Más de 1,25 millones de personas exigen a la Unión Europea que frene el debilitamiento de sus leyes ambientales

Más de 1,25 millones de personas han respaldado la campaña europea #HandsOffNature para exigir a las instituciones comunitarias que no debiliten la legislación que protege la naturaleza y la salud de la ciudadanía. Las 1.254.722 firmas y mensajes serán entregadas hoy en Bruselas a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en un momento en el que la Unión Europea está promoviendo profundas modificaciones de su normativa ambiental bajo los argumentos de la simplificación administrativa y la mejora de la competitividad. ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF advierten de que estas iniciativas pueden suponer uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental europea y reclaman que las instituciones escuchen a la ciudadanía antes de continuar con su tramitación.

La entrega de firmas culmina meses de movilización de organizaciones ambientales y ciudadanas de toda Europa preocupadas por el futuro de una legislación que ha permitido mejorar la protección de especies, espacios naturales, ríos y ecosistemas durante las últimas décadas. La campaña #HandsOffNature expresa el rechazo a que las dificultades administrativas o la necesidad de impulsar la actividad económica se utilicen como justificación para reducir las garantías ambientales que la Unión Europea ha construido durante más de cuarenta años.

Para las cuatro organizaciones, resulta especialmente preocupante que este proceso esté avanzando precisamente cuando la ciencia advierte del deterioro de la biodiversidad y de los efectos crecientes de la crisis climática. Las normas ambientales europeas no son un obstáculo para el bienestar y el desarrollo económico, sino que constituyen una garantía para conservar los recursos naturales de los que dependen la salud, la agricultura, el abastecimiento de agua y numerosas actividades productivas.

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife señala que «la ciudadanía europea está enviando un mensaje muy claro: no quiere que se desmantelen las leyes que protegen su patrimonio natural. Europa necesita avanzar en la conservación de la biodiversidad, no retroceder. Sabemos que muchas especies y hábitats continúan deteriorándose y que todavía no estamos aplicando adecuadamente las normas existentes. La respuesta no puede ser debilitarlas, sino cumplirlas y dotarlas de los recursos necesarios».

Simplificación y competitividad no pueden ser sinónimos de desregulación

Las organizaciones denuncian que la Comisión Europea está utilizando los paquetes legislativos conocidos como ómnibus para introducir modificaciones que van más allá de la reducción de cargas burocráticas y pueden afectar al nivel de protección del medio ambiente.

Soledad Gallego, directora de ClientEarth España y Mediterráneo señala que «simplificar los procedimientos administrativos no puede significar eliminar las garantías jurídicas que protegen la naturaleza y la salud de las personas. Las leyes ambientales europeas proporcionan seguridad jurídica, previenen daños y garantizan la participación ciudadana. Debilitarlas no hará a Europa más competitiva, sino más vulnerable y menos segura».

Uno de los ejemplos es el denominado Ómnibus ambiental, que incluye una propuesta de Reglamento para acelerar las evaluaciones ambientales. Aunque se presenta como un instrumento para agilizar la autorización de proyectos considerados estratégicos, las organizaciones advierten de que algunas de sus disposiciones pueden debilitar la evaluación de sus impactos sobre la naturaleza, reducir las oportunidades de participación pública y ampliar las posibilidades de establecer excepciones a las normas de protección de especies y hábitats.

El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 30 de septiembre su posición negociadora sobre esta propuesta, que sigue pendiente de completar su tramitación legislativa. Las organizaciones consideran especialmente preocupante que se proponga ampliar o debilitar el régimen de excepciones de las Directivas de Aves y Hábitats, actualmente sujeto a condiciones estrictas.

Paralelamente, el Ómnibus sobre alimentación y piensos plantea modificaciones de la normativa sobre productos fitosanitarios, entre ellas la ampliación de los períodos de aprobación de determinadas sustancias. Para las organizaciones ambientales, reducir la frecuencia de las reevaluaciones obligatorias puede dificultar que las decisiones regulatorias incorporen con suficiente rapidez nuevos conocimientos científicos sobre sus efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España afirma que «se está intentando presentar la protección ambiental como una carga para la economía, cuando ocurre precisamente lo contrario. Una economía competitiva necesita ríos sanos, suelos fértiles, bosques bien conservados y ecosistemas capaces de responder al cambio climático. Debilitar las normas ambientales puede facilitar determinadas actividades a corto plazo, pero también trasladar enormes costes al conjunto de la sociedad. La competitividad de Europa no puede construirse a costa de destruir su capital natural».

Las organizaciones recuerdan que las evaluaciones ambientales permiten identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los proyectos antes de su autorización. Su correcta aplicación proporciona seguridad jurídica tanto a las administraciones como a las empresas y evita conflictos que pueden traducirse en retrasos, litigios y mayores costes económicos.

De hecho, incluso sectores empresariales directamente interesados en acelerar las autorizaciones, como la industria eólica europea representada por WindEurope, han advertido de los riesgos de reabrir las directivas de Aves y Hábitats, al considerar que ello podría generar años de incertidumbre regulatoria y perjudicar tanto a la conservación de la naturaleza como al desarrollo de las energías renovables.

Europa necesita aplicar mejor sus leyes ambientales, no debilitarlas

Las organizaciones recuerdan que en las conclusiones de la prueba de resistencia (“Stress Test”) de las Directivas de Aves y Hábitats compartida por la propia Comisión Europea el pasado mes de septiembre, se reconocía la idoneidad y utilidad de estas directivas para cumplir sus objetivos, y se identificaba que el principal problema era la falta de aplicación derivada de la insuficiente capacidad administrativa, financiación, digitalización, o planificación estratégica, no el marco legal. Esta conclusión sigue siendo especialmente relevante y reclaman que cualquier cambio normativo esté respaldado por evidencias científicas, preserve el nivel de protección alcanzado y respete los derechos de información, participación pública y acceso a la justicia ambiental.

Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción declara que «estamos ante un intento de desregulación ambiental de una magnitud que no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea. Lo preocupante es que se esté haciendo en nombre de la simplificación, como si evaluar los impactos ambientales, proteger las especies o permitir que la ciudadanía participe en las decisiones fueran trabas innecesarias. Esas garantías existen para evitar daños y para asegurar que las decisiones públicas responden al interés general. Una administración más rápida no tiene por qué ser una administración que proteja menos».

Las cuatro organizaciones reconocen la necesidad de mejorar la eficacia administrativa, acortar los procedimientos innecesariamente largos y facilitar las inversiones compatibles con los objetivos ambientales de la Unión Europea. Sin embargo, consideran que estas mejoras deben alcanzarse mediante una planificación más adecuada, administraciones con suficientes medios humanos y técnicos, mayor coordinación institucional y procedimientos más claros, en lugar de reducir las exigencias de protección ambiental.

Con la entrega de las 1.254.722 firmas y mensajes, #HandsOffNature reclama a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo que escuchen a la ciudadanía y eviten que las iniciativas de simplificación se conviertan en un retroceso de la legislación ambiental. Las organizaciones insisten en que proteger la naturaleza, garantizar la salud y fortalecer la economía europea son objetivos compatibles que deben avanzar conjuntamente.