2016, el peor año de la historia para el activismo ambiental

Así, al menos 200 personas fueron asesinadas en 2016, más del doble del número de periodistas (79), una tendencia en incremento desde el 2015, que registró 185 víctimas, y que se está expandiendo, con asesinatos reportados en 24 países, en comparación con los 16 países del 2015.

El informe «Defender la Tierra», documenta por ejemplo que los asesinatos se han triplicado en la India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes, pero debido a la existencia de muchas lagunas en el acceso a la información «probablemente el total global sea mucho más alto» -señala la ONG en un comunicado-. Según Global Witness, «los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos».

Según Ben Leather, responsable de campañas de Global Witness, “estos hallazgos cuentan una historia macabra» porque «la lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas» pues «más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada».

EL DRAMA INDÍGENA

Según el informe, casi el 40% de las personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, pues las tierras que han habitado generacionalmente «son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales». Además, usualmente, «los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos».

Frente a la injusticia, la protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier precio. 

CRIMINALIZACIÓN DEL ACTIVISMO

El informe de Global Whitness también señala la criminalización de las y los activistas por todo el mundo -incluso en Estados Unidos-, que «suelen ser presentados como criminales» y en ocasiones «deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos». Para Ben Leather, «los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”.