FACUA Andalucía considera un grave ataque a la libertad de expresión la prohibición de emitir el documental «Salud no responde»

FACUA Andalucía considera inaceptable y un grave ataque a la libertad de expresión que se esté produciendo la prohibición de distintos actos de entidades sociales y la Coordinadora de las Mareas Blancas en los que se pretendía proyectar el documental Salud no responde, crítico con la gestión de la sanidad pública andaluza y que denuncia su deterioro.

Las cancelaciones ya se han dado en al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería) y en los barrios de Pino Montano y Bellavista de Sevilla capital.

El argumento que esgrimen la Junta Electoral de Zona y los consistorios gobernados por el Partido Popular —como el ayuntamiento hispalense— es que «infringe lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General», al entender que el contenido supone una crítica a la sanidad «cuya gestión realiza un adversario político y vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el período electoral».

En este sentido, FACUA Andalucía considera ridículo este argumento, que aplica una normativa sobre campañas electorales a asociaciones de vecinos y a un movimiento asociativo como son las Mareas Blancas, a los que no se les puede aplicar el calificativo de «adversarios políticos».

Así, tanto la propia Junta Electoral de Zona como los consistorios populares están realizando una interpretación forzada de la ley electoral para impedir la emisión de un documental crítico con la gestión de la Junta de Andalucía, en manos del PP. Una cinta que lleva meses exponiéndose y que muestra la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza.

En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Área de Participación Ciudadana y de la propia Alcaldía, ha impedido la celebración de estos actos aplicando de forma improcedente criterios vinculados al periodo electoral. Una extralimitación competencial evidente, incide FACUA Andalucía, ya que no corresponde a una administración local interpretar ni aplicar normativa electoral en estos términos, y menos aún para restringir derechos fundamentales.

Censura encubierta

La federación considera especialmente preocupante que se estén prohibiendo actos promovidos por un movimiento social como las Mareas Blancas, ajeno a cualquier contienda electoral y sin vinculación a ningún partido. Se trata de un claro caso de censura encubierta que pretende silenciar la crítica social legítima sobre el deterioro de la sanidad pública andaluza.

FACUA Andalucía recuerda que la libertad de expresión y el derecho de reunión están reconocidos en la Constitución y constituyen pilares esenciales del sistema democrático, por lo que cualquier restricción debe estar debidamente justificada, ser proporcional y responder a causas tasadas, circunstancias que, a su juicio, no concurren en absoluto en este caso.

Así, la organización advierte de que estas decisiones, lejos de ser hechos aislados, pueden responder a una estrategia más amplia orientada a limitar la visibilidad de las críticas a la gestión sanitaria del Partido Popular, en un contexto de creciente movilización social en defensa de la sanidad pública.

Jurisprudencia del Supremo

Por otro lado, la federación señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara al establecer que las actividades que no tienen como finalidad directa la captación de voto no pueden ser objeto de las limitaciones propias de los procesos electorales, tal y como ha señalado en varias sentencias.

Pretender equiparar la proyección de un documental por parte de un colectivo ciudadano con un acto de propaganda electoral no solo carece de base jurídica, sino que revela una interpretación interesada y restrictiva de los derechos fundamentales.

Por todo ello, FACUA Andalucía hace un llamamiento a las instituciones competentes, incluidas las juntas electorales y, en su caso, la Junta Electoral Central, para que revisen estas actuaciones y garanticen el pleno respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, insta a las fuerzas políticas democráticas a que se posicionen de forma clara contra cualquier intento de censura o restricción indebida de la participación ciudadana.

En una democracia consolidada, incide la federación, no puede tolerarse que se prohíban actos ciudadanos por el mero hecho de resultar incómodos para quienes ostentan responsabilidades de gobierno.