Organizaciones sociales denuncian en la Junta General de Accionistas de Indra su apuesta decidida por el negocio de la guerra

La denuncia se ha llevado a cabo en la Junta General de Accionistas de Indra que ha tenido lugar en su sede en Alcobendas (Madrid). Enrique Quintanilla, activista de la campaña, ha trasladado, en nombre de todos los colectivos, la denuncia de los vínculos de Indra con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras, llamando a la reflexión a accionistas y directivos de la empresa. La acción ha sido impulsada por Fundación Finanzas Éticas, Centro Delàs de Estudios por la Paz, Alternativa Antimilitarista MOC, WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, a las que se han unido otras entidades pacifistas, ecologistas y por la defensa de los derechos humanos. Paralelamente, en Barcelona, ​​frente a la sede de Indra en el barrio de Poblenou, activistas de la campaña han realizado una intervención artística para visibilizar los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y el genocidio en Gaza.

En su intervención, Vela ha cuestionado cómo la empresa se está beneficiando del actual clima de tensiones y de belicismo, y de las políticas de rearme y militarización que alimentan y empeoran esta inestabilidad. Indra cerró el último ejercicio con importantes beneficios y una cartera de pedidos en crecimiento. Los ingresos crecieron en 2025 un 13%, hasta los 5.457M€, con Defensa alcanzando los 1.407M€ (+36%) y se convirtieron en uno de los principales motores de la compañía. De los 16.083 M€ de la cartera, 11.336 M€ corresponden a la sección militar, incluyendo 6.790 M€ de Programas Especiales de Armamento . El empuje del negocio militar se concentra especialmente en sistemas de defensa aérea y espacial, vehículos y sistemas terrestres y en aviones de combate como el FCAS y el Eurofighter , además de áreas vinculadas a armamento y munición.

Desde la campaña también cuestionan varios de estos programas de armamento por la participación de empresas israelíes o sus filiales. La falta de transparencia y la poca información disponible sobre el plan de desconexión de tecnología israelí hacen pensar que varios de estos grandes programas mantienen tecnología y/o participación de empresas israelíes o filiales en España y en Europa.

Supone una complicidad aún más directa de Indra con el Estado de Israel su participación en el proyecto Ayalon, un sistema de peaje inteligente en la autopista de Tel Aviv que promueve la movilidad israelí mientras restringe la Palestina.

Además de esta implicación directa y decidida en el negocio de la guerra, también se ha hecho mención a los beneficios conseguidos por Indra en el sector del control fronterizo, un espacio donde se difuminan los límites entre seguridad civil y militar. «Sus tecnologías de vigilancia, control y detección -como radares, sensores o inteligencia artificial aplicada a fronteras y movilidad- forman parte de un modelo de militarización del espacio fronterizo que no responde a criterios de derechos humanos ni principios humanitarios, sino a una lógica de exclusión y disuasión», apuntó Vela.

La campaña ha planteado tres preguntas al Consejo de Administración de Indra. La primera, relativa a la sostenibilidad del modelo de crecimiento de la empresa, ha puesto en entredicho que el crecimiento empresarial basado en el aumento del gasto militar mundial sea realmente sostenible a largo plazo; la segunda pregunta cuestionó si la apuesta militar de la empresa compromete sus operaciones civiles y si su implicación en el sector de defensa podría afectar a futuros contratos con el sector público. Por último, se ha preguntado a la junta por las conexiones de la empresa con la industria israelí y las posibles complicidades y responsabilidades que se derivan.

El activista de la campaña ha finalizado su intervención aludiendo al escenario futuro al que esta deriva militarista puede llevarnos, y ha pedido a los y las accionistas presentes una reflexión sobre dónde conviene dedicar el talento y los esfuerzos de la compañía: “La misma capacidad de innovación que Indra dirige hoy a sistemas de armas, municiones, vigilancia o control tiempo.(…) Y esta reflexión no interpela únicamente al Consejo de Administración, sino también a quienes poseen acciones de esta compañía (…) ya las trabajadoras y trabajadores de la compañía. La ciudadanía igualmente puede plantear su oposición, ya que el mayor accionista de Indra es el Estado español”.