El Sindicato de Inquilinas responsabiliza a las administraciones de los intentos de desahucio de Mari Carmen: “Ni Ayuntamiento, ni Comunidad, ni Gobierno han dado una solución”
- La organización denuncia un “dispositivo policial desproporcionado” y el “fracaso institucional” ante el cuarto intento de desalojo de la vecina de Retiro, que ha vivido 71 años en la misma casa. Hasta ocho furgones de policía antidisturbios.
- El Fondo buitre compró su piso exige 1.650 euros de alquiler frente a los 500 que paga en la actualidad.
- La ministra de vivienda, sobre Ayuso y el desahucio de Maricarmen: «Ayer, mientras los vecinos intentaban parar el desalojo, ella se fue a ponerle una alfombra roja a los fondos buitres que hoy quieren echarla».
Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro, afrontaba este miércoles su cuarto y, según el Sindicato de Inquilinas, definitivo intento de desahucio. A las 9:30 horas estaba prevista la llegada de la comisión judicial al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde cientos de personas han pasado la noche acampadas para tratar de impedir el desalojo. La anciana, que tiene una discapacidad reconocida del 50%, ha vivido 71 años en esa vivienda y paga puntualmente un alquiler de renta antigua de 500 euros que el fondo inmobiliario Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. pretende elevar hasta los 2.650 euros.
La Policía Nacional desplegó desde primera hora un operativo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha calificado de «dispositivo policial desproporcionado». Según la organización, a las 6:00 de la mañana llegaron ocho furgones de antidisturbios que comenzaron a acorralar a las personas concentradas y a amenazarlas con «sanciones administrativas y multas». La portavoz del sindicato, Alicia del Río, ha asegurado que en el interior del portal resistían unas 40 personas mientras «la jueza quiere que se ejecute» el desahucio. «Estamos cientos de personas haciendo fuerza en el cordón porque están nuestras compañeras solas defendiendo el portal de Maricarmen», ha declarado del Río.
ÚLTIMA HORA | Urbasesa se niega a aceptar la oferta de alquiler y van a proceder al desalojo de Maricarmen.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026
Somos muchas, pero necesitamos ser todavía más. Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa.
Ven ya a Sainz de Baranda, 46. pic.twitter.com/FHjY3eSIQ3
Vergüenza
Los manifestantes han intentado romper el cordón policial a gritos de «vamos a pasar», mientras los agentes han respondido con cargas contra quienes trataban de burlar el cerco. La Policía también ha impedido el acceso de los medios de comunicación al portal, e incluso ha movido furgones para tapar la visión de lo que ocurría en el interior del edificio. «No dejan que la prensa pueda hacer su trabajo», denunciaba Ángel, uno de los concentrados. «Me parece muy injusto que una persona de casi 90 años tenga que marcharse sin opciones».
Cientos de personas gritaron «no tenemos miedo», «Maricarmen se queda», «vecino despierta, desahucian en tu puerta» o «vergüenza» mientras la Policía se ha apresurado a apalear violentamente a varios de los protestantes que habían colocado tiendas de campaña en el acerado para evitar el desahucio.
Brutalidad policial en el desahucio de Maricarmen. La Policía Nacional muele a palos a un chaval que quiere evitar que echen a una señora de 87 años de su casa. Es demencial. pic.twitter.com/L2fdaA7hkf
— alemvelasco_ (@alemvelasco_) September 23, 2026
Fracaso de las administraciones públicas
El Sindicato de Inquilinas ha querido apuntar claramente a todas las administraciones públicas en este reiterado intento de desahucio. La organización sostiene que «ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno del Estado han dado una respuesta que permita poner fin de manera definitiva a una situación que se prolonga desde hace años». Desde el sindicato subrayan que Maricarmen «necesita una solución que le permita seguir viviendo en su barrio, no más anuncios».
La portavoz del sindicato ha apuntado directamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como responsable del operativo policial. Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado que están «en contra del desahucio» y que no pueden evitar que la Policía impida el acceso de los medios porque «no dirigen el dispositivo». Esta contradicción evidencia, según la organización, la falta de voluntad política para frenar un lanzamiento que consideran evitable.
Vamos a dejar las cosas claras de una puta vez, este tuit es de rabia contenida.
— José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) September 23, 2026
El fondo buitre se llama Urbajesa, Ayuso les ha abierto las puertas de Madrid para que hagan exactamente esto.
Comprar fincas enteras, con gente dentro, y después venderlo a un precio mucho más alto… pic.twitter.com/DIXKZJBNQs
Si bien es cierto que un desahucio es un procedimiento judicial y ninguna administración puede paralizar por sí sola una orden de lanzamiento dictada por un juez, la ley permite al juez suspender el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2026 si la persona acredita situación de vulnerabilidad económica y carece de alternativa habitacional. Entre las administraciones, las Comunidades Autónomas son las que cuentan con las competencias en servicios sociales y materia de vivienda, además de la potestad de ofrecer una alternativa habitacional, sobre todo en casos de vulnerabilidad como este.
¿Así es como promueves la vivienda @sanchezcastejon? ¿A qué vienen bocachas? Solo queremos que una mujer de 87 años que lleva 70 en su casa no se quede en la calle.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026
El @PSOE TIENE UN REAL DECRETO QJE PODRIA PARAR ESTO YA. pic.twitter.com/kNcYDUYAAy
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno que el Ministerio ha «acompañado el caso de Maricarmen» y ha mediado con la empresa propietaria para intentar adquirir la vivienda. Rodríguez ha cargado además contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de «proteger» a los fondos buitre: «Cuando los movimientos sociales estaban apoyando a Maricarmen, ella se fue a apoyar a los fondos que la están desahuciando».
El Sindicato de Inquilinas ha contrapuesto la situación de Maricarmen con la polémica del ático de Chamberí vinculado a Ayuso. «Mientras las instituciones encuentran fórmulas y recursos para aumentar el patrimonio de personas con poder, una vecina de 87 años lleva años luchando para no quedarse en la calle», han denunciado. El diputado de Sumar Enrique Santiago ha cargado contra el PSOE por su inacción: «No tienen la valentía suficiente para aprobar medidas que acaben con la especulación».
La organización también ha recordado que el Gobierno «tendría la posibilidad de parar el desahucio» con el Real Decreto sobre vivienda prometido en julio y que sigue sin aprobarse. Según el sindicato, si la norma ya estuviera en vigor, «Maricarmen podría acogerse a las medidas previstas y el lanzamiento quedaría suspendido».
Maricarmen, no estás sola.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026
Somos 200 personas en la puerta de tu casa para impedir el desahucio. Cientos más se están sumando junto al cordón policial.
Por ti y por todas. Hay que echar a los buitres.
Nos quedamos en nuestras casas. pic.twitter.com/oFkYU70UrW
El silencio mediático sobre los desahucios y el ruido interesado sobre las ocupaciones
El caso de Maricarmen evidencia una paradoja informativa que se ha consolidado en los últimos años. Mientras los desahucios por impago de alquiler o ejecuciones hipotecarias afectan a decenas de miles de personas cada año en España, los grandes medios de comunicación han ido desplazando progresivamente su atención hacia un fenómeno de dimensiones muy inferiores: las ocupaciones ilegales de viviendas.
Los datos oficiales desmienten la narrativa que sitúa la ocupación como una crisis de primer orden. Según el Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación de inmuebles representan una fracción mínima del total de delitos contra la propiedad. En 2024, las ocupaciones denunciadas no alcanzaron las 15.000 en toda España (el 0,04% de las viviendas en España), mientras que los desahucios por impago de alquiler superaron los 40.000 anuales solo en los juzgados civiles. La proporción es abrumadora: por cada ocupación denunciada, se ejecutan aproximadamente tres desalojos de inquilinos que no pueden pagar la renta.
A pesar de esta realidad estadística, los grandes grupos mediáticos han construido durante la última década un relato que sitúa la ocupación como una de las principales preocupaciones ciudadanas, llegando incluso a convertirse en eje de campañas políticas y reformas legislativas de urgencia. El resultado es una distorsión deliberada: mientras la okupación ocupa portadas, titulares y debates televisivos, los desahucios —mucho más numerosos y con consecuencias humanas demoledoras— quedan relegados a un segundo plano, cuando no directamente silenciados.
Están deshauciando a Mari Carmen, 87 años y dependiente, a la que un fondo buitre quiere subirle el alquiler a 2650 euros. Ni el Gobierno de Madrid ni el español lo han impedido. Solo han repartido palos.
— Oskar Matute (@OskarMatute) September 23, 2026
Si PP, VOX y Junts no hubiesen tumbado el escudo antidesahucios, Mari… pic.twitter.com/YCOkqxxeHb
El Sindicato de Inquilinas ha denunciado en múltiples ocasiones esta instrumentalización. «El problema no es que no existan recursos o viviendas, sino quién tiene acceso a ellas y qué intereses se priorizan a la hora de utilizarlos», sostienen. La organización apunta a una razón económica evidente: el sector inmobiliario es un anunciante estratégico para los grandes medios, y los fondos de inversión que operan en el mercado residencial —como Urbagestión— tienen vínculos accionariales con grupos editoriales y plataformas de comunicación.
La consecuencia de este desequilibrio informativo es una opinión pública moldeada por intereses ajenos al interés general. Mientras se criminaliza a los vulnerables y se exige mano dura contra la ocupación, se normaliza la expulsión de ancianas de sus hogares de toda la vida por parte de fondos buitre. El caso de Maricarmen es el recordatorio más brutal de lo que queda oculto cuando los focos mediáticos apuntan en la dirección contraria.
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