Quien no quiera trabajar que no coma
Conviene no sacar de contexto esa frase escrita por San Pablo en la Segunda Carta a los Tesalonicenses (2 Tesalonicenses 3:10): «Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma». Y el contexto es una comunidad cristiana que vivía compartiendo sus bienes. Se arrimaban algunos “jetas” a ella para comer sin aportar nada a la comunidad. Es la clásica ley del embudo: Lo ancho pa´mi y el estrecho para los otros. O aquello de lo mío es mío y lo vuestro también es mío. Pablo comentaba que “Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con fatiga y cansancio día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros» — 2 Tesalonicenses 3:8)”.
De hecho Louis Blanc socialista de principios del S.XIX acuñó la expresión «De cada cual según sus facultades, a cada cual según sus necesidades»
Y parece más que razonable y necesario que socialmente las personas se unan para atender sus necesidades y vivir con dignidad. Esta cooperación comunitaria es la que ha permitido a la especie humana sobrevivir a lo largo de los milenios. No obstante hay a quienes no les parece nada razonable que se les requiera que aporten algo para el bien estar de la comunidad.
Una criatura, dicho con cariño, manifiesta ante un micrófono lo siguiente: Yo no he elegido venir a este mundo. Por eso el Estado debe garantizarme todo lo necesario para vivir. Da pena escuchar a esa criatura que se manifiesta desde un sentimiento de orfandad profundo. ¿El vivir es o no un don? Podría la sustancia material que conforma el organismo de esta criatura haberse quedado en el estadio mineral. Ni sentir, ni padecer. No experimentar sentimientos, ni emociones. Y por supuesto su debilidad mental le impide reconocer a los semejantes que con su diario trabajo permiten al Estado la posibilidad de prestarle ayuda llegado el momento. Incluso hay quienes se han entretenido en “comprender” este punto de vista, dándole un status filosófico en los debates que se suscitan en torno al mantenimiento de la vida, el derecho a la existencia y la ayuda estatal, llegándolo a relacionarlo con la Renta Básica Universal. Algunas personas sostienen el «No consentimiento» al considerar que si el nacimiento fuese un acto involuntario, la persona nacida no tendría obligación alguna de asumir someterse a la necesidad de trabajar. Otras afirman el “derecho a la subsistencia básica”. En este debate conviene establecer que ninguna persona está obligada a vivir en sociedad. Quienes no deseen hacerlo que busquen territorios “vírgenes” para no tener que contribuir al desarrollo y mantenimiento de servicios públicos e infraestructuras. Y menos aún podrían pedir “ayuda”, cuando ellas no están dispuestas a ayudar a nadie. Todo este enfoque de pensamiento debería sostenerse en una sola premisa: Solo se prestará ayuda – se subraya lo de “se prestará”- cuando la persona NO PUEDA, de ninguna forma aportar algo al común. Porque el NO QUERER supone un acto de egoísmo mayúsculo e intolerable en sociedad.
Toda sociedad sí está obligada a facilitar la colaboración de quienes la componen para el beneficio común. En una economía de mercado es necesario concretar que hay al menos dos modalidades de contribuir socialmente al bien estar: a) Mediante el trabajo por cuenta ajena o propia b) Realizando actividades socialmente necesarias. Sea por a) o por b), todas las personas que no estén impedidas física o mentalmente y que deseen vivir en sociedad están obligadas a aportar lo que buenamente puedan según su capacidad. Esa obligación es lo que da derecho a recibir de la sociedad según su necesidad.
El 29 N se acerca y en estas elecciones el futuro inmediato se verá condicionado dependiendo de la filosofía política que triunfe en las urnas. De hecho en campaña entre otros elementos a debatir aparecen las referencias al trabajo, y salario correspondiente, que afecta directamente a las condiciones de vida de las gentes, la prestación de servicios públicos… y también las ayudas a colectivos denominados “vulnerables”. Algunos de estos colectivos lo son precisamente porque el sistema económico capitalista no les garantiza un trabajo con el que dejar de ser vulnerables. Y es evidente que una sociedad de libre mercado nunca garantizará el pleno empleo. Ya que la suma de egoísmos, nunca se traduce en SOLIDARIDAD. La llamada competitividad siempre tiene dos caras: La amable creación de iniciativas por un lado y la destrucción del competidor por el otro. El Estado como instrumento de planificación social tiene mucho que decir ya que la sociedad deposita en él el poder de ordenar la vida social. Interesa apoyar con el voto a las opciones políticas que asumen la responsabilidad de planificar el ejercicio de derechos humanos esenciales, que en ningún caso pueden considerarse mercancías, y por tanto están fuera del llamado libre mercado y evidentemente no pueden “privatizarse”. Quienes hacen campaña a favor de la privatización de los servicios públicos presentan al Estado como un mecanismo “nefasto” que hay que reducir exclusivamente a garantizar la seguridad policial y jurídica de los privilegios de las empresas privadas. Para que estas mercadeen con los derechos humanos a la salud, a la atención, a la dependencia, a la vivienda, al trabajo, a la educación…
Los políticos privatizadores han sido precisamente los que han gestionado un buen número de instituciones del Estado. Y si lo han gestionado tan mal, ¿cómo confiarles con el voto que lo sigan haciendo? Las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias exclusivas en distintas materias. Por ejemplo: Los ayuntamientos tienen la exclusiva competencia en la gestión del agua en sus municipios. Allí donde han sido incapaces los políticos privatizadores de gestionar el agua, se han aliado con empresas privadas (por ejemplo Aqualia), subiendo los recibos del agua, para que estas empresas en un ámbito que les estaba vedado materialicen beneficios a costa del dinero del pueblo. En las autonomías las privatizaciones en materia de salud han sido catastróficas y, para miles de personas, mortales. La privatización acorta la esperanza de vida de los pacientes, que en la “sanidad privada” bajan a la categoría de “clientes”.
Y si esto es así y además es público y notorio ¿cómo es posible que el 29N haya quien vote a esos partidos políticos que lo tienen claro que seguirán ampliando las privatizaciones? Pocas veces en la historia de la humanidad el pueblo ha tenido la oportunidad de ejercer el derecho a la vida digna sin necesidad de derramar sangre. Simplemente votando el 29N.
Habrá quien entienda que este razonamiento deja muchos asuntos, graves asuntos, en el tintero y que estos bien merecerían un debate político. Sin duda mirando el panorama político del momento no es nada fácil encontrar honestidad, honradez, coherencia en muy pocas opciones políticas, salvo aquellas que tiene un código ético y que lo cumplen. Y ello provoca un batiburrillo de slogans que pretenden al respetable, confundirlo del objetivo principal que no es otro que defender, con la gestión de los servicios de titularidad pública, los derechos humanos esenciales. Conviene caer en la cuenta que los políticos que privatizan demuestran su vagancia absoluta, ya que, a pesar de recibir el pastizal de dinero público que cobran en sueldos y dietas, en lugar de dirigir con mano firme estos servicios públicos en beneficio del pueblo, prefieren holgazanear pagando con dinero publico a “gestores” privados que le hagan el trabajo encomendado por el pueblo en las urnas. Y desvergüenza manifiestan cuando no obstante se presentan ante los votantes dando la imagen de que “están en ello”.
Y llegados a este punto a estos políticos “privatizadores” se les debe aplicar aquello de que “el que no trabaje, que no coma”.
