Redacción •  Actualidad •  07/09/2017

Unidos Podemos registra una Proposición de Ley para garantizar los derechos y libertades de los extranjeros en España

Desde, al menos, 2005, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan a cabo una práctica conocida como “devoluciones en caliente”, consistente en la entrega directa de las personas interceptadas intentando acceder a Ceuta y Melilla a agentes de la guardia auxiliar de fronteras del Reino de Marruecos.

Unidos Podemos registra una Proposición de Ley para garantizar los derechos y libertades de los extranjeros en España

Maribel Mora, senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha registrado en el Senado una PL de reforma de la ley orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social.

Desde, al menos, 2005, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan a cabo una práctica conocida como “devoluciones en caliente”, consistente en la entrega directa de las personas interceptadas intentando acceder a Ceuta y Melilla a agentes de la guardia auxiliar de fronteras del Reino de Marruecos.

«El sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía es bastante mejorable, y acumula bastantes denuncias», asegura Maribel Mora en relación a la polémica por el alojamiento de menores en un camping de Tarifa

En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan más de una década practicando lo que popularmente se conoce como “devoluciones en caliente” de las personas que intentan acceder al país a través de las zonas que no son los puestos fronterizos habilitados al efecto. Esta práctica ha tratado de regularse a través de la disposición adicional 10ª de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida por el apartado 1 de la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. No obstante, la norma, en todo caso, impone que este rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Sin embargo, como han señalado diversos organismos oficiales nacionales e internacionales, carece de cualquier cobertura legal y constituye una vía arbitraria de hecho y una vulneración de garantías y derechos fundamentales.

Han transcurrido ya dos años desde la entrada en vigor de la citada norma y el Poder ejecutivo no ha desarrollado por vía reglamentaria este nuevo procedimiento ni, en su caso, tampoco se conoce que se hayan dictado instrucciones a los agentes de la autoridad competentes para el control fronterizo.

En esta línea, el Congreso de los Diputados, en Comisión de Interior, aprobó el 18 de octubre de 2016 una PNL que instaba al Gobierno a presentar una Proposición de Ley para derogar esta normativa y recuperar el respeto a los DDHH. De ese modo se garantizará que, sin necesidad de ningún tipo de intervención normativa del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados del control de fronteras, deban aplicar el procedimiento de devolución en que se reconocen los derechos mínimos de estas personas.

Por eso, el GP en el Senado Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición de Ley que modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 58, que queda redactada del siguiente modo: “Los que pretendan entrar ilegalmente en el país, incluyendo aquellos que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, accedan a sus aguas territoriales o a sus costas”.

Además, la PL suprime la disposición adicional décima y modifica el apartado 1 de la disposición final cuarta. Maribel Mora, senadora del GP Unidos Podemos, portavoz adjunta en el Senado y firmante del registro de las solicitudes en la Cámara, ha señalado “al Ministerio de interior no le importa la vulneración sistemática de los derechos humanos como ha demostrado en numerosas ocasiones en nuestra actividad parlamentaria”. La senadora afirma que “cuando las devoluciones en caliente se realizan en el mar y las embarcaciones son inestables, lo que tiene que primar es la seguridad de quienes están a bordo tal y como indica nuestra propia legislación y la legislación internacional. Esta práctica ilegal, de hecho, costó la vida a 7 personas en la madrugada del pasado 31 de agosto y queremos saber qué ha sucedido para que no se vuelva a repetir”.

Registro de preguntas y solicitud de comparecencia

El GP en la Cámara Alta también ha registrado una batería de preguntas y una solicitud de comparecencia en el Senado del ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director de la Guardia Civil a fin de que expliquen lo ocurrido en el operativo que tuvo lugar la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre en las cercanías de las playas melillenses.

«El sistema de protección de menores en Andalucía es mejorable»

A la polémica surgida porque la Junta de Andalucía ha albergado a menores en un camping de Tarifa, la senadora Mora ha asegurado que el sistema de protección de menores de la Junta «es bastante mejorable» y que «acumula quejas y denuncias» de colectivos sociales. «No solo tiene que ver con más capacidad para la acogida, también qué se hace con ellos, cuál es la intervención educativa que se hace con ellos, que parece bastante mejorable».

Mora también ha advertido que, cuando estos menores cumplen la mayoría de edad, «no se les garantiza la documentación, y se encuentran en una situación e bastante desamparo, y eso es una responsabilidad directa de la Junta de Andalucía».

Ante esta situación, Mora ha anunciado «una labor de fiscalización del sistema, con reuniones sistemática con los colectivos sociales andaluzas que trabajan este ámbito, para hacer propuestas».

«Lo que no puede ocurrir, si hay más entradas de menores inmigrantes no acompañados, que lo está habiendo y lo va a haber, es llegar a una situación como la que se da en Ceuta y Melilla, donde la realidad de estos menores es de abandono y desamparo». Según explicó la senadora,  «Andalucía no puede llegar ahí. La primera vez se les ha metido en un camping, bueno, puede ser una situación extrema y puntual, pero obviamente tiene que haber una previsión y no la había. Ahora el Gobierno andaluz tiene que explicar qué se va a hacer para evitar que se dé, de nuevo, una situación así».


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