El acceso desigual al ocio en la era de las plataformas

Existe un relato dominante sobre la digitalización del entretenimiento que suena aproximadamente así: hoy cualquiera puede acceder a más contenido que nunca, desde cualquier lugar, a un coste menor que en cualquier momento de la historia.

Es un relato cómodo, optimista y parcialmente cierto. Pero deja fuera una pregunta incómoda que conviene formular: ¿cualquiera quién? Porque cuando se analiza con detalle quién accede realmente a ese ocio digital supuestamente universal, las grietas del discurso aparecen con bastante rapidez.

La brecha digital no es solo una cuestión de acceso a internet. Es una cuestión de calidad de conexión, de capacidad económica para sostener múltiples suscripciones, de alfabetización tecnológica para navegar un ecosistema cada vez más complejo y de tiempo disponible para dedicar al entretenimiento.

Y en España, donde la desigualdad económica no ha dejado de crecer en la última década, esa brecha tiene consecuencias concretas en algo que tendemos a considerar secundario pero que no lo es: el derecho al ocio.

La ilusión del acceso universal

Sobre el papel, el entretenimiento digital es más accesible que nunca. Una conexión a internet y un teléfono móvil dan acceso a plataformas de streaming, redes sociales, juegos de todo tipo, desde apps gratuitas hasta plataformas de ruleta online que ofrecen entretenimiento, podcasts, prensa digital, bibliotecas virtuales y un catálogo prácticamente infinito de contenido audiovisual. El coste individual de cada servicio parece bajo: diez euros aquí, ocho euros allá, cinco euros por una suscripción adicional.

Pero la acumulación de esos costes aparentemente modestos configura una factura mensual que no todos los hogares pueden asumir. Un informe reciente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación estimaba que el hogar español medio destina ya entre 50 y 80 euros mensuales a servicios de entretenimiento digital.

Para una familia con ingresos holgados, esa cifra es insignificante. Para un hogar en situación de precariedad, y en España hay millones, representa una elección entre entretenimiento y necesidades básicas que no debería ser necesario hacer.

La brecha generacional que nadie resuelve

Hay una segunda dimensión de esta desigualdad que afecta especialmente a la población mayor. La digitalización del entretenimiento no solo trasladó contenido del mundo físico al digital; en muchos casos, eliminó la alternativa analógica. Videoclubs que cerraron, salas de cine de barrio que desaparecieron, quioscos de prensa que echaron el cierre, programación de televisión en abierto cada vez más empobrecida. Para quien no tiene habilidades digitales o no puede costearse los dispositivos y suscripciones necesarias, la oferta de ocio accesible se redujo en lugar de ampliarse.

Los programas de alfabetización digital para mayores existen, pero suelen ser insuficientes en alcance y continuidad. Se enseña a usar el móvil para hacer gestiones bancarias o pedir cita médica, lo urgente, pero rara vez se aborda el entretenimiento digital como una necesidad legítima. Como si el ocio fuera un lujo prescindible y no un componente esencial del bienestar, especialmente para personas en situación de soledad no deseada.

La geografía también importa

La brecha no es solo económica y generacional. También es territorial. En la España rural, donde la conectividad sigue siendo deficiente en muchas zonas a pesar de los planes de inversión pública, el acceso al entretenimiento digital está condicionado por una infraestructura que no llega o que llega en condiciones precarias.

Una conexión inestable o excesivamente lenta no solo impide ver una serie en streaming; impide participar en cualquier forma de ocio digital que requiera ancho de banda mínimamente decente.

La paradoja es amarga: las poblaciones que más se beneficiarían del entretenimiento digital, aquellas con menor oferta de ocio presencial por su tamaño o ubicación, son precisamente las que tienen más dificultades para acceder a él. El pueblo de trescientos habitantes donde cerró el último bar y no hay cine en cincuenta kilómetros a la redonda es el que peor conexión a internet tiene.

Ocio como derecho, no como privilegio

El entretenimiento no es un capricho. Está reconocido como un componente del derecho al descanso y al tiempo libre en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando la digitalización se presenta como la gran democratizadora del acceso al ocio, conviene verificar que esa democratización sea real y no simplemente declarativa.

Eso implica políticas públicas que garanticen conectividad de calidad en todo el territorio, programas de inclusión digital que aborden el entretenimiento como necesidad legítima y no solo como distracción, y una reflexión colectiva sobre qué significa que el acceso al ocio dependa cada vez más de la capacidad de pagar suscripciones mensuales.

El entretenimiento digital puede ser muchas cosas. Pero si solo es accesible para quien puede permitírselo, no es la revolución democrática que nos vendieron.