Redacción •  Actualidad •  30/03/2023

Enrique Santiago afirma que “estamos en contra de la gestación subrogada, de que se puedan vender y comprar los embarazos y de que se utilice el cuerpo de la mujer”

  • El portavoz parlamentario de Izquierda Unida señala a preguntas de los/as periodistas en los pasillos del Congreso sobre esta cuestión que “nuestra posición es clara” frente a los cambios de criterio y los bandazos electoralistas mostrados por distintas formaciones, especialmente desde el ámbito de la derecha.
Enrique Santiago afirma que “estamos en contra de la gestación subrogada, de que se puedan vender y comprar los embarazos y de que se utilice el cuerpo de la mujer”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado su rechazo a que se recurra a los vientres de alquiler para buscar descendencia. En respuesta a las preguntas de los/as periodistas sobre este tema en los pasillos del Congreso, Santiago recordó que “nuestra posición es clara” y detalló que “estamos en contra de la gestión subrogada, estamos en contra de que se mercantilicen los embarazos, de que se puedan vender y comprar los embarazos y que se utilice el cuerpo de la mujer”.

Izquierda Unida ha mantenido desde el primer momento la misma posición sobre esta cuestión, frente a los cambios de criterio y los bandazos electoralistas mostrados por distintas formaciones, especialmente desde el ámbito de la derecha.

Además, IU defendió expresamente durante su tramitación a través del grupo parlamentario de Unidas Podemos que en la nueva ley del aborto -en vigor desde el día 1 del actual mes de marzo- hubiera una mención concreta a que los vientres de alquiler suponen una forma específica de ‘violencia’ contra las mujeres.

La nueva norma señala que ‘estas prácticas, si bien ya resultan ilegales en España, donde la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida considera nulo el contrato por el que se convenga la gestación y expresa que la filiación será determinada por el parto, se siguen produciendo, amparándose en una regulación internacional diversa, ante lo cual se ha de reconocer normativamente esta práctica como una forma grave de violencia reproductiva, y tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución’.


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