Catedráticos de Derecho, magistrados eméritos del TS y abogados respaldan al vicepresidente Iglesias frente al «rechazo» del CGPJ
- Una treintena de juristas entre los que se encuentran catedráticos de Derecho, profesores universitarios, magistrados eméritos del Supremo como Jordi Agustí, Fernando Salinas y José Manuel Martín Pallín y abogados como el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón han firmado un manifiesto en el que califican de “interferencia inadmisible en un Estado de Derecho”, el comunicado institucional con el que el órgano de gobierno de los jueces cargó este jueves contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por generar “dudas inaceptables” sobre la independencia judicial al criticar la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra.
- El TSJ de Madrid ha utilizado de manera dudosa la doctrina de la "masa de acoso" para justificar la condena contra Serra, que define cómo la presencia de alguien en un grupo atacante le convierte en coautor del delito, y subraya que lo sería aun si no tuviera "una actuación especialmente significativa". Esta doctrina no se refiere a delitos cometidos en manifestaciones, piquetes o actos políticos como la resistencia a un desahucio, sino a ataques de pandilleros o a peleas multitudinarias entre rivales.
El manifiesto ha visto a la luz al tiempo que la Asociación de Fiscales ha hecho público su malestar por las críticas de Iglesias, posicionándose del lado del CGPJ.
Para los firmantes del manifiesto, la nota de la Comisión Permanente del CGPJ, de la que destacan que tuvo un voto en contra, confunde la independencia judicial con la “presión corporativa contra una opinión libre”, que además consideran que se ha tergiversado “llegando a afirmar que en la misma se establecía una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, lo que resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje”.
Acusan al CGPJ de “presión corporativa contra una opinión libre”
Recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señala de forma constante que “solo está justificada la limitación de la libertad de expresión cuando las conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito”.
“Nos parece grave, muy grave, que desde el CGPJ, se efectúe una “amonestación” a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno”, añaden los juristas, señalando que Iglesias “ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible cuestionar una actuación judicial.
Cuestionan la sentencia
El fallo del TSJM “responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete”.
Los firmantes del manifiesto van más allá y llegan a señalar que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete, ajeno a los requerimientos de la epistemología y de la psicología del testimonio”,
Concluyen afirmando que “no se respeta la independencia judicial eludiendo la crítica a las decisiones de los jueces”, por lo que concluyen manifestando su “convicción democrática que impide restringir la crítica y cuestionar las resoluciones judiciales como un derecho ciudadano fundamental”.
Los Fiscales hacen público su malestar por críticas de Iglesias
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales ha hecho público su malestar por las palabras de Iglesias. En un comunicado, la asociación fiscal señala que “sin perjuicio de una defensa a ultranza de la libertad de expresión y del derecho a la crítica legítima, ponderada y fundada en Derecho” que se puede hacer de las resoluciones judiciales, “consideramos que este tipo de declaraciones públicas –que han merecido reproche incluso por el propio CGPJ- exceden con mucho de dicho ámbito”.
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales denuncia que esta situación es más llamativa al proceder de un miembro del Ejecutivo “con altas responsabilidades, y cuya actuación pone en tela de juicio desde uno de los Poderes del Estado la separación de poderes constitucionales como uno de los pilares de nuestra democracia”.
Garzón y una treintena de juristas apoyan a Iglesias
El exjuez Baltasar Garzón y una treintena de juristas, entre ellos 3 magistrados eméritos del Supremo -José Luis Martín Pallín, Fernando Salinas y Jordi Agustí-, apoyan en un manifiesto al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tras el comunicado del Poder Judicial contra sus críticas a la sentencia que condena a la dirigente de Podemos Isa Serra.
Los firmantes consideran “grave, muy grave”, que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se efectúe “una ‘amonestación’ a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno”, reproche que ven como “una interferencia inadmisible en un Estado de derecho”.
Para esta treintena de juristas, “esa nota de la comisión permanente del CGPJ -con un voto en contra- supone una interferencia inadmisible en un Estado de derecho y confunde la independencia judicial”, además de no respetar la libertad de expresión de Iglesias y tergiversar sus palabras.
Un Consejo General del Poder Judicial también cuestionado en Europa por su alto nivel de «politización»
El Consejo de Europa ha llamado la atención al Estado español en tres informes a causa de la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial. Entre ellos, de los vocales del CGPJ. La norma vigente en España establece que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a los veinte vocales de este órgano. Cada una de las Cámaras –el Congreso y el Senado– elige a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial.
El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ya criticó en enero de 2018 el incumplimiento por parte de las autoridades españolas de la recomendación realizada en 2016 en materia de nombramientos de altos cargos judiciales. En concreto, había indicado que las «autoridades políticas» no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ. La crítica no es, en absoluto, baladí, pues este grupo de jueces es el encargado, entre otros asuntos, de la elección de los principales magistrados que ocupan los altos tribunales españoles (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional…). Así, en última instancia, puede decirse que la composición de los altos tribunales es pactada de forma desde la Transición por PP y PSOE, aunque los nombramientos no se lleven a cabo de manera directa.
De hecho, en noviembre de 2017 Unidas Podemos presentó una Proposición de Ley para promover la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la finalidad de acabar con «las injerencias [de este Consejo] denunciadas por la mayoría de las asociaciones de profesionales de la justicia».
* Con información de Agencias.
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