El Gobierno de coalición da seis meses al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para retirar el monumento del Ángel a la Victoria de Franco

El Ministerio de Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha ordenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la retirada del espacio público del monumento a Franco, también conocido como Monumento a la Victoria o Monumento del Ángel, en un plazo de seis meses. La resolución, publicada este lunes, incluye la escultura del artista Juan de Ávalos en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La decisión del Ejecutivo central se produce después de que el Pleno municipal rechazara el pasado viernes, con los votos en contra del equipo de gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) y Vox, una moción presentada por el PSOE que exigía la retirada inmediata del monumento. Los grupos contrarios a la retirada argumentaron entonces que la obra no incumple la ley y que su autor fue represaliado por el franquismo.

Memoria Democrática.- Ángel Víctor Torres, sobre el conocido como monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. @avtorresp @territorialgob @PSOECanarias @PSOE pic.twitter.com/DeA8GiCPMx

— Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) June 30, 2026

«Un acto de dignidad democrática»

El ministro Ángel Víctor Torres defendió la orden como «un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura«. La resolución se fundamenta en el informe del Gobierno de Canarias, emitido el 21 de mayo, que rechazó la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC) al considerar que «no concurren valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de un monumento cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura».

El dictamen del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, adoptado por «amplísima mayoría y sin votos en contra», subraya además que «un monumento erigido para la exaltación personal de un dictador no puede entenderse resignificado por el mero transcurso del tiempo ni por la familiaridad que una parte de la ciudadanía haya desarrollado respecto de su presencia en el espacio urbano».

El Ayuntamiento estudia «consecuencias»

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que los servicios jurídicos y administrativos del Consistorio están analizando la resolución ministerial y sus posibles repercusiones . «Necesitamos analizar todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreros, ya que el Ministerio de Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales», señaló Bermúdez.

No obstante, el regidor municipal reiteró que «este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática».

Depósito y custodia sin exposición pública

La resolución ministerial determina que la escultura deberá ser retirada de su ubicación actual en la confluencia entre la avenida Anaga y las Ramblas, y su depósito y custodia «se realizarán en una dependencia pública, determinada por la administración titular, sin que ello implique en ningún caso su exposición pública» . El Ayuntamiento dispone de seis meses para cumplir «de forma voluntaria» con una resolución que, según fuentes del Ministerio, «no pone» fin a la vía administrativa y contra la que cabe recurso.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya había recurrido en el pasado la inclusión del monumento en catálogos anteriores de vestigios franquistas, que fueron tumbados por los tribunales. El alcalde Bermúdez defendió entonces que, «a día de hoy, oficialmente, con independencia de lo que cada uno pueda opinar, ese monumento no es un vestigio franquista» porque no existía una declaración oficial que lo certificara. Ahora, esa certificación ha llegado por parte del Ministerio de Memoria Democrática, que ha culminado el expediente para incluir la obra en el catálogo estatal.

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