CGT denuncia el riesgo de pérdida de plazas concertadas en el sector de atención social en el País Valencià

Este año se cumplen cuatro años desde la Resolución de 21 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que convocó los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en los sectores de atención a personas vulnerables y dependientes. Según ha venido denunciando el sindicato CGT, el concierto social es un mecanismo de colaboración entre la Administración y las entidades del tercer sector que externaliza servicios públicos con consecuencias como por ejemplo menos derechos laborales de las trabajadoras o la incursión de los intereses privados dentro de un servicio básico para la sociedad.

En el ámbito de la atención social a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables, encontramos dos tipos de servicios: los Centros de acogida (albergues) y las viviendas tuteladas. En cuanto a esta última categoría «las entidades que quieren acceder al proceso de acción concertada deben aportar previamente el inmueble, cumplir con los requerimiento para ser autorizado – y el equipo técnico -, mientras que la Administración financia las plazas y controla la calidad», apuntan desde CGT.

Sin embargo, según explican, la publicación del DECRETO 27/2023, de 10 de marzo, del Consejo referente al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, marcó un antes y un después, dificultando el acceso a viviendas sociales a las entidades gestoras. A esta modificación burocrática, que dificulta la elección de viviendas sociales, se añade el problema del aumento del precio de la vivienda a raíz de la especulación inmobiliaria. «Las entidades encuentran serias dificultades para alquilar nuevas viviendas que cumplan los requisitos de infraestructura establecidos en el decreto de tipologías. Además de esta dificultad, se enfrentan al aumento del precio de los alquileres, junto a una barrera más que son las reticencias de los propietarios a alquilar a las entidades».

Desde la CGT piden que la Conselleria tome las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las plazas actuales, a la vez que favorecer mecanismos para ampliarlas ante la necesidad que existe. Por otra parte, exigen que sea la propia Conselleria quien aporte las viviendas para la acción concertada; de esta forma, esta parte tan importante del sistema público valenciano de servicios sociales no se verá amenazada por la situación actual del mercado inmobiliario.

«El modelo actual ha demostrado no ser viable: supone destinar recursos públicos a pagar alquileres privados cuando podrían utilizarse para aumentar plazas y mejorar los servicios. Necesitamos unos servicios públicos fuertes que no estén al borde del colapso». Y concluyen: «Se deben garantizar a todas las ciudadanas el derecho a la atención de sus necesidades y problemáticas, y más cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad».