Condenados tres altos oficiales del ejército chileno por quemar archivos de la dictadura
- La justicia chilena confirmó hoy las sanciones contra tres exmiembros del ejército, entre ellos dos antiguos generales, por su responsabilidad en la destrucción de archivos de la dictadura (1973-1990).
Durante los años 2000 y 2001, esos militares quemaron en la Escuela de Inteligencia del Ejército documentos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que funcionó como un órgano de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de opositores al régimen de Augusto Pinochet.
Por ese delito, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo de tres años de prisión más una multa para el exgeneral de brigada del ejército Eduardo Jara Hallad y para la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas.
Ambos fueron responsabilizados por infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública.
Mientras, el exgeneral de división Carlos Chacón Guerrero deberá cumplir 200 días de reclusión más el pago de una multa, en calidad de encubridor del mismo delito.
El abogado Francisco Ugás Tapia, uno de los querellantes en la causa, valoró el fallo, pero cuestionó las bajas penas confirmadas, atendiendo al delito cometido y sus perniciosas consecuencias.
La destrucción de los archivos correspondientes al período 1980-1982 impide que la justicia cuente con antecedentes para el establecimiento de la verdad y sanción de crímenes de lesa humanidad en múltiples casos en que intervino la CNI, dijo el letrado, y anunció que apelará la sentencia.
Estos documentos eliminados contenían información clave acerca de cómo actuaba la CNI, así como las operaciones de espionaje e intimidación orquestadas contra el expresidente Eduardo Frei Montalva, quien ejerció el mando entre 1964 y 1970.
Aunque Frei Montalva apoyó inicialmente el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, después se convirtió en un opositor de la dictadura.
El expresidente falleció en 1982 tras una cirugía estomacal en la clínica de Santa María y en 2019 la justicia condenó por homicidio a seis personas, incluyendo médicos y agentes de la CNI, pero en 2023 la Corte Suprema absolvió a todos los acusados y descartó la tesis de un envenenamiento.
En esa misma clínica murió pocos días después del golpe de Estado el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, al parecer por la inyección de una toxina encontrada en sus restos, y su chofer y familiares afirman que fue envenenado.
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