Redacción •  Actualidad •  31/01/2019

Tras ser pionera en exigir su retirada, IU dirige sendas iniciativas al Gobierno y, desde la Eurocámara, al BCE, para que digan si tomarán más medidas sobre los billetes de 500 euros

•  El coordinador federal, Alberto Garzón, plantea al Ejecutivo si tiene intención de “introducir como medida complementaria de lucha contra el fraude la elaboración de un censo de personas con billetes de 500 euros”.

•  La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López dirige un escrito al presidente del BCE, Mario Dragui, para que detalle por escrito “¿qué medidas va a tomar, en colaboración con los Estados miembros, para hacer un seguimiento a estos billetes que se vayan retirando y así poder identificar flujos de dinero provenientes de actividades de crimen organizado, corrupción y evasión fiscal?”.

Tras ser pionera en exigir su retirada, IU dirige sendas iniciativas al Gobierno y, desde la Eurocámara, al BCE, para que digan si tomarán más medidas sobre los billetes de 500 euros

Jueves, 31 de enero 2019.

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Alberto Garzón, y de su eurodiputada Paloma López ha registrado sendas iniciativas tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo para exigir nuevas medidas contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la corrupción a través de un mayor control de los billetes de 500 euros.

Izquierda Unida fue pionera hace cerca de una década, en plena crisis económica, de lanzar una serie de propuestas, rechazadas entonces por el resto de partidos, para acabar con el uso de estos polémicos billetes para evitar fines delictivos. No ha sido hasta ahora, a comienzos de 2019, cuando el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha sus medidas para finalizar la producción y distribución de esta moneda, aunque los billetes ya emitidos podrán seguir en circulación.

En esta línea, Garzón plantea al Gobierno del PSOE en la iniciativa formalizada en el Congreso si tiene intención de “introducir como medida complementaria de lucha contra el fraude la elaboración de un censo de personas con billetes de 500 euros”, tal y como ha propuesto Gestha (sindicato español de técnicos de Hacienda)

De la misma forma, el máximo responsable de IU interroga al Ejecutivo sobre si “¿ha previsto retomar las investigaciones sobre las grandes cantidades de dinero retiradas a partir de 2013 de las oficinas bancarias para evitar que prescriban los delitos fiscales?”

Paloma López, por su parte, ha dirigido desde el Parlamento Europeo un escrito al presidente de la máxima autoridad monetaria europea, Mario Dragui, para que detalle por escrito “¿qué medidas va a tomar el BCE, en colaboración con los Estados miembros, para hacer un seguimiento de los billetes de 500 euros que se vayan retirando y así poder identificar flujos de dinero provenientes de actividades de crimen organizado, corrupción y evasión fiscal?”

“¿Considera el BCE -plantea también la eurodiputada de IU- la posibilidad de retirar el carácter de moneda de curso legal a estos billetes para de esta manera obligar a que afloraran las enormes cantidades de ‘dinero negro’ que se han guardado de esa forma?”

Izquierda Unida destaca que cualquier nueva medida que se tome sobre esta cuestión “tendría un especial impacto en España”, ya que, de acuerdo a los datos a octubre de 2018, “se acumulan 15.992 millones de euros en billetes de 500 euros”. Estos billetes, pese a que no se utilizan en las transacciones comerciales habituales de los ciudadanos “han llegado a representar nada menos que el 77,4% del dinero en circulación”.

Alberto Garzón plantea también al Gobierno en su iniciativa si “¿ha previsto redistribuir los efectivos de la Agencia Tributaria (AEAT) para centrar la investigación en las empresas de mayor dimensión y en las personas que poseen grandes fortunas?”

El coordinador federal de IU completa la pregunta parlamentaria que dirige al Ejecutivo interrogando sobre si “¿cree oportuno reducir el límite para los pagos en efectivo de los 2.500 euros actuales hasta 1.000 euros, sin excepción del nuevo límite para los particulares, y reducir aún más el límite previsto para los pagos en efectivo realizados en España por no residentes desde los 15.000 euros actuales hasta los 10.000 euros para no colaborar con el blanqueo de capitales de no residentes?”


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