Dos peticiones online reúnen más de 70.000 firmas cada una para exigir una auditoría de los resultados electorales del 26-J
Sendos escritos en avaaz.org y change.org reclaman una investigación independiente ante las sospechas de irregularidades en el proceso de recuento, la inexplicable diferencia con todas las encuestas, el reciente escándalo desatado con las grabaciones que afectan al titular del Ministerio del Interior -responsable último del escrutinio-, y la anulación masiva de miles de papeletas de Unidos Podemos por parte de la Junta Electoral alegando un fallo de imprenta, lo que habría beneficiado claramente a otros partidos.
Desde la petición de avaaz.org, se alerta de que el Gobierno «se saltó el concurso público» y ejecutó una adjudicación para el recuento de los votos del 26-J por «procedimiento negociado» algo «totalmente inusual en este tipo de contratos», recayendo al final en Indra, una empresa diferente a la que hizo el recuento electoral del 20-D, que ganó a través de concurso público.
Según alerta el texto, Indra, la adjudicataria, está inmersa en la trama de corrupción del Caso Púnica «con el mismo partido que suvervisa el recuento/escrutinio de las elecciones» y que otorgó dicho contrato «a dedo», cuyo titular de Interior en el Gobierno, encargado del recuento/escrutinio de los votos, «ha sido sorprendido flagrantemente utilizando las instituciones y a la Policía para destruir a rivales políticos».
Finalmente, advierten que los resultados en las elecciones «no se corresponden en absoluto con ninguna de las encuestas», algo que nunca había sucedido a esta escala en toda la historia de la democracia.
Por su parte, desde change.org, dirigida a la Junta Electoral Central también denuncian presuntas irregularidades del proceso, como la anulación de miles de papeletas de Unidos Podemos «alegando un fallo de imprenta» y en un extenso catálogo de referencias de prensa los escándalos que han afectado tanto a Indra como al Ministro del Interior en funciones.
Por eso, en ambos casos, exigen la apertura de una auditoría que permita dirimir si el procedimiento democrático se ha realizado en las condiciones debidas.
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