El PCE de El Bierzo alerta de que los 56 lanzamientos en Ponferrada demuestran que el problema de la vivienda no es el origen de quien la solicita, sino su mercantilización

El Partido Comunista de España en El Bierzo vuelve a señalar la problemática de la vivienda tras conocerse que los juzgados de Ponferrada han ejecutado ya 56 lanzamientos durante 2026, 40 de ellos derivados de impagos de alquiler y 16 de impagos hipotecarios. La provincia de León es, además, la que acumula más desahucios de Castilla y León. Para el PCE, estos datos evidencian la dimensión real de un problema que afecta directamente a las familias trabajadoras y que no puede reducirse a una cuestión de acceso a determinadas promociones de vivienda protegida.

Estos datos cobran especial relevancia después de que hace pocos días el PCE de El Bierzo se posicionara sobre la llamada «prioridad nacional» incorporada a las 80 viviendas protegidas previstas en La Rosaleda. La organización considera que exigir diez años de empadronamiento en Castilla y León y España, a propuesta de Vox y con el respaldo de PP y Coalición por El Bierzo, introduce una lógica de competencia entre personas trabajadoras por un recurso público escaso. Una persona nacida en Ponferrada que haya tenido que marcharse para trabajar puede quedar excluida mientras otra persona que lleve diez años empadronada sí pueda acceder, independientemente de cuál sea su situación económica.

Para el PCE, los 56 lanzamientos conocidos este pasado lunes demuestran precisamente por qué debe cambiarse el centro del debate. El problema no es quién tiene más o menos derecho a una vivienda en función de su origen o de sus años de empadronamiento, sino que una parte de la clase trabajadora no puede garantizarse el derecho básico a conservar un techo. Mientras se enfrenta a trabajadores entre sí por 80 viviendas, decenas de familias de Ponferrada han tenido que afrontar procedimientos de lanzamiento por no poder hacer frente al alquiler o a la hipoteca. La respuesta, a juicio de la organización, no puede ser dividir a quienes sufren el mismo problema, sino ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y garantizar su acceso atendiendo a la necesidad económica y habitacional.

Asimismo, el PCE considera especialmente significativo que este debate se produzca después del rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda que incluían medidas de protección para las personas inquilinas y frente a determinados desahucios. Para la organización, no resulta coherente hablar de defender a las familias trabajadoras mientras se prioriza la división entre ellas y se rechazan medidas destinadas a reforzar su protección frente a la inseguridad habitacional. El PCE insiste en que el debate debe situarse en los salarios, el precio de los alquileres, la insuficiencia de vivienda pública y la especulación, y no en convertir a la persona migrante o a quien lleva menos años empadronado en el enemigo de quien busca una vivienda.

Por todo ello, el PCE de El Bierzo reclama una política pública de vivienda suficiente, permanente y fuera de la lógica especulativa, con criterios de acceso vinculados a la situación económica y habitacional y con mecanismos efectivos para impedir que las familias trabajadoras sean expulsadas de sus hogares. Frente a quienes pretenden convertir la vivienda en otro terreno de enfrentamiento entre trabajadores, la organización reafirma la posición expresada en su anterior comunicado: «berciano es quien vive y trabaja en El Bierzo». La clase trabajadora no necesita competir por las migajas de un parque público insuficiente, sino que se garantice su derecho a una vivienda digna.

El PCE plantea, además, que la ampliación del parque público puede convertirse también en una herramienta de generación de empleo y actividad económica en la comarca. La construcción de vivienda pública, junto con la incorporación al parque público y rehabilitación de viviendas procedentes de bancos y fondos de inversión y la recuperación de vivienda actualmente vacía o deteriorada, permitiría, según la organización, actuar simultáneamente sobre dos necesidades de El Bierzo: garantizar el derecho a la vivienda y crear empleo ligado a la construcción y la rehabilitación.

En este contexto, el PCE de El Bierzo muestra su apoyo a la huelga general promovida por los sindicatos de clase CCOO y UGT y los sindicatos de inquilinas en defensa del derecho a la vivienda. Para la organización, «es la hora de la vivienda pública y social: no se puede especular con el hogar». El PCE considera que la movilización debe servir para situar en el centro del debate una política de vivienda que deje de tratar el hogar como una mercancía y garantice este derecho básico al conjunto de la clase trabajadora.