Gobierno de coalición blinda el Patrimonio Histórico Español para evitar acciones unilaterales de CCAA o Iglesia

El Consejo de Ministros del pasado 21 de junio, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, tomó conocimiento del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El objetivo del proyecto, tal y como recoge la web del Ministerio de Cultura y Deporte, es actualizar y mejorar la legislación de Patrimonio Histórico Español, garantizando su conservación y conocimiento, así como el ejercicio de la competencia constitucional del Estado en la defensa del Patrimonio Histórico contra la expoliación, y enriquecer y ampliar igualmente la noción de patrimonio cultural inmaterial, para una mejor acción de salvaguardia.

Esto significa una mayor protección para el patrimonio histórico de todo el país, pues cualquier tipo de intervención sobre monumentos considerados Patrimonio Mundial por la Unesco deberán contar con la doble verificación del Gobierno Autonómico y -ahora- también del Gobierno Central. En la práctica, el objetivo de la futura ley limitará el poder de las comunidades autónomas para actuar unilateralmente sobre el Patrimonio de todos. Se imposibilita que las CCAA relajen la protección del patrimonio histórico de España e imposibilita acciones como la perpetrada por el Obispado en la Mezquita de Córdoba, cuando se retiró una de las cuatro celosías de la fachada norte.

Tras pasar por el Consejo de Ministros sólo queda someter el texto a audiencia e información pública y recabar los informes correspondientes, con carácter previo a su aprobación como Proyecto de ley y remisión a Cortes:

– Fecha de inicio de aportaciones: 29/06/2021

– Fecha límite para la presentación de aportaciones: 19/07/2021

– Remisión de aportaciones a: gabinete.secretariogeneral@cultura.gob.es

La reforma también busca proteger el patrimonio audiovisual y cinematográfico y proteger las filmotecas como archivos que guardan bienes culturales, así como reconocer los patrimonios industrial, inmaterial, subacuático y cinematográfico y audiovisual, según señalan fuentes del Ministerio de Cultura.

Con este proyecto de ley el Gobierno adecúa la ley de 1985 que delegó las competencias a las Comunidades Autónomas «a la realidad de los bienes culturales del siglo XXI».

En el caso de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el Ejecutivo considera que «operan razones de diferente naturaleza, ya que su reforma viene impulsada por la voluntad de contar con un texto que resulte operativo».

La reforma de ambas leyes en virtud de un único texto normativo de modificación se lleva a cabo por un principio de conservación legislativa básico, como la principal de las opciones a la luz del consenso parlamentario y autonómico existente, y con la voluntad de no contribuir a una saturación normativa que genere confusión.

Así, la protección que establece la Ley estatal para los Bienes de Interés Culturales serán obligatorios para las comunidades autónomas que no pueden rebajarlos (que es lo que pretendió la Ley madrileña de 2013 y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional); y se solventan disfunciones en el traslado de un bien de interés cultural de una comunidad autónoma a otra o definir y regular qué es un paisaje cultural.

Asimismo, se regula el entorno de los monumentos, que era un «vacío de la ley vigente», así como la nueva categoría de bienes de interés mundial que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Se crea la figura de los Planes de Salvaguardia para los monumentos, a fin de evitar catástrofes como el incendio de Nôtre Dame de París y hace obligatoria la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren.

Se fija una «evaluación de Impacto Patrimonial» previa a «todos aquellos proyectos que supongan un impacto visual o perceptivo sobre los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial o pongan en peligro los valores que determinaron su inscripción». En este punto se advertirían cuestiones como los de las puertas de la Catedral de Burgos, un proyecto millonario y polémico contra el que hasta se han recogido firmas.

Igualmente, se prohíbe el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos y perfecciona el régimen de infracciones y sanciones.

La reforma también prohíbe a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Publicas, una prohibición que ya existía en los bienes muebles eclesiásticos.

Otras de las finalidades de esta nueva ley son terminar la regulación del Patrimonio Cultural Inmaterial que la ley de 2015 «dejó con tratamiento imperfecto»; dar más contenido a los planes nacionales que en 1985 estaban regulados «de manera muy ligera»; dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España; hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos; y recordar la existencia del Patrimonio Histórico Universitario, de acuerdo con la CRUE.

Con la reforma de la ley, el Gobierno asegura que los bienes culturales dispondrán de «mejores medidas» de protección y al mismo tiempo las administraciones culturales dispondrán de instrumentos «más ágiles y más eficaces» para proteger a esos bienes.

*Con información de Agencias.