Redacción •  Catalunya •  23/03/2020

Comunicado del Centre Delàs d’Estudis per la Pau con motivo del estado de alarma decretado en España y la crisis del COVID-19

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia que las medidas decretadas por el Gobierno otorgan al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis, y reclama que las tareas que se le han encomendado deberían ser desempeñadas por cuerpos de protección civil. Además, recuerda los recortes que ha sufrido la sanidad pública desde el estallido de la crisis financiera de 2008; La crisis de 2008 dio alas a más políticas neoliberales de fuertes recortes y privatizaciones, con graves consecuencias para el sistema público de salud y otros pilares del estado de bienestar que son garantes de la seguridad humana. La gestión de aquella crisis ha generado en gran parte la fragilidad con la que ahora estamos enfrentando esta.

Comunicado del Centre Delàs d’Estudis per la Pau con motivo del estado de alarma decretado en España y la crisis del COVID-19

Comunicado

Ante la actual situación de emergencia causada por la pandemia del coronavirus damos todo nuestro apoyo a todas/os las/os profesionales que están luchando contra el COVID-19 y todas aquellas personas que hacen posible la continuidad de nuestras vidas. Así mismo manifestamos nuestra total oposición a cualquier respuesta securitaria y militarista a la actual situación.

La crisis del coronavirus es sin lugar a dudas una crisis de seguridad humana. Son las/os profesionales de la sanidad, así como quienes trabajan en servicios sociales básicos y en investigación, quienes pueden atajar esta emergencia y proveernos de protección y seguridad. Situaciones como esta sólo se pueden afrontar con sistemas públicos de atención y de cuidado de las personas, con una gestión basada en constataciones científicas objetivas y con estructuras que sean a la vez de coordinación global y de actuación local.

No es esta la situación en el Estado español. La crisis de 2008 dio alas a más políticas neoliberales de fuertes recortes y privatizaciones, con graves consecuencias para el sistema público de salud y otros pilares del estado de bienestar que son garantes de la seguridad humana. La gestión de aquella crisis ha generado en gran parte la fragilidad con la que ahora estamos enfrentando esta.

Las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables fueron los grandes perjudicados de aquella crisis, y debemos asegurarnos de que no vuelva a ser así.

Por su parte, el sector militar ha gozado tradicionalmente de un trato de favor en la elaboración de los presupuestos del Estado, basado en su supuesto rol como garante de nuestra seguridad. No obstante, con la crisis del COVID-19 ha quedado probado nuevamente que las capacidades militares nada pueden hacer para frenar ni confrontar las verdaderas emergencias que afectan la vida de las personas.

Si hubiéramos empleado con criterios de seguridad humana una pequeña parte de los recursos destinados a la militarización y el armamentismo durante la última década (206.745 millones de euros desde 2008), ahora sin duda contaríamos con un sistema público de salud más robusto y capaz.

Además de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros impuestos ejércitos y arsenales, queremos también denunciar que las medidas decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis. La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los 10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más bien un lavado de cara y una forma de legitimar las FAS. Por otro lado, su labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos mucho más modestos.

Por su parte, el despliegue de tropas del Ejército del Aire y de Infantería (2.600 soldados a 19 de marzo) es todavía más preocupante. La presencia de la UME y de militares armados en las calles representa una militarización de la vida pública que pudiera ser la antesala de futuras medidas represoras que debemos rechazar y condenar firmemente.

Consideramos por tanto fundamental el papel de la sociedad civil en la oposición a estas políticas.

La gestión post-crisis será igualmente relevante, pues debemos evitar, como a menudo ha ocurrido, que se normalice lo que debe tener un carácter excepcional y que se consoliden recortes en derechos y libertades y una precarización de las condiciones de vida, que afectan con mayor virulencia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esta vez debemos, por el contrario, dotar de recursos a los sectores que verdaderamente proveen de seguridad a las personas, como son sanidad, educación, empleo o investigación. La actual experiencia debe servir para hacer evidente la necesidad de luchar por un sistema que garantice derechos y libertades y unos servicios públicos universales y de calidad, con criterios de sostenibilidad ambiental, que ponga la vida en el centro y deje el afán de lucro a un lado.

Pedimos, por tanto, que ante una crisis causada por un virus que no entiende de fronteras, se tomen medidas por la salud pública y se utilicen exclusivamente mecanismos de protección civil y humanitaria, en vez de recurrir a medidas de vigilancia, control de las personas y seguridad militarizada, que son precisamente las que se emplean sistemáticamente en nuestras fronteras.

Nuestra seguridad y protección no puede seguir gestionándose con estructuras militarizadas que lo que pretenden es defender los supuestos intereses de los estados- nación y sus fronteras. Porque las grandes crisis del siglo XXI no entenderán de fronteras. Para hacer frente a una pandemia como la del COVID-19 hacen falta más recursos sanitarios, no mayor militarización. Cambiemos el paradigma de seguridad nacional por uno de seguridad humana, que será sin duda más eficaz, justo y sostenible.

Catalá

Davant l’actual situació d’emergència causada per la pandèmia del coronavirus, donem tot el nostre suport a totes/tots les/els professionals que estan lluitant contra el COVID-19 i a totes aquelles persones que fan possible la continuïtat de les nostres vides. Així mateix, manifestem la nostra total oposició a qualsevol resposta securitària i militarista a l’actual situació.

La crisi del coronavirus és, sens dubte, una crisi de seguretat humana. Són les/els professionals de la sanitat, així com de serveis socials bàsics i d’investigació, les/els qui poden resoldre aquesta emergència i proveir-nos de protecció i seguretat. Situacions com aquesta només es poden afrontar amb sistemes públics d’atenció i cures de les persones, amb una gestió basada en constatacions científiques objectives i amb estructures que siguin, a la vegada, de coordinació global i d’actuació local.

No és aquesta la situació a l’Estat espanyol. La crisi de 2008 va donar ales a més polítiques neoliberals de fortes retallades i privatitzacions, amb greus conseqüències per al sistema públic de salut i altres pilars de l’estat del benestar que són garants de la seguretat humana. La gestió d’aquella crisi ha provocat, en gran mesura, la fragilitat amb la qual estem afrontant aquesta.

Les classes treballadores i els sectors més vulnerables van ser els grans perjudicats d’aquella crisi, i cal assegurar-nos que no torni a ser així.

Per la seva banda, el sector militar ha gaudit tradicionalment d’un tracte de favor en l’elaboració dels pressupostos de l’Estat, basat en el seu suposat rol de garant de la nostra seguretat. No obstant, amb la crisi del COVID-19 ha quedat comprovat novament que les capacitats militars res poden fer per frenar ni confrontar les vertaderes emergències que afecten la vida de les persones.

Si haguéssim emprat amb criteris de seguretat humana una petita part dels recursos destinats a la militarització i l’armamentisme durant l’última dècada (206.745 milions d’euros des de 2008), sens dubte actualment disposaríem d’un sistema públic de salut més robust i eficaç.

Més enllà de l’evident pèrdua del cost d’oportunitat de finançar amb els nostres impostos exèrcits i arsenals, volem també denunciar que les mesures decretades pel Govern de l’Estat espanyol atorguen a l’exèrcit, principalment a través de la Unidad Militar de Emergencias, un paper destacat en la gestió de la crisi. L’UME només compta amb una reduïda assignació específica dins el pressupost del Ministeri de Defensa, que el 2018 va ser de 31 milions (un 0,32% dels 10.200 milions de despesa de Defensa), fet pel qual aquestes actuacions semblen més respondre a un rentat de cara i a una manera de legitimar les FF.AA. A més, la seva tasca hauria de ser duta a terme per cossos de protecció civil, que estan especialitzats en aquestes feines però que disposen de plantilles i recursos molt mes modestos.

Per la seva banda, el desplegament de tropes del Ejército del Aire y de Infantería (2.600 soldats el 19 de març) és encara més preocupant. La presència de l’UME i de militars armats als carrers representa una militarització de la vida pública que podria ser el precedent de futures mesures repressores que hem de rebutjar i condemnar fermament.

Considerem per tant fonamental el paper de la societat civil en l’oposició d’aquestes polítiques. La gestió postcrisi serà igualment rellevant, donat que hem d’evitar, com sovint ha passat, que es normalitzi allò que ha de tenir un caràcter excepcional i que es consolidin retallades de drets i llibertats i una precarització de les condicions de vida, que afecten amb major virulència els sectors més vulnerables de la nostra societat. Aquesta vegada, pel contrari, hem de dotar de recursos als sectors que veritablement proveeixen de seguretat les persones, com són la sanitat, l’educació, el treball o la investigació. L’actual experiència ha de servir per fer evident la necessitat de lluitar per un sistema que garanteixi drets i llibertats i uns serveis públics universals i de qualitat, amb criteris de sostenibilitat ambiental, que posi la vida al centre i deixi l’ànim de lucre a un costat.

Demanem, per tant, que davant una crisi provocada per un virus que no entén de fronteres, es prenguin mesures per a la salut pública i s’utilitzin exclusivament mecanismes de protecció civil i humanitària, enlloc de recórrer a mesures de vigilància, control de persones i seguretat militaritzada, que són precisament les utilitzades a les nostres fronteres.

La nostra seguretat i protecció no es poden continuar gestionant amb estructures militaritzades que el que pretenen és defensar els suposats interessos dels estats-nació i les seves fronteres. Perquè les grans crisis del segle XXI no entendran de fronteres. Per fer front a una pandèmia com la del COVID-19 calen més recursos sanitaris, no una major militarització. Canviem el paradigma de seguretat nacional per un de seguretat humana, que serà sens dubte més eficaç, just i sostenible.


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