Convocado acto de apoyo el 28 de junio tras pedir la fiscalía nueve años de prisión para tres activistas por el derecho a la vivienda

El Sindicat de Llogateres ha denunciado «un ataque sin precedentes del poder inmobiliario y de la fiscalía», tras pedir este organismo un total de hasta nueve años de cárcel a dos inquilinos, Alpha y Fran, en alquiler en la calle Floridablanca de Barcelona y al portavoz del Sindicat, Jaime Palomera. Los hechos de los que son acusados se relacionan con la no renovación de contrato de alquiler y de «acoso inmobiliario» en un contexto de protestas contra el Govern, a quien se le exige una «ley de alquileres» para evitar casos como el que han denunciado hoy, en el que los inquilinos denunciaron acoso inmobiliario y vieron cómo no se les renovaba el alquiler. «Se trata de una criminalización de la protesta», han asegurado el portavoz, Jaime Palomera.

Ens demanen 9 anys de presó. #PerquèHemGuanyat pic.twitter.com/nZKZfXcsvG

— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) June 21, 2021

Palomera ha declarado que hay una «curiosa coincidencia en el tiempo, por un lado nos llevan una ley [la de regulación de los alquileres aprobada en el Parlament] y por otro la fiscalía intenta criminalizar la defensa de derechos; el Gobierno no ha de poner palos en las ruedas, ha de permitir que millones de familias se puedan beneficiar en el resto del Estado, extendiéndola, que en su ley de vivienda blinde la ley catalana. Si una ley funciona, ¿por qué la tumbas?».

«Hemos cumplido, y ellos nos han estado envenenando, agua con plomo, caños de amianto rotos, plagas de termitas, y ahora nos estamos enfrentando a la querella, es momento de decir basta, tenemos derecho a una vivienda digna», ha afirmado Alpha en rueda de prensa.

Los inquilinos observaron cómo el propietario, un gran tenedor, no les renovó el contrato, y le reclamaron negociar las condiciones del alquiler para seguir viviendo en el edifico de la calle Floridablanca, 92 de Barcelona. Los inquilinos y el Sindicat han denunciado al propietario por daños y perjuicios, pero a pesar de esto, la fiscalía pide tres años de cárcel por un «delito continuado de coacciones» y «violación de domicilio de persona jurídica», una petición superior a la de la acusación particular.

Desde el Sindicat insisten en que la protesta se hizo de forma pacífica ante una de las empresas de los propietarios. «Es un montaje sin pruebas que pretende hacer pasar la protesta pacífica del movimiento por un acto de violencia», ha remarcado Palomera que insiste en que solo se ejerció «desobediencia civil no violenta».

Anaïs Franquesa, abogada de la defensa, mantiene que «allí había periodistas, diputados y diputadas, que pueden acreditar cómo se llevo a cabo, y en cambio el juzgado ha optado por no admitir estos testigos».

Según los inquilinos, la propiedad mantenía en un estado insalubre el inmueble, en el que se acumularon plagas de termitas, amianto y cañerías de plomo en mal estado, pese a lo cual siguieron abonando el alquiler. El Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente sancionador a los dueños por el mal estado del edificio, que fue declarado por un perito como no habitable.