidad ya ha sido cuestionada judicial y socialmente.

El Conceyu recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación de cumplir las sentencias de forma directa y diligente, incluso cuando han sido recurridas.

Con esta nueva autorización, se pone en riesgo el cumplimiento real de la sentencia y podría dejarla sin efecto en la práctica. Además, seguir adelante con las obras sin aclarar los aspectos señalados por el tribunal carece de lógica y puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Principales peticiones;

1. Suspender las autorizaciones ambientales en los aspectos que la sentencia considera insuficientemente definidos, es decir, no avanzar en lo que aún no está bien explicado ni evaluado. En concreto:
– características de la caldera
– uso del combustible sólido recuperado (basura heterogénea)
– gestión y almacenamiento de las cenizas tóxicas derivadas de la quema de basura heterogénea, donde y como se va producir.
– impacto de la escombrera de Pumardongo

2. Aclarar qué partes del proceso pueden mantenerse y cuáles deben revisarse. Es decir, conservar los trámites correctos y revisar los aspectos afectados por los errores señalados en la sentencia.

3. Iniciar una nueva evaluación ambiental completa, con un proyecto revisado que cumpla lo dictado por el tribunal. En vista de las dudas sobre la legalidad de la nueva resolución tomada por la Consejería de Ciencia.

El Conceyu pide además al tribunal que valore si la actuación del Principado podría ser ilegal. Denuncia el uso de una fórmula sin respaldo jurídico —un llamado “estudio de impacto ambiental ad cautelam”— para justificar el proyecto.

Por ello, solicita que se examine si estos hechos podrían tener consecuencias legales, incluso penales, como un posible caso de prevaricación administrativa por parte de la Consejería de Ciencia.

Para el Conceyu Contra la Incineración, la prioridad es clara; garantizar que la justicia se cumple y que no se avance en un proyecto con aspectos aún sin resolver. Además, recuerda al Gobierno de Asturias que, frente a los intereses económicos en juego, la salud de las personas, la protección del medio y el futuro de Asturias a largo plazo deberían ser la prioridad de las instituciones públicas.

Conceyu contra la Incineración.