FACUA CV se suma a un manifiesto contra la exclusión de las personas migrantes en la sanidad valenciana

FACUA Comunidad Valenciana se adhiere al posicionamiento conjunto suscrito por el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud), que agrupa a más de 80 entidades sociales y sanitarias, y la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano (PTF DSP PV), integrada por más de 50 organizaciones entre las que se encuentra la asociación, en defensa del derecho a la ciudadanía sanitaria universal y frente a cualquier práctica administrativa que condicione la asistencia sanitaria al origen o a la situación administrativa de las personas.

Según denuncian ambas redes en el documento, algunos medios difundieron recientemente una instrucción interna de la Conselleria de Sanitat dirigida a los centros de salud de la Comunitat Valenciana en la que se instaba a no emitir determinados documentos sanitarios utilizados en el trámite de regularización extraordinaria. La Conselleria sostuvo posteriormente que se trataba de un borrador ya rectificado. No obstante, las entidades firmantes afirman constatar que en centros de salud y hospitales de las provincias de Castellón, València y Alicante se está negando de forma efectiva a personas usuarias el acceso a su historial médico.

FACUA Comunidad Valenciana suscribe el principio que vertebra el posicionamiento: la salud es un derecho humano fundamental y universal, no un privilegio ni una mercancía.

La asociación recuerda que el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal está expresamente regulado por el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, en vigor desde el pasado 13 de marzo, que obliga a los centros sanitarios a entregar, desde el momento de la solicitud, un documento provisional que garantiza el acceso inmediato a la sanidad pública. La organización subraya que ese mismo real decreto impone a los servicios sanitarios y sociales una función de información y apoyo en la tramitación, por lo que negar la documentación necesaria no solo contradice el derecho a la ciudadanía sanitaria universal, sino la propia norma estatal que lo desarrolla.

La organización comparte, en particular, la advertencia central de las entidades sobre los efectos de la desinformación: la difusión de indicaciones no veraces o confusas, aun cuando después se corrijan, genera inseguridad jurídica, limita las oportunidades reales de acceder a los trámites de regularización y agrava la situación de las personas más vulnerables. Para FACUA CV, esa asimetría —una administración que traslada información inexacta a quienes tienen menos recursos e información para defenderse— es precisamente el tipo de desprotección que una organización de defensa de la ciudadanía no puede avalar.

FACUA Comunidad Valenciana hace suya la exigencia dirigida por Odusalud y la PTF DSP PV a la Conselleria de Sanitat para que aclare qué modelo de sanidad pública defiende y garantice que ningún colectivo vea restringido su derecho a la asistencia sanitaria por razón de origen o situación administrativa. La asociación considera que la administración autonómica, garante del derecho a la salud, tiene la obligación legal de facilitar el historial y la atención sanitaria, y no de obstaculizarlos.

Junto al resto de entidades, FACUA Comunidad Valenciana se suma al llamamiento a la ciudadanía a defender que el derecho a la salud sea real y efectivo para todas las personas, sin excepciones y sin exclusiones.