USTEA recurre la Orden de Conciertos de la Junta de Andalucía: 2.758 aulas públicas cerradas mientras se mantienen conciertos sin demanda

USTEA ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la Orden de 3 de julio de 2026 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, al considerar que la planificación de los conciertos educativos evidencia un trato desigual entre la enseñanza pública y la privada concertada en Andalucía.

El recurso se presenta en un contexto especialmente grave para la escuela pública. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz se han perdido 2.758 unidades educativas públicas. Solo durante el pasado curso, más de 400 aulas desaparecieron de la red pública andaluza, una política de recortes que la Junta viene justificando fundamentalmente por el descenso de la natalidad y la supuesta falta de necesidades de escolarización.

Para USTEA, la cuestión fundamental es qué ocurre cuando esos mismos criterios se aplican a la enseñanza privada concertada. El sindicato ha detectado centros concertados que mantienen o renuevan unidades financiadas con fondos públicos pese a presentar una demanda insuficiente o incluso contar con todas las plazas de determinadas aulas vacantes.

Esta situación contrasta directamente con lo que sucede en los colegios e institutos públicos. En las mismas zonas de escolarización, y ante niveles de demanda similares o incluso superiores, la Consejería suprime unidades públicas, rechaza la apertura de nuevas líneas o recurre a agrupamientos de alumnado en aulas mixtas.

Fran Fernández, portavoz del sindicato, denuncia así la existencia de una doble vara de medir. La falta de alumnado sirve como argumento para cerrar aulas públicas, pero deja de ser determinante cuando se decide sobre la continuidad de unidades de la enseñanza privada concertada.

Para el sindicato, resulta especialmente difícil justificar que Andalucía haya perdido 2.758 unidades de la pública en apenas ocho años y más de 400 solo el último curso, mientras la Administración mantiene con financiación pública conciertos cuya demanda real no justificaría su continuidad si se aplicaran los mismos criterios exigidos a un centro público.

El recurso presentado por los servicios jurídicos de USTEA cuestiona precisamente esta actuación por considerarla arbitraria, desigual y carente de una motivación suficiente. La organización sostiene que la Administración debe planificar la oferta educativa atendiendo a las necesidades reales de escolarización y utilizando criterios objetivos, y no garantizar el sostenimiento de unidades privadas independientemente de su demanda.

Además, USTEA considera que esta diferencia de trato puede vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, al aplicarse criterios contrapuestos ante situaciones objetivamente similares entre centros públicos y concertados pertenecientes a una misma área de escolarización.

Por todo ello, USTEA reclama la anulación de la planificación aprobada, la revisión individualizada de los expedientes en los que se hayan producido diferencias injustificadas y una nueva resolución basada en criterios únicos, públicos y transparentes para ambas redes.

Para USTEA, la prioridad de la Junta de Andalucía debe ser inequívoca: proteger y reforzar la red pública, que es la única que garantiza una educación de todas y para todas, en lugar de cerrar sus aulas mientras se blindan conciertos privados sin demanda suficiente.