Desmantelando la formación profesional

Desde el año 2020 en el que se aprobó la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la posterior Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, hemos visto una interminable lista de intervenciones de quienes en uno u otro momento han ostentado cargos en el Ministerio de Educación vanagloriándose de su apuesta por la Formación Profesional y de los incuestionables beneficios que estas Leyes y sus posteriores desarrollos legislativos suponían tanto para el nivel formativo de los alumnos como para solventar la carencia de técnicos que presentaba nuestro mercado laboral.

Todo ello incluía el exterminio del profesorado Técnico de Formación de F.P. con titulación Superior de F.P., principalmente en 19 especialidades. Partamos de la base que la segregación entre las 10 especialidades que pasan al Cuerpo de Singulares y el resto carece de cualquier base legislativa, por mucho que se empeñen quienes ocupan atriles públicos para justificar lo injustificable.

Pues bien, han pasado tres años y, en contra de lo prometido por nuestros dirigentes hay, ha habido y habrá profesorado funcionario de carrera e interino afectado por su normativa, además de alumnado y de la propia Formación Profesional.

A fecha de hoy nos encontramos que en las 19 especialidades que pasan a A1, con compañeros de Asturias a los que no se les despide (ni eso hacen bien) pero se les condena a mantenerse en unas listas B en las que pocas o ninguna poca posibilidad tienen de volver a trabajar, a compañeras y compañeros de Baleares que, como siempre pasa con nuestro colectivo, se les ofrecen migajas bajo promesa de arreglarlo en el futuro (siempre promesas), o a unos procesos de adjudicación en la Comunidad Valenciana y Madrid donde las adjudicaciones del presente curso han sido caóticas y perjudiciales para nuestros compañeros.

Esto se ha agravado aún más en unos procesos de estabilización discriminatorios, contrarios a la Legislación de la UE, en el que se nos ha impedido participar o se nos ha discriminado por el sistema de baremación; esto es aún más humillante teniendo en cuenta que los parámetros de estabilización en ningún momento han primado la experiencia o los conocimientos demostrados durante décadas de docencia.

Para muestra vemos como alumnos de CIPFP Náutico pesquera de Palma se niegan a entrar en las aulas porque se ha estabilizado a profesorado de Matemáticas o Piano en detrimento de profesorado Técnico de F.P. sobradamente capacitado, pero que ha sido discriminado en estos procesos, independientemente del perjuicio causado al alumnado de este ciclo. Cabe resaltar que estas titulaciones son reconocidas por la UE basándose en la capacidad del profesorado y que ahora corre serio peligro la habilitación de estos títulos por Marina Mercante y por la Unión Europea.

Destacar también que desde la Comunidad Valenciana se está pidiendo al Ministerio rebajar ciertos requisitos de acceso a las bolsas ante la falta de profesorado en el presente curso, cosa que aún se agravará más cuando se prescinda definitivamente del profesorado técnico de F.P. con titulación de F.P.

Por último y no menos grave, resaltar que a partir de ahora profesorado con titulación Superior de F.P., funcionarios de carrera o interinos, profesionales que realiza las mismas funciones que compañeros con titulación universitaria tendrán menos derechos que estos, estableciendo una discriminación contraria a sentencias ya dictadas por la Justicia Europea, veasé por ejemplo la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del consejo de 10 de mayo de 2023 de igualdad de retribución, transparencia retributiva y mecanismos, donde se incluye a las administraciones públicas, y a cualquier legislación laboral, estableciendo por Ley profesorado de primera y profesorado de segunda.

Así que esto es lo que tenemos, una legislación regresiva y discriminatoria que, aun a día de hoy, siguen defendiendo nuestra Ministra de Educación, su Secretaria de Estado y quienes ostentan la Dirección del Ministerio de Función Pública, no sabemos si por convencimiento o porque sus predecesores lejos de ser reprendidos han obtenido embajadas en el Vaticano, Ministerios como el de Cultura y Deportes, la portavocía del PSOE (en el momento más crítico y complicado de las reformas educativas) o quienes después de suprimir de un plumazo nuestros derechos en Baleares y perder posteriormente unas elecciones han visto como se les premia con la Presidencia del Congreso de los Diputados.

Asociación Red de Profesorado Técnico de Formación Profesional.