APDHA rechaza la forma en que el Estado español está afrontando el conflicto político-territorial con Catalunya

En vísperas de la citación del Tribunal Supremo para tomar declaración a las diez personas encarceladas por el proceso independentista de Catalunya, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) muestra su desacuerdo con “las formas en que el Estado español está afrontando el conflicto político-territorial” y exige la excarcelación inmediata de todas y todos los exconsellers que se encuentran en prisión.

La APDHA denuncia que el proceso jurídico-político que está llevando a cabo el Gobierno central responde a una “cultura jurídica inspirada en el populismo punitivo” y a un “Derecho de excepción”; es decir, a un “Derecho penal del enemigo” que acaba por “dinamitar los pocos espacios de mediación política” que pudieran resolver el conflicto.

Con respecto al tratamiento procesal, la asociación defensora de derechos humanos opina que se está haciendo un uso “demasiado amplio” de la prisión preventiva, ya que esta medida cautelar lesiona uno de los principales derechos constitucionales, como la libertad ambulatoria, y su imposición se basa en una serie de argumentos ─ riesgo de fuga, reiteración delictiva ─, que ponen en duda.

La organización también señala que, desde que comenzara el proceso independentista, les parece preocupante la “insistencia” con la que el Estado español equipara “democracia con cumplimiento de la legalidad”.  Para la organización, las ilegalidades que pudieran cometer particulares, representantes institucionales o miembros del Govern no legitiman la “vulneración de otros derechos básicos irrenunciables en un sistema democrático”.

De esta manera, apuntan cómo ese “uso perverso” de la legalidad lo hace un Gobierno que ha sido calificado por la fiscal anticorrupción como “una organización constituida para delinquir” en lo que es una de las mayores tramas de corrupción de nuestra historia contemporánea; lo hace el mismo Gobierno que ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por las “devoluciones en caliente” y hasta en ocho ocasiones por la falta de investigación en casos de malos tratos y tortura; y el mismo que encarcela a migrantes en  el centro penitenciario de Archidona.

Según la APDHA, lo que está ocurriendo es fruto de “judicializar los problemas políticos y de politizar las actuaciones jurídicas”. El auto de la jueza Carmen Lamela se vale de un extenso relato de hechos “de carácter únicamente político” para justificar los indicios de la comisión de los delitos: documentos y programas sobre la intención de activar un proceso de independencia y buscar el apoyo de la sociedad al mismo de manera pacífica.

Para la entidad, estas actuaciones no constituyen un delito de rebelión –que exige la utilización de la violencia– ni de sedición –que exige un alzamiento tumultuario–, sino que se tratan de meras manifestaciones políticas y de la oposición a las medidas adoptadas por el adversario político, en este caso, el Gobierno de España.

Por último, la organización incide en que estamos ante un problema político que debe “resolverse en este ámbito” y en el que el Derecho penal “no debería entrar”, y recalca que afrontar los problemas políticos o la política territorial del Estado a través de la política criminal no parece la mejor solución.