Como es habitual la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el país; este año el material destaca que la corrupción y el uso de la Justicia por parte de los sectores de poder político y económico son barreras fundamentales para la vigencia plena de derechos fundamentales en el país. “La corrupción tiene implicancias sobre el sistema de Justicia, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. En Paraguay existe una confabulación perversa del poder con la justicia” señaló Oscar Ayala, Secretario Ejecutivo de la Codehupy.

En el informe, Milena Pereira, autora del artículo sobre Reforma Agraria, destaca que durante el año 2018 existió una “agudización de los conflictos sociales relacionados con la tenencia de la tierra, y la intensificación de la violencia contra comunidades campesinas y comunidades indígenas, motivada por dichos conflictos”. Esta agudización de los conflictos y la violencia se reflejó en el asesinato de María Esther Riveros, dirigente de la Comisión “Mujer Paraguaya San Juan Poty”, ocurrido en marzo de este año; con ella suman 122 los dirigentes campesinos asesinados desde 1989 hasta la fecha.

Por su parte las organizaciones campesinas integrantes de la Vía Campesina/Paraguay conmemoraron la fecha con un Panel Debate respecto a los Derechos Campesinxs y la Reforma Agraria. El espacio sirvió para socializar algunos elementos de la propuesta de Reforma Agraria que las organizaciones vienen debatiendo desde hace más de un año, buscando que más sectores puedan participar de la construcción de una propuesta política fundamental “para la defensa del territorio, de la soberanía y de los derechos humanos”.

Las organizaciones destacaron la importancia de la agricultura campesina para garantizar el Derecho a la Alimentación, indicaron que mientras el país destina solo 5 de cada 100 hectáreas a producir alimentos, el 11% de la población paraguaya es subnutrida; según denunciaron también aumentó la cantidad de alimentos importados, y con ello la dependencia alimentaria.

Santiago Tijera, de la Organización de Lucha por la Tierra, señaló que esta es una jornada de lucha, “más aún cuando tenemos un escenario complejo y difícil para las organizaciones en nuestro país y en toda la región”. El dirigente indicó también que es fundamental la lucha conjunta de las organizaciones campesinas para defender los derechos del campesinado ante el avance de la criminalización y la violencia por parte de los sectores de poder vinculados al agronegocio.

La jornada de conmemoración del Día de los Derechos Humanos concluye con una marcha por el microcentro de la capital, Asunción. La movilización fue convocada por organizaciones sociales y políticas bajo la consigna “Los Derechos Humanos no se negocian. Se defienden con soberanía y poder popular”.

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Manifiesto de la Marcha Unitaria

*Marchamos en esta jornada histórica, en el marco del 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo la consigna “Los Derechos Humanos no se negocian: se defienden con Soberanía y Poder Popular” porque solo de esta manera se realizará una efectiva defensa de nuestros derechos individuales y colectivos ante un Estado que insiste en implantar el miedo a través de medidas opresivas contra el pueblo. Le decimos al Estado “no negociamos lo que es sagrado para el bienestar social, no mercamos con lo que es vital para la democracia”.

Aunque de los movimientos sociales y de la organización de la clase trabajadora dependa la construcción del poder popular, el que debe proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos en territorio nacional es el Estado paraguayo, por lo que exigimos a sus representantes el respeto y el cumplimiento pleno de los mismos.

Hoy más que nunca es necesario articular nuestros esfuerzos organizativos bajo la bandera de los Derechos Humanos porque los avasallamientos se hacen cada vez más cruentos e impunes. No hay conquistas jurídicas y políticas que no estén bajo amenaza: se viola la legislación ambiental, la dignificación del trabajo; los derechos a la salud, a la educación en todos sus niveles, a la libertad de las personas, a nuestras culturas ceñidas de territorio, a ser diversos en cuanto a identidades.

Quienes respondemos a esta convocatoria y movilización lo hacemos ante la necesidad de recuperar la soberanía territorial, cultural, alimentaria, política y energética para fortalecer el proceso de poder popular, ya que incluso las posibilidades de erigir ese poder popular están siendo atacadas en un Estado que se supone regido por una Constitución que establece libertades ideológicas y de pensamiento. Sin embargo, vivimos en un Estado que criminaliza la protesta social y donde existen presos políticos.

Denunciamos las permanentes violaciones a los Derechos Humanos que sufre nuestro pueblo en el campo y en la ciudad, en los colegios, las universidades, en los ambientes de trabajo; en todos los ámbitos del quehacer popular estamos siendo abusados, pero ante esta realidad declaramos que el poder popular es aval de defensa colectiva de los derechos adquiridos.

Esta movilización es una impugnación al discurso de odio xenófobo, misógino, racista y anti-derechos con que se expresa la clase oligárquica vinculada a los poderes del Estado, el cual ha usado y usa sistemáticamente la fuerza represiva y la violencia para acallar nuestras demandas como mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes y de la clase trabajadora.

Exigimos el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, así como la recuperación de los bienes y tierras malhabidas por jerarcas del poder dictatorial. El castigo ejemplar a estos crímenes es una garantía fundamental para la no repetición de los mismos. Exigimos el cese de las persecuciones a luchadoras y luchadores sociales así como la liberación de todas las presas y presos políticos.

A su vez ratificamos que este es el momento en que se intensifica el terrorismo de Estado en el campo y ante tal situación nuestro planteamiento es el de una verdadera Reforma Agraria Integral para devolver al campesinado y los pueblos indígenas sus derechos conculcados, para recuperar su territorio de las garras del agronegocio, frenar la deforestación criminal y reducir los efectos del cambio climático; así como también, el acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios básicos como salud, trabajo y educación en todos sus niveles para garantizar una vida digna al pueblo paraguayo.

Juntos y juntas, ante esta oleada represiva e intolerante, decimos firmemente que los Derechos Humanos no se negocian, ¡se defienden con Soberanía y Poder Popular!

Asunción, 10 de diciembre de 2018

Aireana-Grupo por los Derechos de las Lesbianas / Carreras de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA) / Centro de Estudiantes Universitarios Residentes en Asunción (CEUNIRA) / Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) / Coordinadora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNAT’s) / Frente Guasu-Partido Convergencia Socialista (PCS)-Partido de la Participación Ciudadana (PPC)-Fuerza Común… / Frente Recoleta / Igualdad de Género SÍ / Ofensiva Universitaria / Partido Comunista Paraguayo (PCP) / Partido de los Trabajadores (PT) / Plataforma Social por los Derechos Humanos, Memoria y Democracia / Red por el Respeto a la Educación del Paraguay / Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-La Vía Campesina / Unión Nacional de Estudiantes del Paraguay (UNEPy).