DD.HH. Derecho a la paz: La herencia a Petro (II)
Está comprobado: el sol no se puede tapar con un dedo. De tamaño del astro rey es la medida de la realidad gravísima que dejaron las autoridades salientes hace poquísimos días a Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, de cara a lograr una paz duradera y con justicia social en el país suramericano. (1).
Para no ir muy lejos, el comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OCDHC), de fecha 26 de julio de 2022, que acompañó el informe “Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo gobierno”, sostiene: “La firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 mostró un descenso drástico de la violencia”. (sic). (2).
Y seguidamente afirma: “Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (INDEPAZ), los asesinatos pasaron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016. Pero en los últimos dos años, los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales, a menudo involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia”.(sic). (2).
Asimismo, en el comunicado se informa que “en 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia verificó el homicidio de 100 personas defensoras de los derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, la Oficina recibió información sobre 114 homicidios de defensores y defensoras, de los cuales 22 casos han sido verificados hasta ahora”. (sic). (2).
Otro aspecto que destaca el documento antes citado es: “En los primeros meses de 2022, cuatro líderes nasa fueron asesinados. La violencia, el narcotráfico y las industrias extractivas están amenazando su forma de vida e incluso su supervivencia, advierte el informe”. (sic). (2).
Frente a estos hechos, –según recoge radionacional.co este 11 de agosto- Petro anunció una acción en El Chocó (una de las regiones más azotadas por la violencia): la habilitación de un plan de “seguridad humana”. (3).
Según explicó el mandatario ello “implica” que “los consejos de seguridad no solo sean de la fuerza pública, sino también de una serie de instituciones que puedan ser claves sin estar armadas en la solución de la violencia en el Chocó, por ejemplo la universidad, la institución pública de educación, de salud”. (3)
Para contextualizar, este anuncio pone en el centro el concepto de seguridad humana en el marco de los DD.HH, que se halla orientado en dos esquemas: el de responsabilidad de proteger y el de desarrollo humano, ambos considerados en el seguimiento del párrafo 143, relativo a la seguridad humana, del Documento Final de la Cumbre 2005, resolución 66/290, numeral 3 de la Asamblea General de Naciones Unidas. (4)
En este caso, de acuerdo a la estrategia expresada por Petro, resulta pertinente tomar el concepto de seguridad humana de la adaptación que hace el Instituto Interamericano de DD.HH (IIDH) (2010), con base en principios documentales de la ONU: “consiste en proteger, de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano”. (5)
Esto quiere decir que, en vista de que Colombia ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros instrumentos legales enmarcados en DD.HH, Petro, por una parte, instruye a los consejos de seguridad a garantizar la protección de las amenazas direccionadas a derechos como la vida, la libre circulación, libertad y seguridad. (6).
Luego, incorpora el resto de las instituciones en función de activarlas en apoyo a la defensa de estos derechos básicos, sin los cuales, los derechos sociales asociados indefectiblemente al bienestar y realización humanas son incumplibles, tales como salud, trabajo, educación, entre otros.
Estos anuncios iniciales se enmarcarían en la prevención recomendada por la OCDHC, en el punto 10 de su informe, publicado por prensarural.org: “revisar la estrategia del Estado” y activar otros ejes de acción, que han de ser a lo interno, materia de especial atención y resguardo, puesto que en el terreno, la operatividad de grupos armados no estatales se mantiene, de acuerdo a estos informes de la ONU y de otras organizaciones dedicadas a la defensa de los DD.HH. (7).
No obstante, la paz y la seguridad que reclaman las regiones más violentadas por el conflicto interno y la arremetida de grupos armados no estatales, requieren con urgencia de la empatía y acción de todas las organizaciones e instituciones del país, porque la violencia es una ola expansiva que golpea en todas direcciones.
Como lo recoge el IIDH en su web, hay perspectivas a considerar: “La seguridad humana enfatiza en la interconexión de las amenazas y de las respuestas a las mismas en dos sentidos. Primero, una amenaza puede alimentar o provocar otra; por ejemplo, los conflictos violentos pueden derivar en privaciones y pobreza, que a su vez pueden llevar al agotamiento de los recursos, enfermedades infecciosas, déficits educativos, etcétera”. (sic). (s/n). (5).
Luego el IIDH también advierte: “Segundo, las amenazas en un país o área determinada pueden ampliarse a una región más amplia, y provocar consecuencias negativas para la seguridad regional o internacional”. (sic) (s/n). (5).
Que nadie se sienta ajeno.
Referencias:
1. https://www.geoenciclopedia.
2. https://www.ohchr.org/es/
3. https://www.radionacional.co/
https://twitter.com/
6. https://indicators.ohchr.org/
7. https://www.prensarural.org/
*Ramaris Vásquez. Periodista especializada en Derechos Humanos.
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