Se duplica la cifra de activistas ambientales asesinados en solo dos años, de los que el 40% son indígenas

07 agosto 2019. – Una investigación científica publicada esta semana revela que 1.558 personas que lideraban protestas por conflictos ambientales han muerto en el mundo entre 2002 y 2017, una cifra que supera al número de soldados británicos y australianos muertos en zonas de guerra en ese tiempo. Las regiones más mortíferas para estos defensores y defensoras, la mayoría de origen indígena (son el 40% de los asesinados) eran de Centroamérica (36% de las muertes) y Sudamérica (32%), según el trabajo de la revista ‘Nature Sustainability’, que refleja cómo en estos 15 años se duplicó la cifra de crímenes, sobre todo en países con altos niveles de corrupción y un Estado de derecho débil.
 
Con motivo del Día Internacional por los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, Alianza por la Solidaridad denuncia esta creciente presión sobre las comunidades indígenas y recuerda que los conflictos, casi siempre, son provocados o cuentan con la colaboración de grandes empresas transnacionales. Muchas de las personas activistas indígenas que no son asesinadas, acaban crimininalizadas, perseguidas y acosadas.
 

Alianza por la Solidaridad  recuerda, en este día, el caso del líder maya q’qechí Bernardo Caal Xol, preso en Cobán (Guatemala) desde hace más de año y medio. Caal Xol es un maestro que lideró la defensa del río Oxec y del río Cahabón en Alta Verapaz, enfrentándose a grandes hidroeléctricas. Cabe recordar que las obras de en cauce del Cahabón, la hidroeléctrica Renace que afecta a más de 29.000 q’eqchís, son realizadas por el grupo empresarial español Cobra (ACS). Alianza, que documentó el expolio de este río, mantiene activa una campaña exigiendo la inmediata liberación de Bernardo, campaña que ya ha recogido más de 13.000 firmas: 

 

Los últimos datos, recabados por Global Witness, señalan que en este país sólo en un año se han quintuplicado los asesinatos de defensores del territorio y el medio ambiente, pasando de tres en 2017 a 16 en 2018, lo que convierte a Guatemala en el país más peligroso del mundo en relación con su población. Colombia es el segundo país (tras Filipinas) con más muertes de indígenas registradas: 22 en dos años. En todo caso, Alianza recuerda que se trata de los casos documentados, dado que muchos crímenes quedan registrados como casos de delincuencia común o ajustes de cuentas que ocultan sus causas reales.
 
Un 25% de la Tierra es de los indígenas
 
Los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos de tenencia sobre al menos 38 millones de km cuadrados a nivel mundial, una cuarta parte de la superficie terrestre que se superpone con cerca del 40% de las áreas terrestres protegidas y/o paisajes ecológicamente intactos, señalan los autores de la investigación de las universidades de Queensland, Sussex y Oxford.
 
Los conflictos sobre los recursos naturales y la tierra se fundamentan en la falta de reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra o la mala aplicación de la ley para proteger esos derechos, cuando se vulnera o se tergiversa esta legislación. Es el caso del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que ni siquiera se aplica en los países donde se ha ratificado. En el caso de la hidroeléctrica Renace, recientemente un fallo judicial obliga a realizar una consulta en las comunidades afectadas que debiera haber sido previa y para la que aún no hay fecha, pese a estar la obra prácticamente terminada.
 
 “Aunque la evidencia es cada vez mayor de que los territorios indígenas son igualmente o más efectivos para conservar los bosques que las áreas protegidas administradas por el Estado, la continua falta de derechos, la represión y la marginación y la liberalización de la inversión externa significa que estos grupos están más sujetos a la violencia con impunidad”, señalan en la investigación.
 
Entre las iniciativas más dañinas, hay que señalar a la agro-industria, la minería y las grandes hidroeléctricas, que cuentan con apoyo gubernamental e incluso judicial en muchos de los países. El caso del líder indígena Bernardo Caal, denunciado también por la Relatora Especial de la ONU, es un claro ejemplo de ello: fue encarcelado y condenado a más de siete años de cárcel por “instigación a delinquir, amenazas y retenciones ilegales” tras participar en una protesta contra una hidroeléctrica; el recurso judicial que ha interpuesto contra esta sentencia, debía haberse visto en la Audiencia de Cobán a finales de julio, pero no se presentaron los magistrados y ahora ha sido aplazado a finales de agosto: “Los magistrados no vinieron. Son tácticas dilatorias, una estrategia: en esa sala de apelaciones ya son cinco ocasiones en las que me suspenden las audiencias. Se trata de pura criminalización”, ha señalado en un mensaje Caal Xol desde la infame cárcel de Cobán.
 
Alianza por la Solidaridad mantiene activas acciones, investigaciones y su apoyo a las comunidades indígenas afectadas por las inversiones no responsables de las empresas, dentro de la campaña TieRRRa. En este sentido, mantiene abiertas iniciativas de apoyo a las comunidades y los líderes indígenas en Guatemala, El Salvador y Colombia.
 
Alianza por la Solidaridad, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, exige al Gobierno español en funciones que apoye en los foros internacionales medidas que favorezcan la obligatoriedad de la defensa y máxima protección de los derechos humanos y ambientales por parte de las empresas, así como el apoyo a las personas defensoras amenazadas y criminalizadas por la defensa de sus territorios cuyas vidas corren peligro.
 
 
FIRMA POR LA LIBERACIÓN DE BERNARDO CAAL XOL