Empeora el hostigamiento y la criminalización de líderes indígenas de Guatemala
- Sofía Tot y Cristóbal Pop han sido los últimos defensores medioambientales detenidos tras las denuncias que habían realizado por expolios de tierras e impactos de mineras en zonas mayas.
- “El caso de Sofía es uno más de persecución y criminalización de las personas defensoras en este país, donde se inventan delitos para encarcelarnos y acosarnos”, ha declarado la también defensora y abogada Ana Rutilia Ical.
22/06/2022.- El hostigamiento y la criminalización de los y las líderes indígenas que defienden su territorio, así como el acoso a las organizaciones sociales, está aumentando a pasos agigantados desde las instituciones judiciales de Guatemala, que están deteniendo, bajo acusaciones arbitrarias, a personas defensoras de los derechos humanos y ambientales.
En los últimos días, la lideresa maya comunitaria del pueblo poqomchí Sofía Tot y el líder Cristóbal Pop han sido detenidos tras participar en acciones de protesta de índole ambiental. Los hechos ocurren apenas unas semanas después de que saliera de la cárcel el defensor de los ríos Bernardo Caal Xol, tras pasar más de cuatro años en prisión por un delito cuya condena se basó en un proceso lleno de irregularidades, como constataron organizaciones internacionales.
La detención de Sofía Tot se produjo el pasado domingo, cuando se encontraba en su domicilio, con su madre de avanzada edad. Fue conducida por la policía, mediante engaño –le dijeron que requerían sus servicios de traductora–, hasta la comisaría, de donde fue trasladada a la prisión de Cobán. Tot es la representante de los pueblos indígenas ante el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano (CODEDE) de su localidad, Purulha, en Baja Verapaz, y pertenece al movimiento de resistencia para la recuperación de la tierra ancestral del pueblo maya poqomchí.
La activista siempre ha trabajado en defensa de la Sierra de las Minas, afectada por concesiones de extracción de minerales, pese a ser un territorio que en un 52% es bosque húmedo tropical, hoy muy afectado por la deforestación y por la contaminación de sus ríos. Según información oficial, está acusada del delito de “usurpación de un área natural protegida”. En concreto, señalan que por acceder a una zona donde habita la emblemática ave quetzal.
“El caso de Sofía es uno más de persecución y criminalización de las personas defensoras en este país, donde se inventan delitos para encarcelarnos y acosarnos”, señala la también defensora, además de abogada, Ana Rutilia Ical. Ambas han participado en la campaña de DesTieRRRadas de la ONG Alianza por la Solidaridad, que busca visibilizar a nivel internacional las especiales violencias que sufren las defensoras de derechos medioambientales por el hecho de ser mujeres. Solo en 2021 hubo 839 ataques a personas defensoras, según la organización local UDEFEGUA.
Más casos
Apenas unos días antes del arresto de Tot, el pasado 14 de junio, había sido detenido Cristóbal Pop, autoridad ancestral de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores del lago Izabal. Pop participó durante 20 días en una protesta pacífica (un ‘plantón’) en las cercanías del proyecto minero Fénix, perteneciente a una empresa subsidiaria de la compañía de capital ruso-suizo Solway Investment Group.
Cristóbal Pop y el resto de los líderes acababan de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado los despojó de sus tierras y las registró a nombre de personas y empresas ilegalmente, produciendo conflictos agrarios. Consideran también que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en lugar de proteger los bienes naturales, ha cedido a los intereses mineros porque no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que marca la normativa internacional en lo que afecta a pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT. Por último, solicitaban a la CIDH medidas cautelares por los ataques y amenazas que ejercen Solway y sus simpatizantes sobre las autoridades q´eqchi´.
En declaraciones reciente recogidas por Alianza, Cristóbal Pop señalaba: “En el lago Izabal encontramos muertos manatíes, tortugas, peces, lagartos, por los químicos que vierte la minera tras procesar el níquel. Pero las autoridades no hacen nada. Aquí, en Guatemala, los tres poderes están cooptados por la corrupción. Ya han logrado que tenga una orden de captura pero, sobre todo, tengo miedo de que se metan con mi familia, como ya ha pasado en casos cercanos”. Sus temores se han cumplido.
Desde Alianza por la Solidaridad se insta a la comunidad internacional y al Gobierno español a que exijan al Estado de Guatemala la inmediata puesta en libertad de los y las defensoras de derechos que sufren este brutal acoso; así como a que se presione para el total cumplimiento de los derechos humanos y ambientales en las comunidades, hoy abandonadas en manos de grandes proyectos extractivistas.
“Aquí se sacan un encarcelamiento de ‘debajo de la manga’ en un momento y luego es muy complicado demostrar que la acusación no es cierta”, concluye Ana Rutilia Ical, que también interpuso un recurso de amparo en su país ante la justicia por no haberse llevado a cabo la preceptiva consulta previa, libre e informada en la construcción del complejo de la hidroeléctrica RENACE en el río Cahabón, obra ejecutada casi en su totalidad por la empresa española Grupo COBRA-ACS.
Las detenciones en Guatemala se enmarcan en el contexto de persecución y amenazas que hay en toda la región. Ayer mismo se informó de que ha sido condenado el autor intelectual del asesinato a tiros de la activista hondureña Berta Cáceres, seis años después del crimen. Roberto David Castillo era ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que iba a construir la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que Cáceres se oponía. Ha sido condenado a 22 años de cárcel.
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