Alerta por la posible contaminación por metales pesados en productos agrícolas de Cartagena

Ecologistas en Acción de la Región Murciana denunció hace unos días a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira Martínez, por la posible comisión de un delito al intentar ocultar la existencia de un estudio de suelos agrícolas de la Universidad Politécnica de Cartagena que revelaba niveles alarmantes de metales pesados en algunas áreas del sur del Campo de Cartagena.

A principios de febrero de este año, se destapó que Rubira negó el acceso al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, alegando que no existía. Desde entonces, la organización ecologista denuncia que no han parado de sucederse las versiones contradictorias y el empeño en mantener el estudio oculto. A todo ello se ha sumado la revelación de una tesis doctoral de 2022 que demuestra transferencia de metales pesados a productos de consumo, lo cual ha hecho saltar las alarmas.
Para la organización ecologista, la secuencia de acontecimientos es clave, ya que revela una opacidad y silencio inusitados en torno a un asunto que genera gran alarma por sus posibles consecuencias en la salud pública:

— En noviembre de 2023, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca encargó a un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la realización del estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, por el que se otorgó una subvención directa de 293.035 €.
El Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa), liderado por el investigador Ángel Faz, fue el encargado de realizar dicho trabajo. 
— En mayo de 2025, según confirmó la propia UPCT, el trabajo fue concluido, entregado y justificado a la Consejería, sin que haya trascendido que en ese momento se realizara ningún requerimiento de subsanación.

— En junio de 2025, en el marco de un procedimiento judicial, Tragsa entregó en el Juzgado nº1 de Cartagena un informe llamado “Caracterización de tecnosuelos del depósito minero El Lirio–Los Belones (Cartagena)”. Este informe, elaborado por el mismo grupo de investigación de Ángel Faz, utiliza referencias a su propio estudio de diagnóstico de suelos agrícolas, aportando datos y una serie de mapas del mismo. Los mapas de distribución de metales muestran en algunas áreas concentraciones por encima de lo legal para suelos agrícolas.
— En octubre de 2025 se solicitó a la Consejería el acceso al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”.
— El 4 de febrero de 2026 la Consejería negó el acceso al documento, y argumentó que el estudio no existía y que se iba a iniciar un procedimiento para pedir a la UPCT la devolución de la subvención.

— A partir de ese momento, la noticia saltó a los medios de comunicación y, cuando la consejera Rubira fue consultada, inició una serie de cambios de versión: primero negó la existencia del estudio,  luego aludió a un incumplimiento de los objetivos de la subvención, y  finalmente fijó un plazo de 15 días para que el equipo investigador de la UPCT subsanara documentación, tras casi un año de estar concluido, entregado y justificado el estudio.
— A fecha de 2 de marzo de 2026, el estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación” sigue sin hacerse público.
Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, lo resume con estas palabras: “Se está intentando evitar el acceso a un informe de una universidad pública, pagado con dinero público, y del que solo conocemos unos datos preocupantes de contenido en metales en suelos agrícolas así como unos  mapas bastante impactantes que se aportan en el informe sobre tecnosuelos y que se presentaron en el juzgado”.

Acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas
Luengo destaca que, “en medio de esta situación de ocultación y con la posibilidad de que estos metales estén siendo absorbidos por algunos cultivos y puedan llegar a consumidoras y consumidores, hemos sabido que en marzo de 2022 se publicó una tesis doctoral de la UPCT, dirigida por el mismo investigador Ángel Faz, y que precisamente analizaba la transferencia de metales pesados desde los depósitos mineros abandonados de la Sierra Minera hacia suelos forestales, agrícolas, zonas urbanas y medio marino”.

Para Ecologistas en Acción, lo más preocupante de esa tesis es que advierte de la acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas con suelos agrícolas contaminados del Arco Sur. Al mismo tiempo, aconseja a las autoridades un seguimiento por el “riesgo de incorporación a la cadena trófica por consumo de los productos cultivados en zonas agrícolas influenciadas por la actividad minera”, debido al peligro para la salud humana que esto supone, especialmente en un consumo frecuente.

La organización ecologista afirma que la situación es insostenible: “Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”. A su vez, señala que desde las autoridades competentes no ha trascendido ninguna actuación preventiva al respecto en todo este tiempo.

“Que a día de hoy se siga intentando ocultar la información sobre este asunto, y no haya una aclaración inmediata y suficiente de las medidas de control adoptadas por las autoridades competentes, no hace más que sembrar la sospecha de que algo no va bien; se trata de un silencio totalmente insostenible e impropio de un Estado democrático en pleno siglo XXI”, ha añadido Luengo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha anunciado que en los próximos días solicitará información sobre las actuaciones de la Administración regional en cuanto a protección de la salud pública, y no descarta que se puedan derivar nuevas acciones judiciales.