Prioridad Nacional versus la Nación lo primero

La polémica suscitada por el erróneo enunciado sobre en qué consiste la Prioridad Nacional, formulado por el Sr. Abascal, otros jerarcas de Vox e incluso algunas personas dirigentes del PP, ha llevado en ocasiones a tildar de anticonstitucional esa Prioridad Nacional.

La base de la formulación de Vox se sostiene sobre el principio de precariedad. Y parece evidente que millones de personas en este país viven de forma más que precaria. Quienes están despiertos, sienten y padecen, tienen plena conciencia de que derechos humanos esenciales como el acceso a la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la ayuda a la dependencia escasean. Es decir, no todas las personas pueden ejercerlos.

Votantes de Vox, del PP, del PSOE, de Adelante Andalucía o Sumar coinciden en que son reales estas limitaciones. Y si la realidad se impone, ¿por qué hay diversas propuestas, o incluso ninguna, para mejorarla? La respuesta pudiera encontrarse en los posibles errores del diagnóstico que cada cual realiza. Si, como parece ser, no hay para todos, antes de asumirlo tal cual conviene analizar qué está causando esta escasez.

Un símil que ilustraría este asunto sería imaginar un bote flotando en la mar océana, con personas a bordo. Poco a poco se va acabando el agua, se llega incluso a su racionamiento, pero parece que no será suficiente. Hay quien piensa que si el número de personas disminuye, podrían las restantes aguantar más días. Incluso se llega a decir en voz alta: «¡Aquí están sobrando fulano, mengana y zutano!». Sin encomendarse al diablo, directamente, se abre un agrio debate para concretar cuáles serían los criterios para echar fuera del bote a estas personas. Unos dicen que son pasajeros de tercera y que los de segunda y primera tienen más derecho a sobrevivir. Otros comentan que, posiblemente, los más ancianos deberían motu proprio «sacrificarse» por la juventud, que tendría más oportunidades a futuro. Otros, que quienes están enfermos y no parecen útiles podrían sobrar antes que quienes tienen fuerza para remar… Entre ese barullo, se alza la voz de uno de los pasajeros que informa que en el bote, embalado, hay un aparato depurador de agua que funciona con energía solar y que sus propietarios no están dispuestos a ponerlo en funcionamiento para que no se estropee.

Parece que la solución estaba al alcance de la mano y que una falta de información, la codicia y, también por qué no decirlo, un desenfoque en el análisis, generó un áspero, indigno y horrible debate.

Pudiera ser que esta España de 2026 sea ese bote y que haya quienes beben mucho y otros estén condenados a la sed más terrible. Y también que haya entre los náufragos quien tenga conocimiento de la máquina que permite aliviar la sed de todos.

Cuando jerarcas de Vox, e incluso del PP, anuncian el apocalipsis de las pensiones, de la sanidad, de los servicios públicos, barruntando que «no hay para todos», no solo se equivocan, sino que están compinchados con los propietarios del aparato que podría resolver, seamos modestos, «casi todo».

Los padres de la Constitución de 1978 empaquetaron en su artículo 128 esa máquina para situaciones de emergencia. Y las que se viven en España lo son. ¿Qué dice el mencionado artículo 128?:

«1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.»

Esa es la definición más clara de Prioridad Nacional. ¿Es que puede haber otra prioridad, más prioritaria, que la defensa del interés general? (No del General). Más aún cuando el apartado 2 de ese mismo artículo facilita el instrumento que hará posible esa defensa:

«2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.» 

Este artículo, por cierto, oculto donde los haya en el entramado de disposiciones constitucionales, viene a definir que «la economía española se orienta al servicio del interés general de la sociedad». Todo tipo de beneficios individuales o de empresas se subordina al mismo. Y para que, dentro de una economía de libre mercado, el interés general esté a salvo de depredadores, los poderes públicos tienen el mandato de planificar y organizar todos los bienes y servicios para conseguirlo y que se promueva el bienestar general. Para ello, los poderes públicos deben ejercer una supervisión del funcionamiento de la economía que permita identificar abusos, fraudes e ilegalidades que atenten contra el interés general. De suerte que, llegado el caso, todos los recursos del país se utilicen y distribuyan de manera justa, equitativa y eficiente, asegurando así que se satisfagan las necesidades de todos sus ciudadanos.

Haría bien el Sr. Abascal, los jerarcas de Vox y algunos del PP en redefinir su formulación de Prioridad Nacional, acatando la Constitución y explicándole a los grandes capitales —que son quienes los dirigen— que en España no es posible medrar a costa del pueblo. El principio de escasez se volatiliza, porque el artículo 128 de la Constitución permite el «milagro» del reparto de «panes y peces»: «Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas». Nadie sobra en esta España porque hay recursos para todas y todos. La Nación (el interés general del conjunto de personas que en ella viven) lo primero.