IU rechaza la admisión de un sindicato de “trabajadoras sexuales” y exige explicaciones al gobierno

La diputada y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en materia de Igualdad, Isabel Salud, ha exigido explicaciones al Gobierno del PSOE tras el grave error cometido al admitir la creación de un sindicato de ‘trabajadoras sexuales’. En concreto, entre otras cuestiones, Salud reclama conocer a través de una iniciativa parlamentaria “¿qué responsabilidades políticas se van a exigir?” a nivel interno, tras la aprobación acordada por la Dirección General de Trabajo en este sentido y la desautorización posterior de la ministra responsable de esta cartera. También plantea “¿qué medidas tomará el Gobierno para que algo similar no vuelva a ocurrir?”.

El pasado 4 de agosto el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de 31 de julio firmada por la directora general de Trabajo, Concepción Pascual Lizana, por la que se anunciaba y admitía la constitución de un sindicato denominado ‘Organización de Trabajadoras Sexuales’ (OTRAS) al amparo de la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto de libertad sindical.

Para la parlamentaria de IU “esta autorización resulta inaceptable en una sociedad democrática y feminista que apuesta por la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres”.

Isabel Salud apostilla que dar vía libre a un grupo de esas características “choca con la aparente posición pública mantenida por el Gobierno sobre la conveniencia de apostar por la abolición de la prostitución. Sorprende que se haya autorizado una asociación que legitima la explotación sexual de las mujeres, más aún cuando la solicitud de autorización del denominado ‘sindicato de trabajadoras’ la realizó un hombre, lo que evidencia las fundadas sospechas sobre la verdadera intencionalidad de ese ‘sindicato’”.

La diputada de Izquierda Unida pide también que el Ejecutivo de Pedro Sánchez responda por escrito “¿qué criterios siguió la Dirección General de Trabajo para autorizar el denominado sindicato OTRAS?” Salud puntualiza que de la propia información que consta en la resolución publicada en el BOE “se desprende que la autorización de dicho sindicato no se realizó automáticamente, sino que los promotores de dicha entidad fueron requeridos por la Administración el 5 de julio para subsanar diversas cuestiones”.

“De ahí -critica- que el Gobierno no puede alegar tan alegremente que no tenía conocimiento efectivo del fondo de la solicitud, ni que carecía de instrumentos legales y administrativos para denegar esa misma solicitud toda vez que fue revisada al menos en dos ocasiones”.

Isabel Salud interroga también al Ejecutivo del PSOE sobre si ¿tiene previsto abolir la prostitución en nuestro país, acabando con ello con ese limbo legislativo y con la trata de mujeres y niñas con fines sexuales?” y si “en caso de tener verdadera intención en hacerlo, ¿qué actuaciones concretas promovería el Gobierno para llevarlo a cabo?”

En este sentido, Izquierda Unida registró a finales de mayo en el Congreso una proposición de ley orgánica para erradicar la prostitución en todo el Estado. La iniciativa se centra en tres acciones principales: “elevar las penas a los proxenetas hasta un máximo de cinco años, que desaparezca la imagen de las mujeres como ‘objetos sexuales’ en los medios de comunicación, además de distintas modificaciones legales para que se sancione con elevadas multas a los denominados “clientes-prostituidores”.

Salud recuerda que acabar con la prostitución es una “reclamación histórica de Izquierda Unida”, formación que ya incluyó esta propuesta como voto particular en el Pacto contra la violencia machista, que fue apoyada por mayoría. De ahí su confianza para que esta iniciativa tenga el respaldo de otros grupos parlamentarios para que pase el filtro de la toma en consideración y pueda ser debatida con tranquilidad.

“Planteamos -resume- endurecer las penas para los proxenetas entre un año y cinco años de cárcel”, tras valorar que a día de hoy el Código Penal no es muy claro sobre esta cuestión.

Se busca también “castigar al cliente-prostituidor” en vez de a las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución y que soportan “una situación de mayor vulnerabilidad. Uno de los elementos centrales para erradicar esta práctica es eliminar la demanda. Si no hay demanda, no hay prostitución, por eso debemos atacar ahí”.

El texto plantea cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana para incluir una reforma que contemple como pena “grave” recurrir a la prostitución, con multas que oscilarían entre los 600 y los 30.000 euros.