¿Nueva normalidad? Mejor transformar la realidad

La pandemia ha cambiado nuestras vidas y cambiará nuestro futuro. Pero hay cosas en este reino de España que parece que no cambian nunca: la actitud antisocial y retrógrada de las derechas, la crispación política cuando está en la oposición y la persistente intervención antidemocrática de la justicia y la guardia civil.

Mientras que la solidaridad y la cooperación ha sido la respuesta del pueblo llano, los sanitarios jugándose la vida por salvar vidas, miles de personas colaborando para que sus vecinos y vecinas tuvieran alimento, cientos de miles sin poder trabajar y con un futuro más que incierto… las derechas se han lanzado a una guerra sin cuartel de amenazas, insultos, mentiras y despropósitos, empezando con el latiguillo de “gobierno ilegítimo”. Es tal su soberbia que consideran que solo ellos pueden decidir qué es o no legítimo. Como siempre, les importa bien poco el sufrimiento ajeno, aunque se llenen la boca de la palabra España, sino recuperar el poder para seguir defendiendo los privilegios de los más ricos y mantener las políticas antisociales e insolidarias de los últimos años, eso que vulgarmente conocemos como neoliberalismo.

Porque el objetivo de esta campaña de las derechas no es solo debilitar e intentar hacer caer al gobierno, sino también tapar el balance de sus políticas. La pandemia ha dejado al descubierto las terribles repercusiones sociales de los recortes en sanidad, en investigación, en enseñanza o en políticas públicas. Mientras una mayoría de la población ha tomado conciencia de que la verdadera respuesta al virus, más allá de la vacuna, está en tener una potente sanidad pública, en políticas públicas para proteger a la población, en inversiones públicas para combatir el paro, la derecha quiere proteger todo lo que hizo para seguir manteniendo esas políticas que tanto daño hicieron y siguen haciendo. Este es un aspecto importante para entender esa ofensiva, en parte desesperada, de las derechas.

Por lo tanto, todo vale. Esta campaña ni siquiera es novedosa. Solo hay que recordar la que Aznar y los suyos realizaron en la última etapa del gobierno González. Los ataques y rebuznos de Álvarez Cascos, Miguel Ángel Rodríguez o Jaime Mayor Oreja seguro que han servido de guía para sus acólitos. La utilización de los muertos es otro de sus hilos conductores. Lo han hecho, y lo siguen haciendo, con los de ETA (se olvidan de los que murieron por la guerra sucia de las cloacas del Estado) con los del 11 M y lo hacen ahora con los del Covid 19. Evidentemente, es una utilización partidista y maquiavélica para jugar con los sentimientos e hipócrita cuando pueden ser ellos los responsables, como las personas que murieron en el accidente del metro de Valencia. Todo vale.

Querer orientar la responsabilidad de la propagación del virus hacia las manifestaciones del 8 M es todo lo contrario de buscar la verdad. Desde que se declaró el estado de alarma y se confirmó la importante propagación del virus en Madrid, las derechas lanzaron el bulo sobre el 8 M. Daba igual que durante los días previos se hubiera realizado un acto de Vox o que hubiera habido encuentros deportivos de masas, todo daba igual, lo que se pretendía tapar es la responsabilidad de las políticas sanitarias del PP en la Comunidad de Madrid que habían sido incapaces de prever absolutamente nada. Esa campaña tiene el objetivo de atacar una de las cosas que más temen y odian: manifestaciones masivas y de mujeres que exigen y luchan por sus derechos.

Todo plan de las derechas necesita de la estrecha colaboración, cuando no es la punta de lanza, de los aparatos del Estado. Ahí está su fuerza, junto al apoyo de los grandes poderes económicos. En toda vil operación no podía faltar la justicia y la Guardia Civil, en otras ocasiones es también el ejército o la policía y/o la Iglesia. Una jueza de Madrid inculpa al delegado del gobierno en Madrid y le hace responsable de la propagación del virus por haber permitido las manifestaciones del 8 M. Desde la Guardia Civil se elabora un informe utilizando bulos y falsedades publicadas en la prensa digital de derechas, que sale a la luz pública y obliga al ministro del Interior a destituir al coronel Pérez de los Cobos. Personaje con un reconocido pasado ligado a la extrema derecha, que dirigió el dispositivo represor durante el 1 de octubre de 2017 en Cataluña y cuyas declaraciones fueron ampliamente utilizadas por el Tribunal Supremo para condenar a los dirigentes de la rebelión catalana. Un cóctel explosivo en manos de los propagandistas de las derechas. Si el gobierno pensaba neutralizar a las fuerzas de seguridad “blanqueándolas” con su aparición en las ruedas de prensa, ahí está la respuesta. El guardia civil que aparecía en ellas, Laurentino Ceña, dimite en solidaridad con Pérez de Cobos, claro que su valentía tenía poco recorrido pues la primera semana de junio iba a jubilarse.

Esa colaboración entre las derechas y los aparatos del Estado, y sus cloacas, es un modus operandi en este país. Se ha utilizado abiertamente contra la rebelión catalana, o para condenar a los jóvenes de Alsasua, para espiar a dirigentes independentistas catalanes, para acusar de terrorismo a jóvenes de los CDR (comités de defensa de la república) y un largo etcétera. El “a por ellos” ya no es solo contra la rebelión catalana, se ha convertido en un grito de las derechas contra los demócratas, contra quienes defienden la sanidad pública o contra quienes se oponen a sus políticas. Era una cosa evidente, cuando se recortan derechos y libertades para una parte acaban afectando a todos. Es un fiel reflejo en lo que se ha convertido el régimen del 78: la estrecha colaboración de instituciones del Estado con las políticas de las derechas. Cuando decimos que hay que poner en práctica los valores republicanos, la lucha por la república, es porque no habrá un ejercicio real de derechos y libertades sin limpiar todo lo que queda, y es mucho, de la herencia del franquismo que ha sido incorporado y forma parte del actual régimen monárquico.

Y esto no ha hecho más que empezar. La crispación seguirá porque prácticamente es la única estrategia de las derechas, y no solo para desgastar al gobierno sino para crear un ambiente de cansancio y desprestigio de la política, de presentarse como salvadores de la patria, de un giro reaccionario en lo social y en los derechos, que solo puede ser detenido por el ansia de la mayoría de la población por lo público y la unidad en la movilización social.

¿Qué reconstrucción?

Las fases de desescalada están progresando en todo el país y probablemente en pocas semanas desaparecerá el estado de alarma, y al despertar de este mal sueño nos encontraremos con una brutal caída económica y aumento del paro hasta niveles casi nunca vistos, con miles de familias a quienes les faltarán los productos básicos para alimentarse, con desahucios otra vez en marcha y una crisis social e internacional de consecuencias impredecibles. El mejor antídoto contra las derechas es acertar en el diagnóstico y las medidas para afrontar esta durísima crisis.

Se habla de la necesidad de pactos para la reconstrucción (se ha creado una comisión en el Congreso de los Diputados, los sindicatos también exigen pactos y en algunas ciudades se han iniciado procesos de diálogo) y, sin embargo, es más que difícil imaginarse una política de pactos con la campaña actual de las derechas. Lo importante es debatir sobre los contenidos. Un ejemplo podría ser el pacto firmado entre PSOE-Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral y permitir que los ayuntamientos puedan utilizar sus superávits. Las derechas se lanzaron como hienas contra ese pacto. Hay que poner en cuestión la idea de que de esta crisis tenemos que salir unidos. ¿Unidos con quien prefiere una sanidad privada o concertada pero pagada con dinero público? ¿Unidos con quienes apuestan por el ladrillo, o sea por la especulación inmobiliaria, como la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Unidos con la extrema derecha que defiende políticas neoliberales aún más extremas y un recorte de derechos?

Los pactos que se necesitan son los que den respuesta a la emergencia económica y social que se ha creado. El ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el gobierno es un paso, aunque insuficiente, – “No cubre nuestras expectativas, pero es una medida muy importante”- se dice desde CCOO. Mucho más conveniente y práctica sería una renta básica universal, como hemos defendido desde estas páginas. Lo que está en juego es quien paga: si los más ricos o las clases populares. Porque, tengámoslo bien presente, se trata de lucha de clases.

Las medidas que se necesitarían son bastante precisas: reforzar todo lo que sea público (sanidad, enseñanza) garantizar ingresos básicos para toda la población; garantía de suministros de agua, gas y electricidad; medidas contra los desahucios y control de los alquileres; planes de inversión públicos y de reorientación industrial; una planificación democrática de la economía para controlar las inversiones y los precios; avanzar hacia una banca pública; derogar las leyes injustas y antisociales de la época de Rajoy, como la reforma laboral, la ley Montoro y la ley Mordaza; impuestos para quien más tiene… Propuestas que han sido explicadas en este artículo y en este otro. Se trata de las medidas mínimas que este gobierno debería tomar para ir a la raíz de los problemas que exige afrontar esta dura crisis.

¿Existe una mayoría social y política para avanzar en esa dirección? Existe. Son las fuerzas políticas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, son variadas y no todas coinciden en las mismas propuestas, pero un pacto social y democrático entre ellas es lo que podría dar una respuesta en la dirección que planteamos. Esa alianza debería, además, ampliarse con los sindicatos, con los movimientos sociales, de mujeres, con los ayuntamientos, para mostrar que efectivamente son posibles otras políticas. El levantamiento del confinamiento está animando acciones y manifestaciones, concentraciones en el sector sanitario, lucha de Nissan contra el cierre, respuestas solidarias a la alarma social, etc. La movilización social tiene que ser el empuje para animar esas políticas y ampliar las alianzas.

Más que una nueva normalidad lo que se necesita es avanzar hacia una transformación social y democrática, que es una pelea aún sorda, pero muy potente, entre los intereses de la inmensa mayoría de la población trabajadora no rica y la oligarquía que sigue llevando la manija y no quiere soltarla. Porque se necesita resolver a favor de la mayoría trabajadora la contradicción entre las necesidades colectivas que la pandemia está planteando y los intereses privados de una minoría que controla los más importantes resortes económicos y del Estado. Y eso exige movilización, lucha y unidad.

Se pueden encontrar muchos ejemplos para insistir en que la nueva normalidad no sea una vuelta a fórmulas del pasado, no puede repetirse la situación de la sanidad pública, habrá que cambiar muchas cosas en la enseñanza, vale mucho más la pena invertir en investigación que comprar un tanque, etc. El cierre de Nissan es otro ejemplo. Hay que luchar para que no se cierre y salvar los miles de empleos directos e indirectos (tomando todas las medidas que sean necesarias) pero también hay que plantearse el tipo de política industrial que se necesita para el futuro (que no ha existido ni en el gobierno central ni en el catalán) y afrontar con mirada de futuro los problemas de la movilidad y del tipo de vehículos necesarios ante las diferentes crisis a las que se enfrenta la humanidad.

El escritor centroamericano Augusto Monterroso escribió uno de los cuentos más breves de la literatura: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Que al despertar de esta pandemia no nos volvamos a encontrar con el dinosaurio de las políticas antisociales y a favor de la austeridad del pasado.