Redacción •  Vivienda • 20/09/2020

El ministro Campo se manifiesta dispuesto a introducir cambios legislativos para facilitar los desalojos

  • A pesar de la ausencia de datos que corroboren el supuesto crecimiento de los casos de ocupación, el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo se muestra favorable a introducir cambios legislativos, principalmente en medidas cautelares como el desalojo.
El ministro Campo se manifiesta dispuesto a introducir cambios legislativos para facilitar los desalojos
El ministro de Justicia Juan Carlos Campo / GE

El Ministro de Justicia Juan Carlos Campo ha manifestado su predisposición a realizar cambios legislativos para facilitar los desalojos, a pesar de que los datos de su propio ministerio han desacreditado la alarma social generada por algunos medios de comunicación y determinados partidos políticos sobre una supuesta «alarma okupa». Campo, letrado de profesión y conocedor de la diferencia entre los tipos penales de allanamiento y ocupación, ha transmitido una posición favorable a tomar medidas legislativas sobre el tema en una entrevista concedida a la agencia Europa Press.

En la misma, Campo afirma que «no puede negarse la existencia de un problema y una gran preocupación social». Para dar respuesta a este supuesto problema, Campo aboga por facilitar la instrucción de desalojos para permitir «una mejor y más rápida actuación judicial». Con su posicionamiento, el ministro socialista parece abrazar las tesis de buena parte del espectro político conservador que se ha subido a una campaña de alarmismo social, oportunamente realizada en un momento en el que se prevén numerosos impagos hipotecarios y de alquileres tras los catastróficos efectos económicos de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.

El pasado mes de julio, Ciudadanos presentó una ley para agilizar el desalojo y endurecer las penas que fue rechazada en el Congreso. Sin embargo, desde Interior, una instrucción emitida por el ministro Fernando Grande-Marlaska para facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado esta práctica en casos como el «allanamiento de morada, establecimiento al público o dominio de persona en casos de usurpación flagrante».

Se calcula que el número de ocupaciones ilegales de viviendas se sitúa en torno a los 12.000 casos, una cifra muy inferior a los casos de desalojos por impagos de hipotecas y alquileres, auténtico elemento de interés para los grandes propietarios de vivienda.


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