Redacción •  Actualidad •  05/11/2016

Para STE el nombramiento de Méndez de Vigo como ministro de educación del nuevo gobierno de Rajoy supone el continuismo de la política educativa del PP

Mariano Rajoy, repuesto en la Presidencia del Gobierno del Estado tras los avatares de las últimas elecciones generales, ha optado por un ejecutivo continuista con las políticas económicas y sociales impuestas en los últimos cinco años.

Para STE el nombramiento de Méndez de Vigo como ministro de educación del nuevo gobierno de Rajoy supone el continuismo de la política educativa del PP

La repetición como ministro de Educación de Íñigo Méndez de Vigo, bajo cuyo mandato se ha acabado prácticamente de dar cumplimiento a la aplicación de la LOMCE, mantiene a la comunidad educativa en alerta por las anunciadas pretensiones de mantener esta ley a pesar de las movilizaciones y las Proposiciones No de Ley aprobadas recientemente en el Congreso de los Diputados exigiendo su derogación. El reciente anuncio, anterior al nombramiento, de congelar las reválidas no es sino un recurso de maquillaje político.

 

El gobierno popular está ahora en minoría parlamentaria, pero cuenta con el apoyo de Ciudadanos para seguir manteniendo las principales directrices de la legislatura pasada. Así lo denunciamos cuando ambos partidos firmaron el Pacto de Investidura 150 compromisos para

mejorar España. El sindicato se opondrá a cualquier pretensión de Pacto Educativo que siga primando los intereses privados e ideológicos de la derecha y marginando la escuela pública.

STEs-i recuerda a los grupos políticos de la oposición el compromiso adquirido de derogar la LOMCE. Ahora es el momento, y sin contrapartidas.

 

Pero tampoco nos conformamos con ello. Es necesario también que los Presupuesto Generales del Estado recojan las partidas económicas necesarias para la revitalización del gasto educativo del sistema público de enseñanza, con garantías para la recuperación de las plantillas docentes, la disminución de ratios de alumnado por aula y de horas lectivas del profesorado, la implantación de un sistema justo de becas o la dignificación de las condiciones laborales y salariales del profesorado. No es admisible aceptar nuevas imposiciones de los mercados y de la Unión Europea dirigidas a sacrificar los derechos sociales y educativos.

 

Si el ministro quiere iniciar una nueva etapa de diálogo, la reversión de los recortes, la derogación de la LOMCE y la retirada de las reformas universitarias tienen que ser necesariamente el punto de partida.

 


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