IU Valladolid muestra preocupación por el impacto ambiental y el consumo de recursos hídricos del macrocentro de datos proyectado en Torrelobatón

El coordinador provincial de Izquierda Unida Valladolid, Juan Francisco Rodríguez, considera que este tipo de iniciativas deben analizarse con el máximo rigor y desde una perspectiva global que permita valorar tanto las oportunidades económicas como los costes ambientales y territoriales que conllevan. «Las nuevas inversiones pueden ser una oportunidad para el desarrollo de nuestros pueblos, pero no pueden evaluarse únicamente por el volumen de dinero que movilizan. También hay que preguntarse qué recursos consumen, qué empleo generan realmente y qué consecuencias dejan sobre el territorio«, ha señalado Rodríguez.

La organización reconoce que una inversión de estas características puede tener efectos positivos durante la fase de construcción, generando actividad económica, empleo temporal y mayores ingresos para las administraciones locales a través de licencias e impuestos. También puede actuar como elemento tractor para la implantación de nuevas empresas vinculadas al sector tecnológico. Sin embargo, recuerda que, una vez concluida la obra, este tipo de instalaciones requieren una plantilla relativamente reducida en comparación con la enorme inversión realizada y con el volumen de recursos naturales que necesitan para su funcionamiento.

Según la documentación sometida a información pública, el complejo alcanzará una potencia informática (IT) neta de 160 megavatios, distribuida en dos fases idénticas de ocho salas de datos cada una. Cada edificio tendrá capacidad para albergar hasta 80 MW de potencia IT, situando a la instalación dentro de la categoría de centros de datos de hiperescala y convirtiéndola en una de las mayores infraestructuras tecnológicas proyectadas en el país.

El emplazamiento elegido responde, entre otros factores, a la proximidad de una infraestructura eléctrica con capacidad suficiente para abastecer una instalación de estas dimensiones. No obstante, Izquierda Unida considera que la disponibilidad de potencia eléctrica no puede ser el único criterio que determine la ubicación de este tipo de macroproyectos, sino que debe ponderarse igualmente su incidencia sobre el territorio y los recursos naturales.

Para garantizar el suministro eléctrico, el proyecto prevé un parque de 96 grupos electrógenos de emergencia de 8,16 MW de potencia térmica, además de otros equipos auxiliares, alcanzando una potencia térmica total de 786,82 MW. La demanda eléctrica estimada cuando el centro funcione a plena capacidad asciende a 2.025,6 GWh al año, un consumo equivalente al de una ciudad de tamaño medio y que sitúa al proyecto entre los centros de datos con mayor demanda energética previstos en España.

A juicio de Izquierda Unida, estas cifras justifican que la evaluación ambiental sea especialmente exigente y que no se analice únicamente el impacto de la instalación de forma aislada, sino el efecto acumulado que puede tener junto con otros grandes proyectos industriales previstos en la provincia.

Uno de los aspectos que más preocupa a la formación es el consumo de agua asociado a este tipo de infraestructuras. Los centros de datos necesitan refrigerar permanentemente miles de servidores para evitar el sobrecalentamiento de los equipos informáticos. Esa necesidad se ha incrementado de forma notable con el desarrollo de la inteligencia artificial, que exige una capacidad de procesamiento cada vez mayor y, por tanto, genera más calor. Los sistemas de refrigeración evaporativa, ampliamente utilizados por su menor coste energético frente a otros sistemas de climatización, requieren un consumo continuo de agua para mantener la temperatura adecuada de las instalaciones.

Aunque el proyecto estima un consumo directo de 5.996 metros cúbicos de agua al año para las dos fases previstas, Izquierda Unida considera que ese dato no refleja la verdadera huella hídrica de la instalación. A ese consumo hay que añadir el agua utilizada de forma indirecta para producir los más de 2.000 GWh de electricidad que demandará anualmente el centro de datos, lo que incrementa notablemente la presión sobre unos recursos naturales cada vez más limitados.

La preocupación aumenta al comprobar que esta infraestructura se plantea en una zona donde ya existen proyectos para la instalación de plantas de producción de hidrógeno con una elevada demanda de agua y donde la Confederación Hidrográfica del Duero viene advirtiendo desde hace años de descensos significativos en los niveles de la masa de agua subterránea Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. «Nos preocupa que se sigan acumulando grandes consumidores de agua sobre un territorio cuyos acuíferos ya presentan signos de deterioro. No es razonable evaluar cada proyecto por separado cuando todos van a utilizar los mismos recursos hídricos y energéticos. Lo que debe analizarse es el impacto conjunto que tendrán sobre la comarca«, ha afirmado Juan Francisco Rodríguez.

La formación considera igualmente necesario valorar si el retorno económico y social que ofrece un proyecto de estas características resulta proporcionado al enorme consumo energético y de recursos que exige. En este sentido, recuerda que los centros de datos ocupan grandes superficies de suelo, requieren inversiones multimillonarias y consumen cantidades extraordinarias de energía y agua, pero generan un número relativamente reducido de empleos permanentes una vez finalizada la construcción.

Izquierda Unida también llama la atención sobre el importante sistema de generación eléctrica de emergencia previsto en el proyecto. La documentación ambiental contempla una potencia térmica conjunta de 786,82 MW mediante grupos electrógenos alimentados con combustible, así como un almacenamiento próximo a los 3.845 metros cúbicos para abastecer dichos equipos, elementos que también deben formar parte de la evaluación ambiental por las emisiones potenciales asociadas a su funcionamiento.

«Castilla y León necesita atraer industria y actividad económica, pero también decidir qué modelo de desarrollo quiere para su territorio. No podemos competir únicamente ofreciendo suelo, agua y capacidad eléctrica para albergar macroinfraestructuras. Las grandes inversiones deben aportar un retorno social y económico proporcional al enorme consumo de recursos que requieren y ser plenamente compatibles con la conservación de nuestro patrimonio natural«, ha concluido Juan Francisco Rodríguez.

Por todo ello, Izquierda Unida Valladolid reclama que la tramitación ambiental del proyecto se lleve a cabo con el máximo nivel de exigencia, garantizando la participación pública y evaluando de forma conjunta los efectos acumulativos de todas las grandes infraestructuras previstas en el entorno, especialmente sobre los recursos hídricos, el consumo energético, la biodiversidad y el territorio, para asegurar que cualquier decisión responda verdaderamente al interés general.