El gobierno autonómico de Madrid plantea un proyecto de ley ultraliberal y privatizador para incitar un crecimiento urbano acelerado e ilimitado
- El Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región LIDER pretende, según denuncian, una mayor desprotección de los espacios rurales y naturales, limitar la participación ciudadana, desamparar el patrimonio histórico-cultural, plantear un crecimiento que saturaría más aún la ya desbordada capacidad de carga del territorio y daría carta blanca al gobierno de la Comunidad de Madrid para implantar macro proyectos en cualquier lugar de la región.
- Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha planteado un detallado escrito de alegaciones durante el periodo de información pública y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que manifiesten activamente su oposición a un anteproyecto que, según denuncian, “es una manifestación de la dinámica trumpista en la que está embarcado el gobierno regional”.
Tras 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y 30 de la ley de ordenación territorial, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner al día esta legislación refundiéndola en un único texto legal. Ecologistas en Acción considera como “oportunidad histórica” la elaboración de una normativa a la altura de los enormes desafíos que enfrenta la región en esta materia: “desde la crisis habitacional a la proliferación de usos y actividades incompatibles en los suelos rurales y espacios naturales, pasando por la sobreexplotación del suelo urbano mediante operaciones especulativas y la mercantilización del espacio público”. Todo ello en un marco que consideran de creciente desigualdad social y de crisis climática que, aseguran, se manifiestan de forma dramática en ciudades y territorios.
La respuesta del gobierno regional es un anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, que ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública durante el breve periodo de un mes, incluyendo las vacaciones de Semana Santa. Ecologistas en Acción ha valorado como “exiguo” el plazo para que la ciudadanía pueda estudiar y opinar sobre un anteproyecto de 323 artículos y 24 disposiciones, que consideran de una complejidad técnica y jurídica considerable y con gravísimas implicaciones sociales y medioambientales. Precisamente para disponer de más tiempo de cara a valorar tan extenso articulado, la organización ecologista, además de otras entidades sociales, presentaron una reclamación para la ampliación del plazo que no ha recibido respuesta por parte de la consejería competente.
La organización censura la nula voluntad de las autoridades autonómicas por contrastar socialmente el proyecto, que considera no responde en absoluto a las necesidades de la región, y ha presentado un documento de alegaciones en el que critican que la principal motivación de la ley y el sentido de sus disposiciones apunten a un mismo objetivo: “desregular la actuación urbanizadora y facilitar la intervención de los agentes inmobiliarios y la materialización de sus intereses, todo ello bajo el mantra reiterativo de agilizar, flexibilizar y simplificar la tramitación de los planes urbanísticos”. Recuerdan que precisamente estos principios de actuación son coherentes con los antecedentes legislativos regionales más recientes en la materia, en concreto la llamada ley Ómnibus 2024 (Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de ‘medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio’) y la creación de la Aceleradora Urbanística (decreto 92/2025, de 10 de diciembre de la Comunidad de Madrid).
Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto responde a un objetivo ultraliberal y privatizador del urbanismo y refleja una visión de crecimiento urbano ilimitado y acelerado de la región, basada en hipótesis que tildan de fantasiosas sobre un supuesto aumento de la población y en la ignorancia de los impactos medioambientales, la situación de sus recursos vitales y la capacidad de carga de sus infraestructuras y servicios, al margen de cualquier modelo territorial racional y sostenible.
La organización ha incluido en sus alegaciones observaciones sobre lo que consideran la renuncia definitiva del gobierno regional a ejercer sus deberes de ordenación integral del territorio, facilitando distintos instrumentos legales que se impondrían al planeamiento de los propios municipios, e incluso sobre suelos protegidos por sus valores naturales o agropecuarios. A este respecto han manifestado su temor a que detrás de esta batería legal puedan surgir macroproyectos recreativos, logísticos, energéticos, centros de datos, etc. que supongan nuevas agresiones al territorio que se complementarían con la permisividad casi total de usos ‘excepcionales’ en el suelo rural.
Por otra parte, aseguran que el anteproyecto más que agilizar y simplificar lo que introduce es una notable confusión e incertidumbre, merma las medidas para la preservación del patrimonio y la cultura que tradicionalmente se ha vehiculizado por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, cuya relevancia y obligatoriedad reduce significativamente e instaura un nuevo modelo que confía a la iniciativa privada el diseño de ciudades y pueblos.
Ecologistas en Acción considera que el texto incluye disposiciones que rozan la inconstitucionalidad, como es la pretensión de cercenar las declaraciones judiciales de nulidad de los planes y permitir su tramitación en ausencia de informes sectoriales preceptivos, recortando la participación ciudadana en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, todo lo cual supondría una reducción significativa de los controles ambientales.
En definitiva, la organización denuncia la falta de respuesta por parte de este nuevo anteproyecto a los retos sociales y ambientales de la Comunidad de Madrid y critica que la actuación desreguladora del gobierno regional pretenda dejar la región a merced del capital financiero e inmobiliario.
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